Las autoridades egipcias deben poner fin de inmediato a su campaña de intimidación y hostigamiento contra el personal sanitario en primera línea que expresa preocupación por su seguridad o critica la gestión gubernamental de la crisis de la COVID-19; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
La organización ha documentado cómo las autoridades egipcias utilizan los cargos imprecisos y excesivamente amplios de "difusión de noticias falsas" y "terrorismo" para detener y recluir arbitrariamente a personal sanitario que alza su voz, y cómo someten a estas personas a hostigamiento, amenazas y medidas administrativas punitivas.
Las autoridades han actuado contra profesionales de la salud que denunciaban condiciones laborales inseguras, escasez de equipos de protección individual (EPI), formación insuficiente en medidas de control de la infección, pruebas limitadas al personal sanitario y falta de acceso a asistencia médica vital.
Amnistía Internacional ha realizado 14 entrevistas a personal médico, familiares, representantes letrados y sindicalistas, y ha examinado documentación de apoyo, como correspondencia y mensajes de voz de cargos públicos.
“En lugar de proteger al personal sanitario que está en primera línea abordando sus legítimos motivos de preocupación por su seguridad y sus medios de vida, las autoridades egipcias están gestionando la crisis de la COVID-19 con sus habituales tácticas represivas. Al personal sanitario se le plantea una disyuntiva imposible: arriesgar su vida o ir a la cárcel si se atreve a alzar la voz”, ha declarado Philip Luther, director de Investigación e Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
Se ha criminalizado, detenido y procesado a profesionales de la salud en Egipto simplemente por atreverse a expresar su preocupación por su seguridad personal, y en algunos casos se les ha negado el acceso a una asistencia médica adecuada. A menudo las autoridades aplauden al personal sanitario llamándolo “ejército blanco” de Egipto por su valiente lucha en primera línea para proteger la salud de la población, pero al parecer esperan que lo hagan en silencio.”
Según el Sindicato Médico de Egipto, al menos 68 miembros del personal sanitario en primera línea han muerto y más de 400 han dado positivo en las pruebas desde que el brote de coronavirus estalló en Egipto a mediados de febrero. El dato no incluye al personal médico fallecido con síntomas de COVID-19, como neumonía, que no fue sometido a la prueba PCR. Tampoco incluye al personal de enfermería, odontología, farmacia, suministro, limpieza y mantenimiento, entre otros trabajadores y trabajadoras de servicios esenciales que también están en primera línea y arriesgan su vida y su bienestar para que las personas tengan acceso a asistencia médica y otros servicios esenciales.
¿Proteger su vida o su libertad?
Amnistía Internacional ha documentado los casos de ocho trabajadores y trabajadoras de la salud —seis profesionales médicos y dos farmacéuticos— detenidos arbitrariamente de marzo a junio por la tristemente célebre Agencia de Seguridad Nacional (NSA) por comentarios publicados online y en redes sociales en los que expresaban motivos de preocupación relacionados con la salud.
El 28 de marzo, la NSA detuvo a la doctora Alaa Shaaban Hamida, de 26 años, en el hospital de Alejandría donde trabaja, después de que alguien de enfermería usara su teléfono para comunicar un caso de coronavirus a la línea de emergencia del Ministerio de Salud. Según la declaración de Alaa durante la instrucción de la causa, el director del hospital universitario El Shatby de Alejandría la denunció a la NSA por saltarse su autoridad y contactar directamente con el Ministerio. Agentes de la NSA la detuvieron en el despacho del director del hospital. Alaa, que está embarazada, se encuentra actualmente en prisión preventiva por los cargos de “pertenencia a un grupo terrorista”, “difusión de noticias falsas” y “uso indebido de las redes sociales”.
El 10 de abril, agentes de seguridad detuvieron al oftalmólogo Hany Bakr, de 36 años, en su domicilio de Qaliubía, al norte de El Cairo, por un comentario en Facebook en el que criticaba al gobierno por enviar ayuda médica a Italia y China.
El 27 de mayo fue detenido otro médico por publicar un artículo en el que criticaba la respuesta del gobierno a la COVID-19 y las deficiencias estructurales del sistema de salud de Egipto. Según su familia, cuatro agentes de seguridad registraron su vivienda, confiscaron su teléfono y su ordenador portátil y le preguntaron si había asistido al entierro de Walid Yehia, quien había muerto tras contraer el virus.
El 14 de junio, el sindicato médico publicó una declaración en la que advertía de que tales detenciones generaban “frustración y miedo en el personal médico”.
El 25 de mayo, un grupo de profesionales médicos del hospital de Munira presentó su dimisión colectiva, afirmando que la falta de formación y de EPI así como "las arbitrarias decisiones [del Ministerio de Salud] en relación con [la administración de] las pruebas PCR y las medidas de aislamiento" pueden haber contribuido a la muerte de su colega Walid Yehia, médico de 32 años que contrajo el virus y estuvo más de dos días sin acceso a una cama en un hospital de cuarentena de El Cairo. Según varias fuentes, agentes de la NSA visitaron el hospital de Munira y presionaron al personal médico en huelga para que rectificara su dimisión colectiva. La investigación del Ministerio de Salud sobre la muerte del médico reconocía un "fallo administrativo" pero atribuía la responsabilidad exclusivamente al hospital.
Ya hubo detenciones por expresar motivos de preocupación relacionados con el sistema de salud antes de la COVID-19. En septiembre de 2019, cinco médicos fueron detenidos por poner en marcha la campaña "Médicos de Egipto indignados", que instaba a reformar el sistema de atención de la salud en Egipto y a evitar que continuara la fuga de cerebros. Aunque cuatro de los médicos quedaron posteriormente en libertad, el dentista Ahmad al Daydamouny aún está encarcelado por sus opiniones expresadas en Internet acerca de la precariedad de sus salarios y condiciones laborales, y de las deficiencias de los centros médicos.
Amenazas contra la seguridad y administrativas
Amnistía Internacional también ha hablado con siete médicos que fueron testigos de amenazas contra la seguridad y administrativas contra colegas del personal sanitario por quejarse en redes sociales o pedir al Ministerio de Salud que proporcione al personal sanitario equipos de protección, pruebas PCR, formación y acceso a asistencia médica en caso de contraer el virus.
Una fuente del sindicato médico confirmó que el personal médico está siendo objeto de amenazas e interrogatorios de la NSA, interrogatorios administrativos y sanciones. Dijo: “Estamos recibiendo múltiples denuncias en ese sentido, mientras que otros muchos prefieren pagar de su bolsillo el equipo de protección individual para evitar este agotador tira y afloja. Están obligando al personal médico a elegir entre la muerte y la cárcel”. La NSA está representada en los "comités de crisis de la COVID-19" establecidos por todo el país, lo que confirma que el gobierno ha adoptado un enfoque basado en la seguridad para hacer frente a una crisis de salud pública.
Algunos profesionales de la salud han expresado preocupación por su seguridad. Personal médico entrevistado por Amnistía compartió con la organización varios mensajes de voz amenazadores que habían recibido de autoridades sanitarias de distrito o personal directivo hospitalario. En estos mensajes de voz se amenaza claramente al personal médico que no se presente en su puesto de trabajo con ser denunciado a la NSA, lo que podría dar lugar a su procesamiento, o con medidas que podrían acarrear deducciones salariales. En uno de estos mensajes, un médico que se negaba a trabajar (por falta de condiciones laborales seguras) era descrito como "soldado traidor" que merecía "la más dura sanción”.
En una carta que ha visto Amnistía Internacional, firmada por el gobernador de Sinaí del Norte, este advierte: "El personal médico o de enfermería que se niegue a desempeñar su trabajo o se ausente de su puesto será citado por la NSA.”
Según contaron fuentes del sindicato médico a Amnistía Internacional, personal sanitario que había expresado quejas ha sido trasladado a hospitales de aislamiento con personas en cuarentena que han contraído COVID-19, o a hospitales de otras gobernaciones. Ha ocurrido especialmente con profesionales médicos que tienen problemas de salud preexistentes o que por ser mayores corren especial riesgo.
Por ejemplo, un médico del Hospital Central de Deyerb Negm, después de publicar un vídeo en el que solicitaba equipos de protección individual, fue remitido al comité jurídico del Ministerio de Salud por el delegado del Ministerio en la Gobernación Oriental (Sharqia) para ser interrogado, y trasladado a otro hospital como medida de castigo.
El personal farmacéutico también ha sufrido hostigamiento y abusos por criticar a las autoridades. El 9 de mayo, en respuesta a una denuncia de ocho trabajadoras farmacéuticas en relación con la inseguridad de sus condiciones de trabajo en el Instituto Nacional de Medicina de Damanhur, el director del centro las trasladó a otras gobernaciones alejadas de sus casas y sus familias.
“Amnistía Internacional pide a las autoridades egipcias que pongan fin de inmediato a su campaña de intimidación y hostigamiento contra el personal sanitario que alza su voz. No sólo contribuye a socavar la libertad de expresión en el país; también menoscaba los esfuerzos de quienes están haciendo frente a la crisis de salud y pone otras vidas en peligro”, ha dicho Philip Luther.
