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Un año después del juicio mediático masivo, los opositores al gobierno se consumen en prisión

Presos de conciencia detenidos en los Emiratos Árabes Unidos, tras un juicio manifiestamente injusto hace un año.

Al parecer, nueve de las personas encarceladas hace un año tras un juicio manifiestamente injusto por criticar pacíficamente al gobierno están sufriendo malos tratos en una cárcel de Abu Dabi; así lo ha afirmado Amnistía Internacional, y ha pedido su liberación inmediata e incondicional.

“La única razón por la que estas nueve personas están en prisión es que se atrevieron a pedir una reforma democrática pacífica, lo que aparentemente está prohibido en Emiratos Árabes Unidos. Son presos de conciencia y deben quedar en libertad de inmediato y sin condiciones”, ha dicho Said Boumedouha, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.


“Los líderes mundiales no deben anteponer intereses comerciales a los derechos humanos, haciendo caso omiso de las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en Emiratos Árabes Unidos. Deben ejercer su influencia ante las autoridades para garantizar que todos los presos de conciencia son liberados y que se respeta su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.”


El grupo de nueve hombres está formado por abogados de derechos humanos, profesores, estudiantes, un juez y otras personalidades de los Emiratos Árabes Unidos. El 2 de julio de 2013 fueron declarados culpables de “fundar una organización con ánimo de derrocar al gobierno” en una serie de juicios colectivos celebrados en Abu Dabi contra personas que habían criticado al gobierno.

Un total de 94 activistas fueron juzgados por el Tribunal Supremo Federal en una actuación sin precedentes que fue el desencadenante de una sucesión de juicios manifiestamente injustos. En el proceso (que ya se conoce popularmente como el juicio de “los 94 emiratíes”), 69 acusados fueron finalmente condenados –8 in absentia– a penas de entre 7 y 15 años de cárcel.

Meses más tarde, en un segundo juicio masivo, se dictaron sentencias adicionales contra 10 ciudadanos emiratíes que habían sido condenados en el juicio inicial.

Estos juicios fueron manifiestamente injustos: los jueces admitieron como pruebas “confesiones” presuntamente obtenidas mediante tortura, no se permitió a los acusados acceder a representación letrada y algunos denunciaron que su firma había sido falsificada en los documentos de “confesión”.

Durante las actuaciones judiciales, los acusados describieron graves palizas y prácticas como suspender a los detenidos boca abajo, arrancarles la barba, el pelo del pecho y las uñas, exponerlos día y noche a una iluminación intensa y continua, amenazarlos con descargas eléctricas, violación y muerte, y someterlos a aislamiento y privación del sueño durante largos periodos.

El tribunal hizo caso omiso de sus acusaciones y no ordenó que se investigaran las denuncias de tortura y otros malos tratos.

Debido a que los juicios se han celebrado ante el Tribunal Supremo Federal, ninguno de los acusados tiene derecho a recurrir contra su sentencia, lo que supone un grave incumplimiento de las obligaciones contraídas por Emiratos Árabes Unidos en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

El 23 de junio de 2014, nueve ciudadanos extranjeros fueron declarados culpables tras un tercer juicio colectivo por cargos de terrorismo y delincuencia informática. Como en los anteriores, los acusados se quejaron de haber sufrido malos tratos durante su reclusión preventiva en régimen de incomunicación.

Al día siguiente, 24 de junio, comenzó un cuarto juicio colectivo contra 17 personas. Apenas se dispone de información sobre este juicio en esta etapa pero, dado el reciente historial del país, a Amnistía Internacional le preocupa que se reproduzca en este proceso el mismo patrón de violaciones que enturbió los juicios colectivos anteriores.

“Ha llegado la hora de que Emiratos Árabes Unidos combine su entusiasmo por el desarrollo económico con el progreso en materia de derechos humanos. Liberar a los críticos pacíficos del gobierno encausados en el juicio de “los 94 emiratíes” e investigar todas las denuncias de tortura y otros malos tratos en prisión sería un primer paso importante”, ha dicho Said Boumedouha.


Información complementaria

Los nueve presos de conciencia son: Mohammed al Roken, catedrático de derecho constitucional y destacado abogado de derechos humanos;Mohammed al Mansoori, destacado abogado de derechos humanos; Saleh Mohammed al Dhufairi, ex profesor; Hussain Ali al Najjar al Hammadi, profesor; Ahmed al Zaabi, profesor universitario y ex juez; Sheikh Sultan Kayed Mohammed Al-Qassimi, fundador de la Universidad de Ittihad;Khalifa al Nuaimi y Abdulla al Hajri, estudiantes universitarios, y Ali Hussain al Hammadi.

En noviembre de 2013, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria emitió su opinión, según la cual las 61 personas encarceladas habían sido detenidas y recluidas por ejercer su derecho a la libertad de opinión y expresión y a la libertad de reunión y asociación pacíficas.

El Grupo de Trabajo señaló que los tribunales emiratíes no eran independientes del poder ejecutivo y que se había privado a los acusados del derecho a un juicio justo. Confirmó el carácter arbitrario de la detención y reclusión de las 61 personas y pidió al gobierno de Emiratos Árabes Unidos que las pusiera en libertad y les proporcionara una reparación adecuada.

El 5 de febrero de 2014, tras una visita al país, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Gabriela Knaul, expresó su preocupación por el hecho de que el poder judicial seguía sometido de hecho al control del poder ejecutivo en Emiratos Árabes Unidos.  

La relatora recomendó al gobierno emiratí, entre otras cosas, revisar la legislación para garantizar el derecho de apelación en las causas que se están viendo actualmente en primera instancia ante la Sala de Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Federal, establecer una comisión independiente que investigue todas las denuncias de tortura y otros malos tratos a detenidos, y ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus Protocolos Facultativos, así como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.