Desde la madrugada del 25 de octubre, en la capital de Sudán, Jartum, agentes de seguridad detuvieron al menos a 30 dirigentes políticos civiles, entre ellos 6 miembros del Consejo de Ministros. Ese mismo día, el ejército detuvo al primer ministro, Abdalla Hamdok, a quien puso bajo arresto domiciliario dos días después. Cualquier persona que quiera verlo mientras esté bajo arresto domiciliario debe pedir autorización de las fuerzas armadas. A mediodía, el teniente general Abdel Fattah al Burhan, presidente del Consejo Soberano —órgano colegiado de presidencia en el que hay dirigentes civiles y militares— anunció a los medios de comunicación la declaración del estado de excepción en todo el país y la disolución del Consejo de Ministros y del Consejo Soberano.
“En las dos últimas semanas, las fuerzas armadas han recurrido a sus trilladas y brutales tácticas, socavando los avances, pequeños pero importantes, en materia de derechos y libertades por los que vienen luchando sudaneses y sudanesas de toda condición”, dijo Mohamed Osman, investigador de Human Rights Watch sobre Sudán. “Las fuerzas armadas deben dejar en libertad inmediata a todas las personas detenidas arbitrariamente en las últimas dos semanas y poner fin a todas las detenciones ilegales, incluidas las desapariciones forzadas, a manos de los militares”.
Además de las detenciones arbitrarias, las fuerzas de seguridad sudanesas han empleado duras medidas para reprimir las protestas pacíficas contra el golpe militar. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado el uso injustificado de medios letales por las autoridades de seguridad en sus esfuerzos para contrarrestar las numerosas protestas que han estallado en Jartum. Según el Comité Central de Médicos de Sudán, al menos 14 personas han muerto debido al uso de munición real en Jartum desde el 25 de octubre.
El Centro Africano de Estudios de Justicia y Paz, grupo sudanés de derechos humanos, informó de que, entre el 25 y el 27 de octubre, las autoridades de seguridad habían detenido a más de 30 personas, entre las que había ministros, asesores del primer ministro y periodistas. Entrevistas con familiares y otras investigaciones que han llevado a cabo Amnistía Internacional y Human Rights Watch confirman que al menos 8 de las 30 personas detenidas cuyos casos se incluyen en la declaración del Centro están recluidas en lugares no revelados, sin acceso a su familia ni a asesoramiento jurídico, en circunstancias que podrían constituir desaparición forzada. El teniente general Abdel Fattah al Burhan, jefe del ejército, dijo el 26 de octubre que algunas personas detenidas podrían enfrentarse a cargos penales, aunque hasta el momento no se ha anunciado ninguno.
Desde el 25 de octubre, Internet y las telecomunicaciones han sufrido reiteradas interrupciones, lo que limita el acceso de la ciudadanía a información puntual y precisa, su capacidad para expresar opiniones políticas, y la información sobre cuestiones relacionadas a los derechos, como detenciones, especialmente fuera de Jartum.
Una de las personas detenidas arbitrariamente es el ministro de Asuntos del Gabinete Khalid Omar Youssef, detenido por un grupo de agentes de seguridad delante de su familia en un asalto a su domicilio la madrugada del 25 de octubre, según dijeron miembros de la familia.
Un familiar próximo que había hablado con otros miembros de la familia que estaban presentes durante el asalto dijo: “Un grupo de agentes armados y vestidos de civil llegó a su casa a las 3.30 de la madrugada y empezó a disparar tiros al aire; luego entró violentamente, dejando aterradas a sus hijas de corta edad […] Khalid fue rodeado y arrastrado al exterior, descalzo y en ropa de dormir. Ni siquiera le permitieron cambiarse ni llevarse ropa”.
El familiar de Youssef dijo que no tenían información de su paradero y que les preocupaba que las autoridades formulasen cargos falsos contra él.
Mohamed al Faki Sulieman, miembro civil y portavoz del Consejo Soberano, fue uno de los primeros altos cargos detenidos. Al Faki era también el director suplente del Comité para el Desmantelamiento del Régimen Anterior, organismo gubernamental encargado de abordar los casos de malversación y la corrupción del gobierno derrocado que fue disuelto inmediatamente después del golpe militar. En las semanas previas, Al Faki había criticado públicamente a las fuerzas armadas, a las que culpaba de retrasar reformas clave y de instigar tensiones políticas. Un familiar dijo que el 25 de octubre, Al Faki estaba solo y en aislamiento en su residencia tras haber dado positivo en COVID-19 dos días antes. “Cuando oímos la noticia que estaban deteniendo a altos cargos, su esposa, que no estaba en la residencia en ese momento, intentó llamarlo sin lograr comunicar con él”, dijo el familiar. “Más tarde supimos por medio de algunas personas que lo habían presenciado, que lo habían detenido elementos armados de las Fuerzas Armadas sudanesas. No sabemos dónde está ni si se llevó la medicación que necesita, pues padece del corazón, entre otras enfermedades crónicas. Su familia está muy preocupada porque los líderes militares tienen un historial problemático en lo que se refiere a respetar derechos. Queremos saber dónde está y comprobar que está bien”.
La familia de Yasir Arman, asesor político del primer ministro, dio a conocer una declaración pública en la que manifestó que había sido detenido violentamente junto con su hermano el 25 de octubre. Según esta declaración, 18 soldados uniformados irrumpieron en su domicilio al amanecer, rompieron las cámaras de seguridad y saquearon la casa, dejando su dormitorio “totalmente revuelto”.
Wagdi Salih, abogado y otra figura destacada del Comité para el Desmantelamiento del Régimen Anterior, fue detenido también el 25 de octubre. Un familiar autorizado a hablar en nombre de su familia dijo que, hacia las 4 de la madrugada, unos 20 hombres armados vestidos de civil irrumpieron en el domicilio de Salih y lo sacaron por la fuerza de su dormitorio mientras retenían a punta de pistola a los guardias que estaban en la casa y esposaban a su hijo.
La familia supo a través de las redes sociales que Salih y otras personas fueron llevados a la unidad de investigación de la policía federal en Bahri, en Jartum Norte, y acudieron a preguntar por él. Sin embargo, la policía dijo que no estaba bajo su custodia y la fiscalía tampoco pudo ofrecer información sobre el paradero de Salih.
En virtud del derecho internacional, el hecho de que una persona sea detenida por fuerzas del Estado y su detención no sea reconocida o de que se oculte su paradero, poniéndola fuera de la protección de la ley, constituye desaparición forzada. Las desapariciones forzadas están prohibidas en todas las circunstancias.
Las detenciones por las fuerzas armadas han continuado. El 26 de octubre, hacia las 7 de la tarde, agentes de seguridad vestidos de civil detuvieron en su despacho a Ismail al Taj, destacado abogado y miembro de la Asociación de Profesionales de Sudán. “No hemos tenido ningún contacto de ningún tipo con él desde la detención”, dijo su hijo. “Queremos que lo pongan en libertad. ¿Qué derecho tienen de detenerlo? ¿Con qué cargos?”
El 4 de noviembre, los militares pusieron en libertad a cuatro ministros —el de Telecomunicaciones y el de Información entre ellos—que habían estado 10 días en detención arbitraria. Sin embargo, según informes, hacia las 7 de la tarde de ese mismo día, las fuerzas armadas detuvieron al secretario político del Partido del Congreso Sudanés, Shareef Osman; a su segundo, Hamzah Farouq; y al relator del Comité para el Desmantelamiento del Régimen Anterior, Taha Osman, tras salir de una reunión en las oficinas de la Misión Integrada de Asistencia para la Transición en Sudán, de la ONU, que posteriormente condenó las detenciones.
“No sabemos quién se los llevó”, dijo un miembro de la familia próxima de Osman. “No hay testigos de su detención. “Necesitamos saber dónde están para llevar los medicamentos que (Osman) necesita para las numerosas enfermedades que padece”. Las fuerzas armadas de Sudán, incluidas las Fuerzas de Apoyo Rápido, carecen de autoridad legal para detener a civiles y para desempeñar funciones de aplicación de la ley, por lo que las detenciones de civiles son arbitrarias e ilegítimas. El 21 de enero, el ex fiscal general emitió una orden en la que limitaba las facultades para detener y recluir a civiles a la policía y la fiscalía, dejando claro que cualquier detención practicada por otras fuerzas se considera ilegítima.
El pueblo sudanés tiene los derechos de protestar pacíficamente, a la libertad y a la seguridad, a un juicio justo y muchos más que las fuerzas armadas no pueden socavar.”
Sarah Jackson, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos
Pese a los llamamientos regionales e internacionales al ejército para que cese la represión, continúan los abusos. El 7 de noviembre, las fuerzas de seguridad, entre las que había policías y militares, dispersaron violentamente una sentada convocada por la asociación de enseñantes en el norte de Jartum. Según un abogado que sigue los casos, alrededor de 100 maestros y maestras y otras personas que protestaban fueron llevados al cuartel del mando militar central en Jartum. Algunas fueron puestas en libertad al día siguiente, pero otras siguen detenidas sin acceso a un abogado y aún no han sido acusadas formalmente de un delito.
“El pueblo sudanés tiene los derechos de protestar pacíficamente, a la libertad y a la seguridad, a un juicio justo y muchos más que las fuerzas armadas no pueden socavar —concluyó Sarah Jackson, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos—. Las violaciones de derechos a manos de las fuerzas armadas deben recibir una respuesta contundente, coordinada y conjunta, regional e internacional.”
