Periodistas, activistas y blogueros/as de Nigeria sufren cada vez más actos de intimidación y hostigamiento, y en algunos casos agresiones y detención arbitraria, a manos de las autoridades nigerianas sólo por hacer su trabajo o expresar opiniones disidentes; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
Al menos 19 periodistas han sufrido reiteradas detenciones este año, según ha revelado la organización al presentar su documento Endangered Voices, relativo a la situación de la libertad de expresión y los medios de comunicación en Nigeria.
“Cada vez más, recibir y difundir información tiene peligrosas consecuencias en cuanto a su coste en derechos humanos para periodistas, activistas y blogueros/as, que obligan a estas personas a trabajar en un clima de miedo”, ha manifestado Osai Ojigho, directora de Amnistía Internacional Nigeria.
“Periodistas, activistas y blogueros/as corren riesgos cada vez mayores sólo por publicar artículos y exigir rendición de cuentas de las autoridades. Es totalmente inaceptable. Las autoridades deben poner fin de inmediato a esta hostilidad hacia los derechos humanos.”
Amnistía Internacional ha examinado los casos de periodistas que han sufrido intimidación, amenazas o detención en los últimos cinco años. La investigación de la organización revela una alarmante escalada de los ataques y amenazas de las autoridades contra periodistas de Nigeria que expresan opiniones críticas sobre el gobierno, tanto en medios de comunicación convencionales como en redes sociales.
En algunos casos, las fuerzas de seguridad intimidaron y acosaron a periodistas que habían formulado preguntas indagatorias o expresado opiniones críticas sobre políticas gubernamentales. En varios estados, las autoridades utilizaron los servicios de seguridad para hostigar, intimidar y actuar contra blogueros/as y para silenciar opiniones discrepantes.
Hostigamiento y detenciones arbitrarias
La represión creciente del derecho a la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación es ejercida principalmente por la policía y el ejército nigerianos, así como por funcionarios del Departamento de Servicios del Estado, la policía secreta de Nigeria.
Periodistas, activistas y blogueros/as sufren intimidación, acoso o detención arbitraria cuando intentan acceder a información o compartirla, o expresar opiniones críticas que puedan dirigir particularmente la atención de la opinión pública hacia asuntos como la seguridad nacional, las elecciones o la corrupción de alto nivel.
El 23 de julio de 2016, Abiri Jones, editor de Weekly Source, fue detenido por miembros del Departamento de Servicios del Estado y recluido en régimen de incomunicación sin acceso a familiares ni abogados durante dos años. Quedó en libertad el 15 de agosto de 2018 y fue detenido nuevamente el 20 de mayo de 2019 para ser juzgado por cargos de terrorismo y delito informático.
En octubre de 2018, Ja’afar Ja’afar, editor del periódico online Daily Nigerian, recibió varias amenazas de muerte contra él y su familia tras publicar vídeos de un gobernador en funciones recibiendo presuntamente un soborno.
Kofi Bartels, periodista radiofónico que trabaja para Nigeria Info 92.3 FM, emisora de radio con sede en Port Harcourt, fue asaltado el 4 de junio de 2019 por agentes de policía de la Unidad Especial Antirrobos (SARS) y posteriormente detenido, puesto bajo custodia y torturado por intentar grabar a la policía golpeando a un adolescente en Port Harcourt.
Funcionarios de la Agencia de Protección Medioambiental y Tratamiento de Residuos en el estado de Akwa Ibom agredieron a la periodista Mary Ekere, del periódico The Post con sede en ese estado, por haberlos grabado golpeando a vendedores ambulantes. Además, le requisaron el teléfono móvil y la detuvieron.
A Saifullah Mika'ilu lo detuvieron hace dos años como sospechoso de publicar en Facebook una fotografía del gobernador del estado de Katsina vestido de mujer. Aunque negó ser el autor de la publicación, los agentes de la SARS lo mantuvieron cinco días bajo custodia. Fue torturado durante el interrogatorio y obligado a admitir un delito que no había cometido.
Registros y demoliciones
La primera semana de 2019, las fuerzas de seguridad practicaron registros en las sedes del periódico Daily Trust en Abuja y Maiduguri, en los que detuvieron a dos periodistas y confiscaron ordenadores y teléfonos móviles.
En los últimos dos años se ha suspendido la actividad de dos emisoras de radio críticas con el gobierno. Autoridades estatales demolieron las instalaciones de Breeze FM, en Lafiya (estado de Nasarawa), y de Fresh FM, en Ibadan (estado de Oyo), supuestamente por incumplimiento de la normativa sobre administración de tierras. Ambas emisoras habían sido acosadas anteriormente por las autoridades y eran objetivos de una campaña selectiva dirigida a silenciar voces disidentes.
“Las autoridades nigerianas dicen defender el derecho a la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación mientras intimidan y acosan a periodistas y organizaciones mediáticas. Esto tiene que acabar; el gobierno debe respetar, proteger, promover y hacer realidad el derecho de las personas a compartir información y poner fin al clima de miedo y represión que impera en todo el país”, ha dicho Osai Ojigho.
Las autoridades nigerianas tienen la obligación, jurídicamente vinculante, de respetar, proteger, promover y realizar el derecho a la libertad de información y de expresión, la libertad de los medios de comunicación y la libertad personal de todas las personas.
