Las autoridades nigerianas no han puesto a disposición de la justicia a los presuntos responsables de la brutal represión llevada a cabo por fuerzas de seguridad contra manifestantes pacíficos del movimiento #EndSARS en el área de peaje de Lekki y en Alausa (Lagos) en octubre de 2020, y han intentado con absoluto descaro encubrir la violencia, ha afirmado Amnistía Internacional Nigeria hoy, 100 días después de los ataques.
Desde que se perpetró la agresión de las fuerzas de seguridad, en la que murieron al menos 12 personas, las autoridades nigerianas han actuado contra simpatizantes de las protestas contra la violencia policial perpetrada por la disuelta Unidad Especial Antirrobos (SARS). Se han congelado las cuentas bancarias de algunos simpatizantes del movimiento.
“Los sangrientos sucesos del 20 de octubre de 2020, cuando las fuerzas de seguridad nigerianas mataron al menos a 12 personas durante la dispersión violenta de manifestantes pacíficos del movimiento #EndSARS en Lekki y Alausa, arrojan una sombra sobre la sociedad nigeriana que perdura en la actualidad”, ha afirmado Osai Ojigho, directora de Amnistía Internacional Nigeria.
“En lugar de poner a los presuntos autores a disposición de la justicia y dar prioridad a reformas policiales auténticas, las autoridades nigerianas abusan de sus poderes al someter a quienes apoyaron las protestas a intimidación, hostigamiento y campañas difamatorias.”
Informaciones procedentes de todo el país indican que la violencia policial sigue siendo una práctica muy extendida en Nigeria a pesar de las promesas de cambio formuladas por el gobierno.
Amnistía Internacional considera motivo de preocupación el hecho de que las autoridades nigerianas mantengan la actual prohibición de las protestas, y recuerda al gobierno su obligación, en virtud de la Constitución nigeriana de 1999 (enmendada) y de los tratados internacionales de derechos humanos en los que el país es Estado parte, de permitir a quienes se congregan pacíficamente expresar sus opiniones sin temor a ser objeto de detención o intimidación.
El derecho internacional de los derechos humanos exige también que las autoridades nigerianas lleven a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre las violaciones de derechos humanos de las personas que se manifiestan, incluido el derecho a la vida, como las cometidas en Lekki y Alausa, así como en otras zonas del país, y que identifiquen y pongan a los presuntos autores a disposición de la justicia en juicios con las debidas garantías.
“Los presuntos responsables de los homicidios deben comparecer ante la justicia de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos”, ha afirmado Osai Ojigho.
Amnistía Internacional pide al gobierno de Nigeria que suspenda de empleo a los agentes acusados, en espera del resultado de las investigaciones, y que garantice el acceso de las víctimas a justicia y recursos efectivos.
Información complementaria
El gobierno de Nigeria ha establecido una comisión investigadora en Lagos para investigar las denuncias contra la Unidad Especial Antirrobos (SARS) y los incidentes de Lekki y Alausa el 20 de octubre de 2020. Sin embargo, las autoridades gubernamentales y las fuerzas armadas siguen negando que hubiera muertes durante las protestas, y reiterando al mismo tiempo su determinación de castigar a los líderes del movimiento #EndSARS contra la violencia policial.
Investigaciones de Amnistía Internacional indican que desde la dispersión violenta de las protestas de #EndSARS, se ha detenido, torturado y congelado las cuentas bancarias a varios líderes del movimiento. Muchos han huido al exilio.
