La permanencia de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua perpetuaría la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos bajo su mando, dijo Amnistía Internacional hoy ante el anuncio de su candidatura en las próximas elecciones presidenciales.
Las elecciones, programadas para el 7 de noviembre, tendrán lugar mientras el país atraviesa una grave crisis de derechos humanos, que se iniciara en abril de 2018 y que se ha profundizado en los últimos meses.
“Mientras se anuncia la candidatura de Daniel Ortega, miles de víctimas de violaciones a derechos humanos siguen esperando justicia por los crímenes cometidos por las autoridades nicaragüenses bajo su gobierno”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Mantener las estructuras que han asegurado la impunidad no puede ser la base para la construcción del futuro del país. Para salir de la crisis se necesita que las violaciones a los derechos humanos se detengan, que los señalados como sospechosos sean investigados con imparcialidad y prontamente y que las víctimas obtengan justicia, verdad y reparación”.
Durante la crisis de derechos humanos el gobierno de Ortega, quien actualmente ostenta su tercer mandato presidencial consecutivo, ha echado mano de los órganos judicial y legislativo para implementar tácticas represivas. Esto, en parte, ha permitido la construcción de un sistema que garantiza la impunidad y que individuos acusados de cometer crímenes del derecho internacional eviten comparecer ante la justicia y, en cambio, intenten obtener cargos de poder.
En el 2018, el informe de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua determinó que las autoridades nicaragüenses cometieron crímenes de lesa humanidad. Asimismo, señaló que existen elementos que llevan a pensar que los crímenes cometidos fueron tolerados, alentados u ordenados por las máximas autoridades, incluyendo al presidente del país, quien además ejerce como Jefe Supremo de la Policía Nacional, rango más alto del mando institucional. Además, el informe señaló que estos hechos fueron realizados en el contexto de un plan definido desde las más altas esferas del gobierno.
De acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, si existe una sospecha fundada del involucramiento de funcionarios públicos —en particular los que pertenezcan a los sectores militar, de seguridad, policial, de inteligencia y judicial— en crímenes del derecho internacional o graves violaciones de derechos humanos, no deberían continuar al servicio de las instituciones estatales, hasta tanto concluyan las investigaciones en su contra.
“Actualmente ninguna persona acusada de cometer crímenes del derecho internacional está siendo investigada. Al contrario, Daniel Ortega se erige nuevamente como candidato a la presidencia, en cuyo cargo será inmune a cualquier investigación en su contra,” dijo Erika Guevara Rosas.
“Cualquier Estado que tenga bajo su jurisdicción una persona acusada de estos graves hechos, debe hacerla comparecer ante la justicia. La comunidad internacional no puede quedarse cruzada de brazos si algún individuo sospechoso de la comisión de estos crímenes está en su territorio”.
El camino a las elecciones nicaragüenses se ha caracterizado por la comisión de violaciones a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión y asociación, y reiterados obstáculos al ejercicio de derechos políticos. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha señalado que la libertad de expresión, la de reunión y la de asociación son condiciones esenciales para el ejercicio efectivo del derecho de voto y, por ende, deben protegerse plenamente. Sin embargo, en Nicaragua el ejercicio de estos derechos es parte de una realidad inalcanzable.
En los últimos meses, el gobierno de Daniel Ortega detuvo a una veintena de personas, incluyendo seis aspirantes a la presidencia, líderes estudiantiles, activistas políticos, representantes campesinos y figuras públicas de la vida política del país; quienes se suman a las más de 100 personas que fueron detenidas en el contexto de las protestas que iniciaron en abril de 2018 y que continúan encarceladas.
Con estos hechos queda claro que el camino hacia las elecciones estará plagado de acciones represivas implementadas para imposibilitar que la población pueda ejercer sus derechos políticos sin temor a represalias. La detención de aspirantes a la presidencia también podría constituir una afrenta al ejercicio de los derechos políticos de la población.
Asimismo, continua el hostigamiento de agentes estatales a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación. Como consecuencia, organizaciones locales reportan que más defensores de derechos humanos y trabajadores de medios de comunicación se han visto obligados a salir del país para resguardar su libertad e integridad, sumándose a las más de 100.000 personas que ya tuvieron que salir del país para proteger su vida.
Los próximos comicios constituyen una oportunidad para enfrentar el legado de impunidad e iniciar un proceso donde el pueblo nicaragüense pueda tener acceso a la justicia, la verdad y la reparación. Sin embargo, esto podría estar en riesgo si quienes lideran el nuevo gobierno se convierte en el mayor obstáculo para restauración de un país donde los derechos humanos sean una realidad.
