Un año después de que la activista marroquí Wafae Charaf fuera condenada a dos años de prisión en apelación, 202.168 miembros, simpatizantes y activistas de Amnistía Internacional de 150 países (más de 34.000 en España) piden su libertad inmediata e incondicional, así como la del activista Oussama Housne. Amnistía Internacional los considera presos de conciencia. Wafae Charaf, de 28 años, denunció que unos desconocidos la secuestraron y maltrataron tras asistir a una protesta de trabajadores celebrada en Tánger el 27 de abril de 2014. Dijo que los hombres la golpearon y la amenazaron con más violencia si no abandonaba el activismo. Presentó una denuncia ante las autoridades judiciales, que abrieron una investigación sobre la agresión, pero antes de que concluyera, fue detenida y acusada de denuncia falsa de delitos y de difamación. El 12 de agosto de 2014, un tribunal de Tánger la condenó a un año de prisión por denuncia falsa de delitos, falso testimonio y difamación, y ordenó que tanto ella como otro procesado en la misma causa pagaran 50.000 dírhams marroquíes (unos 6.000 dólares estadounidenses) como indemnización a la policía marroquí, a pesar de que Wafae no la había acusado. La condena se aumentó a dos años en apelación el 21 de octubre de 2014. Oussama Housne, de 23 años, denunció que el 2 de mayo de 2014, unos desconocidos le secuestraron y torturaron cuando se marchaba de una protesta en solidaridad con los activistas detenidos del movimiento 20 de Febrero en Casablanca. Dijo que los hombres le quemaron con una barra metálica y le violaron con los dedos. Otro activista grabó su denuncia en un vídeo que subió a YouTube, lo que impulsó a las autoridades judiciales a abrir una investigación. Ésta concluyó que no lo habían torturado y Oussama fue acusado de denuncia falsa y de difamación. El 23 de julio de 2014, un tribunal de Casablanca lo condenó a tres años de prisión por difamación y denuncia falsa de delitos, y le ordenó pagar 100.000 dírhams marroquíes (aproximadamente 12.000 dólares estadounidenses) como indemnización a la policía marroquí, a pesar de que en sus declaraciones en YouTube hizo referencia únicamente a unos agresores desconocidos. La condena fue confirmada en apelación en marzo de 2015. Estos casos no son casos aislados. Varias personas más que han denunciado torturas o presentado denuncias ante los tribunales marroquíes y extranjeros han sido objeto de contradenuncias por "denuncia falsa" y "difamación", como subraya Amnistía Internacional en su informe titulado La sombra de la impunidad: tortura en Marruecos y Sáhara Occidental, publicado en mayo de 2015. El cargo de "denuncia falsa" no debe usarse nunca para criminalizar denuncias de tortura. Incluso las denuncias erróneas de tortura que dañen la reputación de una persona deberían ser objeto de litigio civil, no de enjuiciamiento criminal. Las víctimas de tortura y otros malos tratos en Marruecos y Sáhara Occidental deben saber que pueden denunciar estos actos sin temor a ser enjuiciadas o de sufrir otras represalias. Como parte de la Convención contra la Tortura y su Protocolo Facultativo, Marruecos tiene la obligación de proteger a quienes denuncian tortura y otros malos tratos de las represalias o la intimidación, lo que incluye las amenazas de formular cargos en su contra por presentar denuncia. Al acusar a los denunciantes de hacer denuncias falsas, es probable que las autoridades marroquíes infundan miedo entre las víctimas de tortura y otros malos tratos y fomenten la impunidad de los autores de tales actos.
Información complementaria
Varias disposiciones del Código Penal de Marruecos ponen en situación de riesgo a quienes denuncian violaciones de derechos humanos y limitan su derecho a la libertad de expresión. Los artículos 263 y 264 de dicho Código definen la denuncia falsa de delitos como insulto a funcionarios públicos, para lo que prevén penas de entre un mes y un año de prisión, así como el pago de multas. El artículo 445 del Código, relativo a las denuncias falsas y difamatorias, prevé penas que van desde seis meses a cinco años de prisión y el pago de multas. Amnistía Internacional pide a las autoridades marroquíes que aprovechen la oportunidad que les ofrecen las actuales reformas jurídicas para modificar el Código Penal a fin de que respete los derechos humanos.
