Maryam al Khawaja, destacada activista de derechos humanos bahreiní, ha contado a Amnistía Internacional que está decidida a seguir denunciando los abusos cometidos en el Estado del golfo Pérsico a pesar de haber sido condenada hoy, in absentia, a un año de prisión. El Estado está sometiendo a Maryam al Khawaja y a su familia a una persecución incesante. Su padre, Abdulhadi al Khawaja, destacado activista de derechos humanos y preso de conciencia, cumple cadena perpetua en la actualidad. Su hermana Zainab al Khawaja también debe volver a comparecer ante los tribunales el 4 de diciembre.
“Lo importante no es si me han condenado a uno o a quince años, porque las consecuencias van a ser las mismas; si vuelvo a Bahréin iré a prisión, así que esto significa que no puedo ver a mi familia, principalmente a mi padre. Aun así, esta sentencia no afectará a mi determinación de seguir trabajando sobre asuntos de derechos humanos”, contó Maryam al Khawaja a Amnistía Internacional.
Maryam al Khawaja, codirectora del Centro del Golfo para los Derechos Humanos, fue detenida a su llegada al aeropuerto internacional de Bahréin en Manama el 30 de agosto por presunta “agresión a agentes de policía” mientras era sometida a un registro. Regresaba a Bahréin para visitar a su padre en prisión, que en aquel momento estaba en huelga de hambre. Tras su detención fue interrogada por la fiscalía, pero se negó a responder porque no le permitían hablar con su abogado. Quedó en libertad bajo fianza el 18 de septiembre y abandonó el país el 2 de octubre cuando se levantó la prohibición de viajar que le habían impuesto, pero continuó su juicio por “agresión a agentes de policía” El 30 de noviembre, Maryam afirmó que había decidido boicotear el juicio porque, entre otras cosas, el poder judicial de Bahréin carecía de independencia y se habían violado sus derechos humanos durante su interrogatorio. “Aparentemente, Maryam al Khawaja es objeto de estas acciones por poner al descubierto las violaciones de derechos humanos que se cometen en Bahréin desde 2011. Las autoridades deben garantizar la anulación del fallo condenatorio y la pena y retirar todos los cargos que pueda haber pendientes contra ella”, ha dicho Said Boumedouha, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
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