La condena de 14 soldados mexicanos por el homicidio de cinco civiles en 2007 es un paso positivo, pero este tipo de casos deben verse en tribunales civiles, no militares, ha dicho hoy Amnistía Internacional. La Secretaría de la Defensa Nacional de México anunció ayer que un tribunal militar había impuesto penas de entre 16 y 40 años de cárcel a los autores de los disparos que acabaron con la vida de dos mujeres y tres menores cuyo vehículo no se detuvo en un control del ejército en el estado de Sinaloa. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México ha recibido más de 6.000 denuncias de abusos contra los derechos humanos perpetrados por las fuerzas armadas mexicanas desde el final de 2006. Sin embargo, es muy poco habitual que los militares sean juzgados y condenados por abusos. “Es positivo que los perpetradores de este crimen concreto hayan sido identificados y hayan tenido que responder de sus actos, pero los detalles de sus condenas siguen planteando grandes interrogantes”, ha dicho Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional. “Por ejemplo, dada la poca transparencia de la justicia militar en México, no conocemos los hechos en detalle, ni sabemos cuánto tiempo pasarán realmente sus autores en una cárcel militar”, ha dicho Lee. Según las autoridades militares, antes de estas condenas solo dos militares habían sido condenados por abusos contra civiles desde que el presidente Calderón ocupó el cargo en diciembre de 2006. Todos los casos relacionados con presuntos abusos a manos de las fuerzas armadas se han visto en el sistema de justicia militar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una serie de resoluciones contra México exigiendo a este país que todas las violaciones de derechos humanos perpetradas por el ejército sean investigadas y juzgadas por tribunales civiles. Este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló que los casos de presuntos abusos contra los derechos humanos a manos de las fuerzas armadas deben quedar fuera de la jurisdicción militar. Hasta ahora no hay indicios de que esto esté sucediendo. La administración del presidente Calderón ha dependido del ejército para combatir la delincuencia organizada, incluidas las bandas de narcotraficantes, fuertemente armadas. Desde 2006 ha habido un alarmante aumento en el número de denuncias de violaciones de derechos humanos a manos del ejército. “Si exceptuamos estos casos, el sistema de justicia militar no ha administrado justicia para las víctimas de estos abusos ni ha hecho rendir cuentas a los culpables, lo cual ha llevado a un clima de impunidad”, ha dicho Susan Lee. “Es hora de que las autoridades mexicanas cumplan con las resoluciones de la Corte Interamericana y la Suprema Corte de Justicia de México trasladando al sistema de justicia civil las investigaciones y los juicios de abusos de las fuerzas armadas”.
