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La nueva ley reprime a la sociedad civil independiente

Londres.- Amnistía Internacional considera lamentable que el presidente Putin haya firmado la entrada en vigor de las polémicas enmiendas a las leyes que regulan la actividad de las organizaciones de la sociedad civil en Rusia. La ley fue publicada en el diario oficial Rossiiskaia Gazeta el 17 de enero de 2006 y entrará en vigor en el plazo de tres meses.

 

"Amnistía Internacional no se opone a los intentos de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, esta ley otorga excesivos poderes discrecionales y de escrutinio a las autoridades para vigilar a las organizaciones y tomar decisiones relativas a su registro y clausura –ha manifestado Nicola Duckworth, directora del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional–. Este aumento de los poderes de escrutinio podría prestarse a abusos."

 

A pesar de que se han introducido enmiendas a la ley en respuesta a las protestas generalizadas dentro y fuera del país, sigue conteniendo disposiciones que suscitan gran preocupación respecto a la libertad de asociación en Rusia. Muchas de las disposiciones no toman en consideración las críticas formuladas por el experto del Consejo de Europa. En efecto, la ley conserva algunas disposiciones que el experto ha considerado "desproporcionadas", "demasiado restrictivas" y "ambiguas" como para estar en consonancia con las normas internacionales.

 

Por ejemplo, las autoridades podrán negarse a inscribir en el registro a cualquier organización de la sociedad civil cuyo nombre "ofenda la decencia pública o sentimientos étnicos o religiosos". Además, tendrán poderes ilimitados para enviar representantes a cualquier acto organizado por organizaciones de la sociedad civil tanto rusas como extranjeras, sin que existan necesariamente razones de peso para suponer que se está quebrantando la legislación rusa. Asimismo tendrán poderes de inspección sin precedentes sobre las fuentes de financiación y sobre los gastos previstos y reales.

 

"Todas las organizaciones de la sociedad civil sin excepción, que trabajan en áreas tan diversas como el medio ambiente, la educación y los derechos humanos, verán obstaculizado su trabajo. Rusia debería impulsar a su sociedad civil, no ahogarla –señala Nicola Duckworth–. No se trata de un asunto político, ni tampoco de una injerencia en los asuntos internos de Rusia. La Federación Rusa debe respetar las obligaciones jurídicas contraídas en virtud de las normas internacionales de derechos humanos que ha firmado."