Decenas de activistas han sufrido hostigamiento, detención y, en algunos casos, tortura bajo custodia en Emiratos Árabes Unidos (EAU), según un nuevo informe de Amnistía Internacional que saca a la luz las represivas tácticas que utiliza el gobierno para silenciar a quienes lo critican. El informe, “There is no freedom here”: Silencing dissent in the UAE, pone al descubierto el clima de miedo imperante desde 2011 en el país, donde las autoridades están llegando a los peores extremos para suprimir toda muestra de disidencia, crítica o petición de reforma desde los levantamientos populares masivos de Oriente Medio y el norte de África.
“Se está viendo que, tras la fachada de ostentación y glamour de EAU, se oculta la cara mucho más siniestra de un Estado sumamente represor, en el que los activistas que critican al gobierno pueden ir a parar a la cárcel por el simple hecho de publicar un tuit”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.Entre las personas que sufren hostigamiento figuran abogados, profesores universitarios, estudiantes y activistas de la sociedad civil, algunos de ellos afines a la Asociación para la Reforma y la Guía Social ( Al Islah), organización popular pacífica, que el gobierno considera vinculada a la Hermandad Musulmana de Egipto. La represión ha ido dirigida también contra miembros de sus familias. El informe, publicado en vísperas de la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi esta semana, saca a la luz el enorme abismo que existe entre la imagen pública que intenta dar EAU, de potencia dinámica, moderna y próspera, con lujosos hoteles, rascacielos y centros comerciales de diseño, y la cruda realidad de los activistas que son perseguidos y sometidos de manera habitual a desaparición forzada, tortura y otros malos tratos. “Se espera que este fin de semana se conecten para ver el Gran Premio Fórmula 1 de Abu Dabi millones de espectadores de todo el mundo, pero la mayoría de ellos apenas tendrán idea de la cruda realidad de la vida de los activistas en EAU”, ha señalado Hassiba Hadj Sahraoui. “La magnitud de la represión ha sido escalofriante, pero lo cierto es que el mundo ha hecho en gran medida caso omiso del terrible trato que reciben en EAU los activistas críticos con el gobierno y sus familias. Es hora de que los aliados internacionales de EAU dejen de cerrar los ojos a los abusos incontrolados de las autoridades y antepongan firmemente los derechos humanos a los intereses comerciales.” La represión de la disidencia tiene su origen en una petición que un grupo de 133 personas dirigió a las autoridades en marzo de 2011, reclamando reformas políticas y el derecho a elegir democráticamente un parlamento. Desde entonces, más de 100 activistas pacíficos y personas críticas con el gobierno han sido procesados o encarcelados, acusados por motivos políticos de ciberdelitos o delitos contra la seguridad nacional. De ellos, más de 60 continúan en prisión, cumpliendo penas de hasta 14 años. En el informe de Amnistía Internacional se describe cómo las autoridades han intimidado o detenido arbitrariamente y encarcelado a estos hombres y a sus familias. Entre ellos figura el preso de conciencia Mohammed al-Roken, destacado abogado de derechos humanos, víctima durante años del hostigamiento del gobierno por criticar el historial de EAU en materia de derechos humanos y propugnar reformas democráticas. Cumple una condena de 10 años de prisión que le fue impuesta en un juicio masivo y lleno de irregularidades de 94 activistas ante la Sala de Seguridad del Estado del Tribunal Federal Supremo –conocido en todas partes como el juicio de “los 94 de EAU”–. Otro caso emblemático es el del activista de 25 años Osama al-Najjar, detenido en marzo de 2014, a raíz de que expresara preocupación en unos comentarios en Twitter por los malos tratos a que eran sometidos su padre, Hussain Ali al-Najjar al-Hammadi, y otros presos políticos de la prisión de Al Razeen, en Abu Dabi. Tras su detención, fue recluido en régimen de aislamiento, situación en la que afirma que le propinaron reiterados puñetazos y golpes en la cara y el cuerpo y lo amenazaron con aplicarle descargas eléctricas. Su padre está cumpliendo un total de 11 años de prisión por haber sido declarado culpable de imprecisos cargos contra la seguridad nacional en dos juicios masivos injustos. Tras su detención, en 2012, pasó ocho meses recluido en régimen de aislamiento, en condiciones que constituían desaparición forzada. “Las autoridades de EAU deben poner fin a estas detenciones arbitrarias, así como a las desapariciones forzadas –ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui–. En este caso, tanto el padre como el hijo son presos de conciencia y deben ser puestos en libertad de inmediato y sin condiciones, junto con todas las demás personas recluidas únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y de asociación.” Amnistía Internacional pide a las autoridades de EAU que revisen con urgencia las leyes que criminalizan el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión y de asociación, incluida la ley sobre ciberdelitos y una nueva y represiva ley antiterrorista aprobada en agosto de 2014. Algunas de las personas encarceladas han dicho que fueron torturadas y sometidas a otros malos tratos por sus interrogadores, con prácticas como arrancarles las uñas, golpearlas brutalmente y dejarlas mucho tiempo colgadas boca abajo, arrancarles el pelo de la barba y del pecho y amenazarlas con aplicarles descargas eléctricas, violarlas y matarlas. Amnistía Internacional insta a las autoridades de EAU a que condenen públicamente la tortura y tomen medidas efectivas para prohibir y prevenir todas las formas de tortura y otros malos tratos, y a que ordenen realizar investigaciones independientes e imparciales sobre todas las denuncias de tales prácticas y hagan rendir cuentas a los responsables. “EAU no puede afirmar ser una nación progresista ni enorgullecerse de pertenecer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y participar en empresas comerciales en ningún escenario internacional mientras siga encarcelando a los disidentes por el mero hecho de expresar pacíficamente sus opiniones”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui. El juicio de los “94 de EAU” estuvo plagado de irregularidades y se desarrolló de manera manifiestamente deficiente e injusta. El sistema de justicia de EAU no es independiente ni imparcial. Los tribunales parecen a menudo no servir más que para rubricar las decisiones del poder ejecutivo emiratí: se suele negar a los acusados el acceso a abogados y el derecho a apelar contra la sentencia, y, en muchos casos, se utilizan “confesiones” forzadas para declararlos culpables, lo que contraviene el derecho internacional de los derechos humanos. Entre las tácticas de hostigamiento e intimidación de las autoridades figuran también medidas como retirar la nacionalidad a los activistas y sancionar a sus familiares, privándoles de oportunidades profesionales o educativas. Las autoridades emiratíes han respondido a los motivos de preocupación expuestos por Amnistía Internacional en este informe diciendo que la promoción de los derechos humanos es un “proceso en curso”. “Lo que hace falta ver ahora es que se dan prisa en tomar medidas concretas para demostrar que el gobierno está comprometido realmente con la protección de los derechos humanos, no más adornos con que ocultar la represión despiadada que ejercen en casa”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui.
