Las autoridades griegas deben revisar inmediatamente su política de recluir a los migrantes y solicitantes de asilo irregulares, incluidos numerosos menores no acompañados, ha declarado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.
Greece: Irregular migrants and asylum-seekers routinely detained in substandard conditions documenta el trato que reciben estas personas, muchas de las cuales están recluidas en condiciones precarias en puestos fronterizos y centros de detención para migrantes con acceso limitado o inexistente a asistencia jurídica, social y médica.
“Los solicitantes de asilo y migrantes irregulares no son delincuentes. Aun así, las autoridades griegas los tratan como a tales, sin respetar los derechos previstos para ellos en el derecho internacional. En la actualidad, los migrantes son detenidos por norma, sin tener en cuenta si la medida es necesaria o no. La detención de solicitantes de asilo y migrantes por su condición irregular debe ser siempre un último recurso”, ha declarado Nicola Duckworth, director del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
En Grecia, la detención previa a la expulsión puede durar hasta seis meses para los solicitantes de asilo y migrantes irregulares. Además, la legislación griega tipifica como delito la entrada y la salida de irregulares del país.
Decenas de miles de migrantes y solicitantes de asilo irregulares llegan a Grecia cada año. La inmensa mayoría de los solicitantes de asilo y de las personas que huyen de países destrozados por la guerra llegan al país por la frontera con Turquía y desde el mar. En su mayor parte son afganos, somalíes, palestinos, iraquíes y eritreos.
“Después de una travesía a menudo arriesgada, los migrantes terminan en centros de detención sin acceso a un abogado, intérpretes o trabajadores sociales. Como consecuencia de ello, no se evalúan correctamente sus circunstancias y muchas personas que necesitan protección internacional podrían ser devueltas a los lugares de donde han huido, mientras que otras podrían ser privadas de la atención y el apoyo necesarios”, añadió Nicola Duckworth.
Los migrantes y solicitantes de asilo irregulares no son informados de la duración de su detención ni sobre su futuro. Pueden permanecer largos periodos en instalaciones masificadas en las que hay menores no acompañados entre adultos. Los detenidos tienen acceso limitado a asistencia médica y productos de higiene.
Las autoridades griegas reconocen la condición de refugiados a pocos solicitantes de asilo. De las más de 30.000 solicitudes de asilo examinadas en 2009, sólo se concedió la condición de protección de refugiado a 36 personas y la condición de protección subsidiaria a otras 128.
En la inmensa mayoría de los centros de detención que han visitado los delegados de Amnistía Internacional, las condiciones eran entre inadecuadas y muy precarias. Los detenidos contaron a la organización varios casos de malos tratos a manos de los guardacostas y la policía.
La duración de la detención y la precariedad de las condiciones de reclusión desencadenó una protesta de los migrantes y solicitantes de asilo irregulares en Venna, en el noreste de Grecia, en febrero de 2010. Asimismo, en abril de 2010, los migrantes irregulares hicieron una huelga de hambre en la isla de Samos para protestar por la duración de la detención.
“La detención no puede utilizarse como instrumento para controlar la migración. Las autoridades son quienes tienen que demostrar en cada caso individual que la detención es necesaria y proporcional al objetivo que se quiere alcanzar, y que las alternativas no serán eficaces”, declaró Nicola Duckworth.
Amnistía Internacional cree que los planes que están elaborando las autoridades griegas para establecer centros de selección deben incluir planteamientos alternativos, como la gestión de centros abiertos o semiabiertos para quienes llegan al país.
Las autoridades deben garantizar que los migrantes y solicitantes de asilo irregulares que llegan a esos centros tienen acceso a asistencia jurídica gratuita y a intérpretes en lenguas que entiendan, así como a asistencia médica.
Casos En diciembre de 2008 fue detenida una familia de solicitantes de asilo de Afganistán por intentar salir de Grecia sin documentos. El Tribunal Penal impuso a los adultos una condena condicional de seis meses de prisión, el pago de una multa de 3.000 euros y su expulsión del país. Según los informes, la familia fue juzgada sin la presencia de un abogado ni de un intérprete. La familia permaneció detenida cuatro meses, según informes en condiciones precarias, y la madre y la hija fueron separadas posteriormente del resto de la familia. Ésta no pudo solicitar asilo hasta que fue trasladada desde el puesto fronterizo donde estuvo detenida cuatro meses a las instalaciones penitenciarias. La madre y la hija estuvieron detenidas 15 meses (salieron en libertad en marzo de 2010) sólo con el fin de ejecutar la expulsión judicial de la madre.
S., menor no acompañado afgano de 16 años, llegó a Grecia en noviembre de 2009. Fue detenido en Atenas a mediados de ese mes y declarado culpable de posesión de un arma después de que, según informes, la policía encontrase un pequeño cuchillo en su poder. Las autoridades policiales habían inscrito a S. como adulto (de 26 años) y como tal fue juzgado y condenado a un mes de prisión y al pago de una multa. S. estuvo detenido con adultos, tanto cuando cumplió su condena de cárcel como posteriormente, mientras esperaba la expulsión, hasta principios de enero de 2010. Las autoridades hicieron constar como país de origen Irán en lugar de Afganistán. S. dijo a Amnistía Internacional que había dicho a las autoridades su verdadera edad desde el principio, que no le habían proporcionado un abogado durante el juicio y que no pudo ponerse en contacto con su familia desde la cárcel porque no tenía dinero para comprar una tarjeta telefónica. S. fue puesto en libertad a finales de diciembre de 2009 y recibió una notificación oficial en la que se le daba un plazo de 30 días para salir del país.
Más información The Dublin II Trap: Transfers of asylum-seekers to Greece, marzo de 2010
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