Ante la dimisión, hoy, del general Oscar Albayalde, director de la Policía Nacional de Filipinas, Nicholas Bequelin, director regional de Amnistía Internacional para Asia Oriental y el Sureste Asiático, ha manifestado:
“La dimisión del general Albayalde, último revés a la credibilidad de la 'guerra contra las drogas'. Las autoridades filipinas deben garantizar que se hace justicia y que esta campaña ilegal y asesina termina ya.
El presidente Duterte ha afirmado que Albayalde será sometido al debido proceso legal: los mismos derechos que su gobierno ha negado a miles de personas sospechosas de usar o vender drogas, que han sido víctimas de homicidio ilegal por una fuerza policial que actuaba como jurado, juez y verdugo.
Este escándalo demuestra una impunidad arraigada en instituciones que, en teoría, tienen el cometido de hacer respetar los derechos humanos y el Estado de derecho. Las autoridades deben ampliar urgentemente su investigación sobre el general Albayalde para que abarque la amplia diversidad de abusos cometidos por la policía hasta el día de hoy.”
Información complementaria
El 14 de octubre de 2019, el director de la Policía Nacional de Filipinas, general Oscar Albayalde, dimitió de su cargo en medio de un escándalo creciente relacionado con drogas.
El 1 de octubre, durante una sesión del Senado, un ex director del Grupo de Investigación y Detección Criminal vinculó al director de la policía Oscar Albayalde con el encubrimiento de un trabajo para “reciclar” drogas en 2013, mediante el cual se vendieron drogas ilegales previamente requisadas en una operación policial.
Días más tarde, un ex jefe de policía regional (que en la actualidad dirige la Agencia de Control de Drogas de Filipinas) también declaró que Albayalde había intentado proteger a los agentes incriminados. Los agentes no fueron destituidos, sólo degradados, y continúan en servicio activo.
Albayalde niega las acusaciones en su contra y ha pedido a la opinión pública que “ignore” el asunto. El gobierno insiste en que las acusaciones no afectan a la credibilidad de su violenta campaña antidrogas.
Miles de personas han sido asesinadas en una ola de violencia autorizada por el Estado desde el inicio de la presidencia de Rodrigo Duterte en 2016. En julio de 2019, Amnistía Internacional publicó el informe “They just kill”: Ongoing extrajudicial executions and other human rights violations in the Philippines ‘war on drugs’, donde documenta que los jefes de policía encargados de supervisar operaciones abusivas en Manila fueron trasladados posteriormente a Luzón Central y han seguido supervisando una brutal campaña de homicidios en la provincia. Amnistía Internacional considera que estos homicidios alcanzan la categoría de crímenes contra la humanidad.
