Los gobiernos del sudeste asiático deben emprender de inmediato operaciones de búsqueda y salvamento de los probablemente cientos de rohinyás que están a la deriva en el mar, mientras aumentan los informes de embarcaciones que intentan peligrosas travesías en busca de seguridad, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
En una reedición de la crisis humanitaria vivida por la región hace cinco años, Malasia ha rechazado activamente embarcaciones y devuelto sin el debido procedimiento a personas rohinyás desesperadas, mientras que Tailandia no ha dicho si ha ayudado a ninguna embarcación avistada frente a sus costas. Durante años, embarcaciones con miles de personas rohinyás desesperadas a bordo que huían de la persecución en Myanmar o de los campos de refugiados en Bangladesh se han hecho a la mar buscando refugio en el sureste asiático.
Amnistía Internacional pide a los gobiernos regionales que les permitan desembarcar en condiciones de seguridad, y a los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que acuerden sin demora medidas de emergencia para evitar otra crisis humanitaria mientras adaptan las restricciones impuestas por los gobiernos en sus fronteras con motivo de la crisis del coronavirus, COVID-19.
“La batalla contra la COVID-19 no es excusa para que los gobiernos regionales dejen que sus mares se conviertan en un cementerio de personas rohinyás desesperadas”, ha dicho Clare Algar, directora general de Investigación, Trabajo de Incidencia y Política de Amnistía Internacional. “Los gobiernos regionales ya han pasado por esto y disponen de medios para salvar vidas.”
“Si no hay una cooperación urgente, la ASEAN se enfrentará a una nueva crisis humanitaria mientras lucha contra una pandemia. Es inaceptable que no se vaya en ayuda de las embarcaciones y que a algunas se las impida acceder activamente a costas seguras.”
Informes de personas que intentan realizar peligrosas travesías
Según informes recibidos por Amnistía Internacional, en los últimos días se han divisado frente a las costas de Malasia y del sur de Tailandia entre tres y cinco embarcaciones, probablemente con personas refugiadas rohinyás a bordo, cuyo número podría ascender a centenares.
El 16 de abril, la armada de Malasia obligó a retroceder a una embarcación con unas 200 mujeres, hombres y niños y niñas rohinyás a bordo, a quienes al parecer proporcionó alimentos. El gobierno malasio ha alegado como justificación para rechazar a las embarcaciones que se acercan a sus costas las medidas en vigor por la crisis de la COVID-19.
El 15 de abril, los guardacostas de Bangladesh rescataron a 396 rohinyás de una embarcación de gran tamaño que las autoridades malasias habían rechazado, y que al parecer llevaba dos meses en el mar.
Según las primeras informaciones, 32 de sus ocupantes murieron en el mar, pero ahora se cree que la cifra asciende a casi el doble. Según el ACNUR —la agencia de la ONU para las personas refugiadas—, las personas que sobrevivieron estaban desnutridas y deshidratadas.
Necesidad urgente de una respuesta regional
Los gobiernos regionales han impuesto nuevas restricciones de emergencia en sus fronteras en respuesta a la epidemia de COVID-19. Malasia y Tailandia han estado vigilando los movimientos frente a sus costas de embarcaciones con personas rohinyás a bordo. Malasia ha permitido que atraque una nave, pero ha rechazado a varias, mientras que Tailandia no ha dicho si ha interceptado o rescatado alguna embarcación.
“Tanto Tailandia como Malasia saben que la vida de las personas que están en esas embarcaciones corre peligro, y negarse a ayudarlas no sería un acto de ceguera deliberada, sino que supondría empeorar conscientemente aún más su difícil situación”, ha afirmado Clare Algar.
“Tailandia y Malasia deben enviar embarcaciones de búsqueda y salvamento con alimentos, agua y medicamentos para cubrir las necesidades urgentes de las personas —probablemente centenares— que siguen en el mar, y deben permitir sin demora que desembarquen en condiciones de seguridad. Esto es compatible con las medidas adoptadas por la crisis de la COVID-19, como ha demostrado Malasia este mes.”
El 5 de abril, los guardacostas de Malasia interceptaron otra embarcación, cuyos 202 ocupantes rohinyás fueron puestos a salvo y ahora están en cuarentena por la COVID-19.
Esta semana, los Estados miembros de la ASEAN emitieron una declaración tras su cumbre virtual sobre la COVID-19 en la que afirmaron el compromiso de la ASEAN de ser “una comunidad caracterizada por los cuidados y el intercambio cuyos Estados miembros se ayudan mutuamente en estos tiempos difíciles”. Esta organización regional se había comprometido previamente a “aprender de pasadas crisis y reforzar la inclusión de las personas migrantes”, especialmente en situaciones de emergencia.
“Esta misma semana —ha dicho Clare Algar—, los gobiernos de la ASEAN expresaron su solidaridad en este difícil momento, una empatía que deben hacer extensiva a las personas que están en una situación de extremo peligro en el mar.”
“Los Estados de la ASEAN deben garantizar que las políticas sobre la COVID-19 respetan los derechos de todas las personas y no ponen en peligro a las que necesitan ayuda humanitaria y protección internacional.”
Información complementaria
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha afirmado que la prerrogativa de los Estados de regular la llegada de personas extranjeras a su frontera no puede —ni siquiera en el marco de una pandemia global— tener como consecuencia la negación del derecho a solicitar asilo de quienes huyen de la persecución. En la misma línea, la Organización Internacional para las Migraciones afirmó que durante la respuesta a la COVID-19 deben respetarse las obligaciones de derechos humanos y el derecho marítimo internacional. Esta semana, la comisaria de Derechos humanos del Consejo de Europa pidió también a los Estados miembros de la Unión Europea que siguieran salvando vidas en el mar y facilitando a los viajeros el desembarque en condiciones de seguridad a pesar de las dificultades sin precedentes de la pandemia.
Continúan cometiéndose crímenes de lesa humanidad contra la población rohinyá que sigue viviendo en el estado myanmaro de Rajine (se calcula que 600.000 personas), y, tras varias oleadas de brutales operaciones militares en 2016 y 2017, casi un millón de rohinyás viven hacinados en campos de refugiados de Bangladesh, donde su supervivencia depende de la ayuda humanitaria.
En virtud del derecho internacional, los Estados deben proteger los derechos humanos de las personas refugiadas que llegan a sus costas.
El principio de no devolución (non-refoulement) prohíbe devolver a personas a un territorio donde podrían ser perseguidas o sufrir abusos graves contra los derechos humanos. Este principio es la piedra angular de la protección internacional de las personas refugiadas y es fundamental para la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Malasia y Tailandia no son Estados Partes en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 ni en su Protocolo de 1967. Sin embargo, el principio de no devolución también está protegido en virtud del derecho internacional de los derechos humanos en general, así como del derecho internacional consuetudinario, vinculante para todos los Estados. La Declaración de Derechos Humanos de la ASEAN incluye también el derecho a “solicitar y recibir asilo”.
