“Durante varios días, las fuerzas de seguridad egipcias han usado gas lacrimógeno, porras, perdigones y, en al menos en una ocasión, munición real, y han detenido a cientos de manifestantes y personas ajenas a las protestas para dispersar manifestaciones esporádicas y escasas”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Las fuentes dijeron a Amnistía Internacional que las fuerzas de seguridad habían matado a dos hombres y que centenares de personas habían sido sometidas a detención arbitraria y desaparición forzada. Al menos 496 personas están detenidas actualmente como consecuencia de la represión, según una coalición de abogados y abogadas de derechos humanos, pendientes de investigaciones sobre cargos falsos de "terrorismo" y relacionados con las protestas.
La organización entrevistó a testigos presenciales, y a abogados y abogadas, y examinó varios vídeos de las protestas. Éstas estallaron en varias comunidades pobres rurales y urbanas del país, principalmente contra los derribos de viviendas producidos en el país a mediados de septiembre.
“El hecho de que quienes protestaban tomaran las calles sabiendo el elevadísimo riesgo que corrían su vida y su seguridad muestra su desesperación a la hora de reclamar sus derechos económicos y sociales. Los vídeos que muestran a policías disparando perdigones contra personas que huían muestran un total desprecio hacia las normas internacionales sobre actuación policial. También nos preocupa sobremanera el despliegue de agentes con rifles, que en general no son adecuados para vigilar protestas y presentan riesgos injustificados para la vida humana. Las autoridades deben investigar con carácter urgente la muerte de los dos hombres”, ha manifestado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional.
“Hay cientos de personas detenidas, muchas de las cuales ni siquiera participaban en las protestas. Las autoridades han recurrido, una vez más, a sus tácticas habituales de violencia y detenciones masivas para dejar claro que no se tolerará ningún tipo de protesta. Pedimos a las autoridades que pongan en libertad inmediata e incondicional a todas las personas detenidas sólo por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica”.
Durante las dos últimas semanas de septiembre, hubo protestas pequeñas y esporádicas en varios pueblos, ciudades y comunidades urbanas pobres de Egipto en las que la gente salió a la calle contra la política del gobierno de derribar viviendas no registradas y una ley de conciliación respecto de estas viviendas. Algunos manifestantes también corearon consignas contra el presidente Abdelfattah al Sisi y protestaron por la muerte de un hombre en Luxor. El portavoz del gabinete declaró el 26 de septiembre que había habido protestas en un pueblo de Guiza por cuestiones económicas. Además, el ex contratista del ejército Mohamed Ali había convocado, una vez más, protestas contra el presidente Abdelfatah al Sisi el 20 de septiembre. El año pasado, la población salió a la calle en masa ese día, pero las autoridades aplastaron las protestas por medio de la fuerza y detuvieron a miles de personas.
Uso de fuerza innecesaria
Amnistía Internacional habló con personas que habían estado detenidas brevemente, familiares de personas actualmente detenidas y profesionales del derecho que representaban a cientos de personas enjuiciadas. También examinó documentación de organizaciones locales de derechos humanos y analizó pruebas en vídeo.
Los datos muestran que las fuerzas de seguridad dispararon perdigones (conocidos comúnmente como khartoush), gas lacrimógeno y, en al menos en un caso, munición real contra quienes protestaban, causando heridas a varias personas.
Según la información recibida por Amnistía Internacional, un hombre, Samy Beshir, murió en Al Ayat, al sur de El Cairo, el 25 de septiembre, por disparos de las fuerzas de seguridad. Una fuente médica confirmó a medios de comunicación alemanes que el hombre había muerto por heridas de perdigón; sin embargo, las fuerzas de seguridad negaron haber usado perdigones para dispersar esa protesta. Otro hombre, Owais al Rawi, murió el 30 de septiembre tras ser tiroteado en su casa durante una incursión policial, según las fuentes.
Vídeos de siete protestas que se llevaron a cabo en Guiza, Dumiyat, Minya, Qena y Luxor muestran que fueron en su mayor parte pacíficas, aunque en algunos casos los manifestantes dañaron y quemaron vehículos policiales o lanzaron piedras contra las fuerzas de seguridad. Medios de comunicación egipcios informaron de que dos policías habían resultado heridos en Al Basateen, El Cairo.
En un vídeo grabado el 23 de septiembre en el pueblo de Kafr Qandil, al sur de El Cairo, se oyen disparos y se ve a dos policías con armas de fuego. Uno lleva un Kalashnikov, que sólo dispara munición real, y el otro, una escopeta que puede disparar munición no letal. No se ve a ningún manifestante con armas de fuego. El uso de armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es legítimo únicamente cuando es estrictamente necesario para prevenir una muerte o una lesión grave inminentes. Estas armas no son adecuadas para el mantenimiento del orden público, como la actividad policial en las protestas. Por otra parte, las armas que disparan numerosas balas en sucesión rápida, como el Kalashnikov, son totalmente inadecuadas para mantener el orden en reuniones.
En otro vídeo verificado grabado el 25 de septiembre en Dumiyat, en el norte de El Cairo, se ve a unos policías atacando con porras a unos manifestantes desarmados y disparándoles mientras huyen a pie. Ningún arma de fuego de la policía dispara perdigones salvo las escopetas.
En cuatro vídeos verificados, se ve a unos policías atacando a manifestantes, lanzando gas lacrimógeno y disparando perdigones desde la parte superior de sus vehículos blindados contra manifestantes que corren el 30 de septiembre en Luxor, en el sur de Egipto, durante la celebración de un funeral público por Owais al Rawi.
Varias de las personas detenidas durante las protestas y después de ellas tenían heridas de perdigón, algunas en la espalda.
Las escopetas que usa normalmente la policía pueden disparar diversos tipos de munición. Algunos tipos de munición, como los proyectiles de impacto cinético, son aceptables para su uso en circunstancias muy concretas, pero los perdigones no deben emplearse nunca. Al igual que las postas que se usan en los rifles de aire comprimido, los perdigones se usan también en la caza. Sin embargo, en lugar de un solo proyectil, un cartucho de perdigones contiene decenas de bolas de 3 mm de diámetro que causan unas heridas características, y potencialmente letales, en un patrón de rociado. Las heridas de perdigón próximas a órganos vitales en la cara y el torso son especialmente peligrosas.
Las fuerzas de seguridad egipcias tienen antecedentes de disparar perdigones contra manifestantes pacíficos, a veces a corta distancia, causando muertes y lesiones graves como estallido ocular. Debido a sus múltiples proyectiles, también hay un alto riesgo de que los perdigones hieran a personas ajenas a las protestas que estén cerca de la persona a la que apunta la policía.
Según las normas internacionales sobre aplicación de la ley, la policía podrá usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y proporcionado, y únicamente en la medida en que lo requiera estrictamente el desempeño de sus tareas. La policía debe usar medios no violentos antes de recurrir a la fuerza. Si el uso de la fuerza es inevitable, se debe emplear con moderación y en proporción a la gravedad y al objetivo de aplicación de la ley.
Detenciones arbitrarias
Entre el 10 y el 29 de septiembre, la policía egipcia detuvo a entre 571 y 735 personas en 17 gobernaciones, según la información recogida por la Comisión de Derechos y Libertades de Egipto, Defensa y el Frente Egipcio por los Derechos Humanos. Profesionales del derecho dijeron a Amnistía Internacional que las personas detenidas tenían entre 11 y 65 años. Entre ellas hay tres mujeres.
En los días previos al primer aniversario de las protestas antigubernamentales del 20 de septiembre, las fuerzas policiales de El Cairo paraban a personas que caminaban por la calle, sobre todo en el centro de El Cairo, y les ordenaban que entregaran sus teléfonos para ser registrados por la policía. Algunas de las personas afectadas por estos registros al azar quedaron en libertad tras ser detenidas e interrogadas por las fuerzas de seguridad sobre el contenido de su teléfono o su vida personal.
Un hombre a quien la policía paró en el centro de El Cairo dijo a Amnistía Internacional que, cuando se negó a desbloquear el teléfono, lo llevaron a un vehículo policial, lo insultaron y lo amenazaron con ser detenido y enjuiciado antes de dejarlo marchar. Otras personas, algunas ajenas a las protestas, fueron detenidas en éstas o en sus proximidades, y otras más lo fueron en su domicilio por comentarios que habían hecho en sus cuentas en redes sociales haciendo llamamientos para protestar o criticando las políticas del gobierno en relación con el derribo de viviendas.
Según las familias y profesionales del derecho, las personas detenidas fueron llevadas a diversas comisarías, campamentos de las Fuerzas de Seguridad Central y algunas, a lugares controlados por la Agencia de Seguridad Nacional, (fuerza policial especializada). Durante periodos de entre uno y diez días, las fuerzas de seguridad negaron que estuvieran bajo custodia y no les permitieron comunicarse con el mundo exterior.
Abogados de personas enjuiciadas dijeron a Amnistía Internacional que algunas de éstas denunciaron ante la fiscalía que habían sido sometidas a descargas eléctricas, palizas, amenazas de detención prolongada e insultos por las fuerzas de seguridad. Esto constituye tortura u otros malos tratos Las personas detenidas fueron llevadas a la sede en El Cairo de la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado, departamento especial de la Fiscalía responsable de enjuiciar casos de terrorismo y seguridad nacional.
Al menos 115 siguen detenidas en lugares no revelados, según la información recabada por la Comisión de Derechos y Libertades de Egipto. Profesionales del derecho dijeron a Amnistía Internacional que las fuerzas de seguridad habían comunicado a la fiscalía que todas las detenciones se habían practicado el 20 de septiembre, con independencia de si fueron antes o después de esa fecha.
Según los abogados, los fiscales interrogaron a las personas enjuiciadas sobre su participación en las protestas, sus publicaciones en redes sociales, sus convicciones políticas y sus posturas en relación con el derribo de viviendas y la ley de conciliación de edificios. Los fiscales no permitieron que abogados o encausados examinaran los expedientes de las investigaciones de la Agencia de Seguridad Nacional; en la mayoría de los casos, las únicas pruebas presentadas contra estas personas eran estos expedientes.
Según los abogados, los fiscales habían comunicado a las personas encausadas que se las estaba investigando por diversos cargos, entre ellos “pertenencia a un grupo terrorista”, “hacer uso indebido de las redes sociales”, “difundir noticias falsas” , “financiar a un grupo terrorista”, “participar en reuniones ilegales” e “incitar a protestas ilegales”. Los fiscales ordenaron 15 días de detención a todas las personas interrogadas.
El 27 de septiembre, la Fiscalía ordenó la libertad de 68 personas menores de edad detenidas en relación con los recientes “disturbios”; según la información recabada por Amnistía Internacional, sólo salieron en libertad las menores de 15 años, mientras que las de más edad siguen detenidas.
La Fiscalía anunció que continuaban las investigaciones en el caso, pero no facilitó más información sobre el número de personas detenidas ni los cargos por los que se las está investigando.
