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Deben investigarse las denuncias de tortura de un defensor saharaui de derechos humanos

Londres.- En la víspera del juicio del defensor saharaui de derechos humanos Yahya Mohamed el Hafed ante el Tribunal de Apelaciones de Agadir, Amnistía Internacional pide una investigación completa de las denuncias de tortura que empañaron la celebración del juicio en primera instancia. En concreto, la organización insta a que se desestimen las declaraciones que, según denuncias no investigadas, fueron obtenidas mediante tortura.

 

Amnistía Internacional teme que la declaración de culpabilidad de Yahya Mohamed el Hafed esté relacionada con sus actividades de derechos humanos en el Sáhara Occidental y con su apoyo público al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, y que pueda ser un preso de conciencia, encarcelado únicamente por expresar estas convicciones. Yahya Mohamed el Hafed es miembro del Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos (CODESA) y de la filial de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en Tan Tan. A CODESA se le impidió celebrar su congreso fundacional el 7 de octubre de 2007 porque las autoridades locales de El Aaiún se negaron a conceder a sus miembros la autorización para reunirse públicamente.


Yahya Mohamed el Hafed, actualmente en huelga de hambre, fue condenado el 9 de octubre de 2008 a 15 años de prisión en relación con unas manifestaciones que tuvieron lugar en Tan Tan contra la administración marroquí del Sáhara Occidental. Otras ocho personas enjuiciadas por las mismas manifestaciones fueron condenadas a hasta cuatro años de prisión. Yahya Mohamed el Hafed fue detenido el 29 de febrero de 2008 en su tienda situada en la localidad de Tan Tan. Asegura que, cuando lo llevaron a las dependencias de la policía judicial de Tan Tan, lo torturaron para extraerle “confesiones” que luego sirvieron para condenarlo.


Su detención tuvo lugar dos días después de unas protestas protagonizadas en Tan Tan por población saharaui, en las que se reivindicaba el derecho de autodeterminación y en las que resultó herido un agente de policía, que murió posteriormente. Amnistía Internacional no aprueba ningún acto de violencia. Sin embargo, deben llevarse a cabo investigaciones independientes e imparciales para identificar a los presuntos autores, que habrán de ser procesados en un juicio con las debidas garantías, como la inadmisibilidad, en todo procedimiento, de pruebas o declaraciones obtenidas mediante tortura u otros malos tratos.
Yahya Mohamed el Hafed negó haber participado en las protestas, lo cual fue corroborado por testimonios que aportó la defensa. Además, no se presentó al tribunal ninguna prueba de su participación en las manifestaciones, ni siquiera por medio de testigos de cargo.
Todos los acusados afirmaron que habían sido torturados: entre otras cosas, los golpearon, los colgaron por las piernas y los privaron de sueño en los interrogatorios con el fin de hacerles firmar “confesiones”. El juez encargado del caso desestimó estas denuncias, al igual que había hecho previamente el juez instructor.


Amnistía Internacional señala que el artículo 15 de la Convención de la ONU contra la Tortura, en la que Marruecos es Estado Parte, establece que “ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pued[e] ser invocada como prueba en ningún procedimiento”. De conformidad con sus obligaciones internacionales, las autoridades marroquíes, que en abril de 2009 presentaron al Comité contra la Tortura su informe sobre la aplicación de la Convención, deben garantizar que toda denuncia de tortura se investiga con prontitud e imparcialidad.


En la vista de mañana, 13 de mayo, el Tribunal de Apelaciones de Agadir debería investigar también denuncias más recientes de que Yahya Mohamed el Hafed sufrió tortura y otros malos tratos en la prisión de Inzegane, en Agadir, el 3 de abril de 2009 y de que ha permanecido recluido en régimen de aislamiento prolongado en una celda fría sin cama, mantas ni ventilación adecuada desde su traslado a la prisión de Aït Melloul el 4 de abril de 2009.


La preocupación de Amnistía Internacional crece al recibir información proporcionada por otros detenidos según la cual la salud de Yahya Mohamed el Hafed es precaria, pues padece asma y reumatismo. Al parecer, ha quedado aún más debilitado por la huelga de hambre que empezó el 4 de abril de 2009 para protestar por la tortura y los malos tratos que había sufrido. La administración de la prisión ha impedido en la práctica las visitas de los familiares al exigirles que presenten una autorización de la Dirección de Prisiones de Rabat, que está a más de 600 km de Aït Melloul. A consecuencia de ello, Yahya Mohamed el Hafed no ve a su familia desde el 4 de abril de 2009.


Amnistía Internacional pide a las autoridades marroquíes que velen por que Yahya Mohamed el Hafed reciba un juicio justo y por que sea puesto en libertad, a menos que se presenten ante el tribunal pruebas convincentes que lo inculpen.


Información complementaria

La situación del Sáhara Occidental es un tema tabú en Marruecos, y las autoridades reprimen las opiniones favorables a la independencia de este territorio. Los partidarios saharauis del derecho a la autodeterminación y la independencia de la región, así como los defensores de derechos humanos y los periodistas que han observado y denunciado violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad marroquíes en este contexto, han sido intimidados, hostigados, procesados e incluso encarcelados. A los activistas saharauis se les sigue impidiendo registrar legalmente sus asociaciones mediante trabas administrativas de motivación política.


Desde 2005, decenas de saharauis han sido acusados de conducta violenta y recluidos tras ser arrestados durante manifestaciones contra el gobierno marroquí del Sáhara Occidental, o después de ellas. Muchos de los detenidos afirman que los sometieron a tortura u otros malos tratos para obligarlos a firmar “confesiones”, para intimidarlos con el fin de que cesen sus protestas o para castigarlos por reclamar el derecho de autodeterminación. Las autoridades marroquíes siguen aseverando que las personas encarceladas habían cometido actos delictivos y que no están en prisión por sus ideas. Amnistía Internacional tiene serias dudas sobre la imparcialidad de los juicios, entre otras razonas porque se han presentado pruebas enturbiadas por denuncias no investigadas de tortura u otros malos tratos, y porque en ocasiones no se permitió a los acusados citar a testigos de descargo.