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Debe devolverse urgentemente la nacionalidad a 31 personalidades de la oposición

Los miembros al Wefaq, la principal asociación política chií de Bahréin, están entre aquellos a quienes les han retirado la nacionalidad. © Amnistía Internacional

El Ministerio del Interior de Bahréin debe anular inmediatamente la decisión, adoptada hace un año, de privar a 31 miembros de la oposición de la nacionalidad bahreiní, ha declarado Amnistía Internacional.

El 7 de noviembre de 2012, el Ministerio adoptó esta medida extrema contra un grupo de activistas de la oposición, todos chiíes, afirmando que habían causado “daños a la seguridad del Estado”. Quienes carecían de doble nacionalidad se convirtieron en apátridas en virtud de esta decisión.

Despojar de la nacionalidad a quienes critican al gobierno demuestra que las autoridades bahreiníes siguen atacando y desacreditando a todo aquel a quien consideran una amenaza. En lugar de abordar las críticas formuladas contra ellas, las autoridades no han encontrado otra vía de respuesta que privar a ciudadanos bahreiníes de su nacionalidad”, afirmó Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio de Amnistía Internacional.

“El Ministerio del Interior debe anular urgentemente su decisión y devolver la nacionalidad bahreiní a estos 31 activistas de la oposición. Esta represalia tiene un efecto paralizador en la disidencia pacífica y la libertad de expresión, así como graves implicaciones para los derechos humanos de todas las personas en Bahréin.”

Entre los 31 activistas afectados figuran dos ex parlamentarios, los hermanos Jawad y Jalal Gairouz, de la Sociedad al Wefaq, la principal asociación política chií, actualmente exiliados en Londres.

Los afectados incluyen también a personalidades religiosas como el ayatolá Hussain al Najati, que según informes está recibiendo enormes presiones para marcharse de Bahréin, así como otros activistas de la oposición residentes en Londres que habían sido juzgados y condenados a cadena perpetua en varios casos.

Amnistía Internacional ha sido testigo de cómo algunos de los que han perdido la nacionalidad y siguen en Bahréin tienen dificultades para cuestionar ante los tribunales la legalidad de la decisión. Algunos se han visto obligados a dejar su empleo desde que ésta se tomó.

En julio de 2013 se modificó la legislación antiterrorista del país, que data de 2006, para incluir la revocación de la nacionalidad bahreiní, junto con el drástico aumento de las penas de prisión, para todas las personas declaradas culpables de delitos relacionados con el terrorismo.

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