Por primera vez desde hace diez años, Venezuela estará mañana, 6 de noviembre, compareciendo ante el Comité contra la Tortura de la ONU, quien revisará el cumplimiento del Estado de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La revisión de Venezuela por el Comité no podía ocurrir en un momento más relevante. En los últimos meses, en el contexto de protestas contra y a favor del gobierno, ha sido evidente el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden y decenas de manifestantes han denunciado haber sido objeto de torturas y otros tratos crueles. Estas graves denuncias se producen a menos de un año de que entrara en vigor la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el país. Es un gran avance la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en la ley, al igual que los importantes esfuerzos de reformar los cuerpos policiales y adecuar su formación y protocolos a los estándares internacionales. Sin embargo, se siguen denunciando torturas y otros tratos crueles que, en su mayoría, quedan en la impunidad, lo cual muestra que el Estado está aún lejos de cumplir con sus obligaciones internacionales. Las organizaciones abajo firmantes han presentado información al Comité en la que se evidencia cómo en estos diez años la práctica de la tortura y otros tratos crueles por parte de funcionarios de distintos cuerpos de seguridad del Estado siguen siendo común. Asimismo las organizaciones firmantes especifican que en la mayoría de los casos los perpetradores no son llevados ante la justicia y las víctimas no tienen acceso a reparación. Víctimas de estas graves violaciones a los derechos al igual que las defensoras y los defensores de derechos humanos son con frecuencia hostigadas. La información enviada al Comité resalta además las violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, la falta de implementación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la falta de protección a los derechos humanos de grupos específicos como las personas refugiadas o solicitantes de refugio, grupos de lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) y Pueblos Indígenas. Mañana y el 7 de noviembre, el gobierno venezolano tiene la oportunidad de mandar una señal pública, clara e inequívoca de rechazo a cualquier acto de tortura e indicar las medidas que tomará para poner fin a la impunidad y garantizar el derecho de las víctimas a reparación y rehabilitación. Las graves denuncias recibidas en estos diez años muestran claramente como el Estado debe continuar y profundizar la reforma de las fuerzas del orden para adecuar su actuación a los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y el trato a las personas detenidas y recluidas. Se debe además reforzar las salvaguardas para garantizar el derecho a la integridad física y psicológica de todas las personas detenidas y recluidas y, en particular, de todas las personas sometidas a detención o reclusión en condiciones que constituyen tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas, o degradantes en retenes policiales y establecimientos penitenciarios. Venezuela debe mostrar su compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos no sólo tomando medidas urgentes para poner fin a la tortura y a otros tratos crueles, sino cumpliendo con las recomendaciones de organismos internacionales y regionales de derechos humanos y abriéndose a su escrutinio. Las organizaciones abajo firmantes exhortan a Venezuela a extender una invitación al Relator contra la Tortura y a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La lucha contra la impunidad debe pasar por reconocer nuevamente la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos asegurando así que cualquier persona que haya visto sus derechos vulnerados y no haya obtenido protección en el sistema de justicia nacional pueda acudir a esta instancia interregional para ver garantizado su derecho a la verdad, justicia y la reparación. Las asociaciones firmantes son: Amnistía Internacional, Asociación Civil Fundación Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ), Venezuela Diversa Asociación Civil Cátedra de Derechos Humanos y Proyecto RedDes de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela, Comisión Inter-Institucional de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, de la Escuela de Derecho de la Universidad Rafael Urdaneta,Comité de Familiares de las Victimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC), El Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT), Foro por la Vida, Nueva Esparta en Movimiento, Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas.
