Una nueva investigación realizada por Amnistía Internacional ha mostrado la explotación que sufren en Austria las migrantes que trabajan en la prestación de cuidados —increíblemente mal pagadas, discriminadas y con jornadas de trabajo excesivamente largas—, que pone a algunas al borde del colapso. La gran mayoría de las personas que trabajan como internas cuidando a personas ancianas son trabajadoras migrantes de Europa Central y Oriental, a menudo sometidas a diversas formas conexas de discriminación y abuso. Personas que trabajan en la prestación de cuidados dijeron a Amnistía Internacional que los salarios injustos, la falta de permiso remunerado por enfermedad y los descansos insuficientes ya eran una realidad cotidiana incluso antes de la pandemia, pero la COVID-19 ha hecho que sus condiciones de trabajo resulten insoportables.
“El trabajo de cuidadora o cuidador interno es emocional y físicamente agotador incluso cuando las condiciones son buenas, pero es que durante la pandemia muchas cuidadoras migrantes trabajaron horas y turnos excesivos durante meses seguidos. Además, desempeñan esta labor esencial cobrando menos del salario mínimo garantizado en Austria”, ha afirmado Marco Perolini, investigador regional sobre Europa Occidental de Amnistía Internacional.
“En la actualidad, las trabajadoras migrantes están infracompensadas e infraprotegidas. Pedimos a las autoridades austriacas que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos y garanticen unas condiciones laborales justas y seguras para todas las personas cuidadoras internas, asegurándose que los derechos de las mujeres migrantes están protegidos en igualdad de condiciones”.
La población de Austria está envejeciendo —más del 25% tendrá más de 65 años en 2040— y por consiguiente tiene una necesidad creciente de personas que trabajen en la prestación de cuidados. Además de personas que trabajan en residencias, familiares que prestan cuidados de manera informal y profesionales de la salud, en Austria hay unas 60.000 personas que cuidan a ancianos o ancianas viviendo en su domicilio. El 92% de ellas son mujeres y el 98%, migrantes, principalmente de Rumania y Eslovaquia.
La primordial función que desempeñan las personas internas que proporcionan cuidados no está valorada económica, social ni políticamente. En Austria, a las mujeres se les paga por lo general un 20% menos que a los hombres. A las personas trabajadoras migrantes se les paga un 25% menos que a las que tienen la ciudadanía austriaca, y cuando se trata de mujeres, la diferencia entre migrantes y no migrantes es de un 25,8%. A menudo, el sueldo que reciben las mujeres migrantes que prestan cuidados a personas ancianas no llega al salario mínimo. Por ejemplo, el sueldo medio que reciben las cuidadoras eslovacas en Austria es de 10.080 euros al año, mientras que el salario mínimo anual de sus colegas austriacas contratadas es de 17.484 euros.
Las personas internas que realizan trabajos de prestación de cuidados en Austria suelen alternar periodos de trabajo de dos o cuatro semanas, y muchas mujeres migrantes regresan a sus países de origen durante sus periodos de descanso. Las restricciones sobre los viajes internacionales durante la pandemia de COVID-19 tuvieron un efecto especialmente negativo para ellas, que en muchos casos debieron ampliar sus periodos de trabajo en Austria. Al restringirse también las visitas de familiares y amistades de las personas a las que cuidan, numerosas cuidadoras migrantes han tenido que trabajar muchas horas, a menudo semanas enteras, y estar de servicio las 24 horas. La mayoría no están protegidas contra estas jornadas laborales excesivas, pues son trabajadoras por cuenta propia, y a muchas esta situación les ha provocado estrés y agotamiento.
Eszther, rumana, explicó:
“Tendría que haber vuelto a casa el 21 de marzo [de 2020], pero me tuve que quedar. Para mí fue muy difícil, porque no tuve ningún periodo de descanso. ¡Y esos descansos son fundamentales! Por las noches salía de la casa donde trabajaba para respirar al aire libre. Durante el confinamiento trabajé tres meses y medio seguidos. Entonces también tuve problemas con mi agencia. No me llamaron y e interrumpieron mis ingresos. Me vine abajo y tuve que ir al médico.”
Si bien las autoridades austriacas implementaron ciertos mecanismos de ayuda relacionados con la COVID-19 para las personas que trabajaban internas en la prestación de cuidados, éstas no siempre pudieron acceder a ellos debido a algunos de los requisitos exigidos, como tener una cuenta en un banco austriaco, cosa que muchas no cumplen.
En muchos casos, las cuidadoras internas son clasificadas erróneamente como trabajadoras por cuenta propia. Tienen poca autonomía para negociar su remuneración y sus pautas de trabajo, porque, como trabajadoras domésticas, trabajan bajo la supervisión de las personas ancianas a las que cuidan o de sus familiares. Además, las agencias de colocación actúan como intermediarias entre ellas y sus clientes, desempeñando a menudo un papel fundamental a la hora de decidir tareas y remuneración sin dar a las trabajadoras ninguna oportunidad para hablarlo y negociar.
La situación de las cuidadoras internas se agrava aún más por el hecho de que sólo las que trabajan por cuenta ajena disfrutan del salario mínimo, de protección de su jornada laboral y de acceso a permiso remunerado por enfermedad. El 98% de las cuidadoras internas que trabajan por cuenta propia no tienen garantizado ninguno de estos derechos humanos.
“No queremos trabajar por cuenta propia. Las personas que trabajan por cuenta ajena tienen más derechos. Como autónoma, no tienes ningún derecho, solo obligaciones. Ni vacaciones pagadas, ni prestación por desempleo. Queremos poder acudir a algún sitio cuando tenemos problemas”, afirmó Dora, cuidadora rumana.
La situación de las cuidadoras internas en Austria es un claro ejemplo del desproporcionado impacto que tiene el trabajo precario sobre las trabajadoras migrantes. En toda Europa, es más probable que sean mujeres, jóvenes, migrantes y personas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas quienes realicen trabajos de media jornada, a corto plazo y sin la seguridad de un contrato, sin acceso adecuado a permiso remunerado por enfermedad, baja por maternidad, vacaciones pagadas y otras prestaciones.
“En Europa cada vez hay más personas que trabajan en condiciones precarias, también en el sector de la prestación de cuidados. Todo el mundo tiene derecho a unas condiciones de trabajo seguras y a un sueldo justo. Nos solidarizamos con las migrantes que trabajan como cuidadoras internas y pedimos a las autoridades austriacas que amplíen la protección del salario mínimo y la protección de la jornada laboral a todas las personas que trabajan internas en la prestación de cuidados, que refuercen las inspecciones de trabajo y que proporcionen asesoramiento y recursos contra la discriminación y el abuso en el trabajo”, ha declarado Marco Perolini.
