La DANA del 29 de octubre de 2024 dejó una huella devastadora en la Comunitat Valenciana: 228 personas fallecidas, miles de viviendas destruidas y barrios enteros anegados, especialmente en el entorno del barranco del Poyo. Un año después, las causas estructurales siguen sin resolverse. Basado en el informe de Amnistía Internacional “Llueve sobre mojado”, recogemos diez preguntas y respuestas para entender qué falló, qué se ha hecho y qué sigue pendiente en la reconstrucción, la vivienda y la protección de los derechos humanos.
1. ¿Por qué hubo tantos daños si ya se sabía que la zona era inundable?
Muchas de las viviendas afectadas por la DANA se encontraban en zonas que el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA) ya había catalogado como inundables. El plan distingue seis niveles de riesgo y abarca unas 145.000 hectáreas, donde viven alrededor de 600.000 personas, casi el 12% de la población valenciana. El Plan identificó 278 zonas con riesgo de inundación en la región, situando al barranco del Poyo y al de Pozalet, ambos entre los más afectados por la DANA, en el sexto lugar del ranking de peligrosidad.
Aun con ese diagnóstico claro, durante años se siguió construyendo en zonas de peligro sin medidas adecuadas de prevención o adaptación. Varios ayuntamientos otorgaron licencias en áreas que el propio plan consideraba inundables.
En Paiporta, por ejemplo, todas las viviendas están dentro de zonas de riesgo, y aun así en 2023 se pusieron en marcha nuevas promociones inmobiliarias.
El problema no es nuevo. Desde los años sesenta, la comarca de l’Horta Sud ha crecido rápida y desordenadamente, con una expansión urbana e industrial sin la planificación adecuada. Ese modelo aumentó la exposición de la población a lluvias torrenciales y otros fenómenos extremos. De hecho, las casas más dañadas se levantaron sobre ramblas y barrancos, lugares donde nunca debería haberse permitido construir.
El barranco del Poyo, desbordado durante la DANA, sigue siendo una de las zonas más vulnerables por la falta de inversión en infraestructuras hidráulicas y planificación urbana. © picture alliance/dpa/Revierfoto | Revierfoto
2. ¿Se ha aprendido algo o se ha cambiado la normativa tras la DANA?
Un año después de la DANA, no se ha aprobado la revisión del PATRICOVA ni la normativa estatal sobre gestión del riesgo de inundaciones. El plan sigue en proceso de revisión y la Ley 2/2025 de medidas urbanísticas urgentes establece que su aprobación definitiva deberá realizarse antes de abril de 2026.
Lejos de endurecer las normas, las autoridades autonómicas han impulsado un “urbanismo exprés” mediante la Ley 2/2025 y el Decreto Ley 20/2024. Estas disposiciones flexibilizan los trámites urbanísticos y permiten seguir aprobando proyectos en municipios afectados mientras se actualizan las cartografías de riesgo.
El preámbulo de la Ley 2/2025 reconoce la intención de “lograr un equilibrio entre no desarrollar suelos con riesgo de inundación y facilitar el crecimiento económico de los municipios”. En la práctica, esta lógica prioriza el crecimiento sobre la seguridad y omite un análisis riguroso de los riesgos, lo que puede aumentar la vulnerabilidad de la población en las zonas más expuestas.
De hecho, ya se están aprobando proyectos bajo este marco de flexibilización. En Massanassa, el ayuntamiento ha aprobado la licencia ambiental de un proyecto de edificación situado a solo 200 metros de la rambla del Poyo. En Aldaia se proyecta un parque de innovación, y también se ha aprobado la reconstrucción de los accesos al centro comercial Bonaire.
“Durante años se permitió construir sobre ramblas y barrancos, lugares donde nunca debería haberse levantado una sola vivienda.”
3. ¿Se está reconstruyendo todo lo perdido?
La reconstrucción avanza a dos velocidades muy distintas.
Por un lado, la prevención y la planificación siguen siendo lentas: no se ha aprobado la revisión del PATRICOVA, no se ha reformado la normativa estatal sobre riesgo de inundaciones y los proyectos de infraestructuras hidráulicas preventivas continúan pendientes.
Por otro, el urbanismo y las nuevas licencias avanzan con rapidez, impulsados por la Ley 2/2025, que crea los llamados “proyectos de reconstrucción local”. Esta figura permite levantar viviendas nuevas en solares vacíos y reconstruir edificaciones incluso cuando están fuera de lo establecido en el planeamiento municipal.
A esta situación se suma la falta de datos claros sobre el alcance real de la reconstrucción. Ninguna administración ha publicado una cifra única y consolidada de viviendas afectadas o rehabilitadas.
La Generalitat Valenciana informó de 15.969 viviendas dañadas; el Consejo Económico y Social, de 11.242; y el Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido hasta el 18 de septiembre 76.481 solicitudes de indemnización en Valencia. Con tales diferencias, resulta imposible determinar con precisión cuántas viviendas han sido afectadas y cuáles de ellas están siendo o han sido realmente recuperadas.
Decenas de vehículos quedaron sepultados en un socavón del barranco del Poyo, uno de los puntos más afectados por las inundaciones que causaron la muerte de 228 personas. © picture alliance/dpa/Revierfoto | Revierfoto
4. ¿Por qué tanta gente sigue sin vivienda o con ayudas insuficientes?
El sistema de ayudas ha resultado complejo, descoordinado e insuficiente. Las personas afectadas se han enfrentado a una burocracia densa, a información confusa y a apoyos económicos claramente limitados.
La tramitación se convirtió en un laberinto. Tanto las personas damnificadas como el personal técnico de los ayuntamientos denunciaron la complejidad de los procedimientos. Muchas familias reconocen que no pudieron gestionarlas por sí mismas y necesitaron apoyo de gestores o amistades.
A esto se sumó el silencio administrativo y la falta de coordinación institucional. El Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo, pero en la Comunitat Valenciana) advirtió de que la falta de cooperación entre administraciones, unida a la “carrera por visibilizar las diferentes ayudas”, generó confusión y desinformación. Como consecuencia, por ejemplo, muchas personas no solicitaron las ayudas estatales porque creyeron erróneamente que eran incompatibles con las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros.
Por otro lado, la ayuda máxima de 800 euros mensuales durante doce meses para el alquiler se ha mostrado insuficiente. Antes de la DANA, el alquiler medio en los municipios de l’Horta Sud ya superaba los 915 euros, y el alquiler de temporada alcanzaba los 1.100. Tras el desastre, los precios subieron un 18%, dificultando aún más el acceso a una vivienda digna dentro del límite subvencionado.
A todo ello se añade la escasez de vivienda social. En Paiporta, con más de 25.000 habitantes, solo existen 8 viviendas públicas; en Torrent, 65; y en Aldaia, 22. Además, la mayoría del parque de vivienda social de la Comunitat Valenciana no está ubicada en los municipios más afectados, lo que deja a muchas familias sin una alternativa real de reubicación en el entorno donde tienen su arraigo.
“Muchas personas migrantes quedaron fuera de las ayudas por no tener papeles, contrato o empadronamiento, aunque perdieron sus casas igual que el resto.”
5. ¿Las personas migrantes se han visto afectadas en mayor medida?
Más de 60.000 personas migrantes resultaron afectadas por las inundaciones pero muchas, especialmente aquellas en situación administrativa irregular, quedaron excluidas del sistema de ayudas por barreras estructurales como la falta de empadronamiento, documentación, cuenta bancaria o contrato de alquiler.
El empadronamiento fue el principal obstáculo. Para tramitarlo se exige un contrato de alquiler vigente y el último recibo de pago, requisitos difíciles de cumplir para quienes viven en habitaciones o viviendas compartidas. A ello se suman los largos plazos de espera para obtener un empadronamiento especial y el temor a la presencia policial durante las verificaciones domiciliarias. Como resultado, muchas personas no pudieron acceder a los servicios sociales ni a las ayudas públicas.
El caso de las mujeres trabajadoras del hogar y de cuidados fue especialmente grave. Muchas vivían en los domicilios donde trabajaban, dentro de los municipios afectados, pero no estaban empadronadas en esas viviendas, lo que las dejó fuera de los registros administrativos y, por tanto, sin acceso a las ayudas.
En febrero de 2025, el Gobierno central aprobó una regularización extraordinaria para personas extranjeras afectadas, pero la medida resultó insuficiente y contradictoria. Uno de los requisitos era el empadronamiento o tener cita para ello antes del 4 de noviembre de 2024, lo que excluyó de nuevo a quienes no habían podido hacerlo a tiempo. Hasta octubre de 2025 se habían resuelto 33.044 expedientes, aunque se desconoce cuántas personas quedaron finalmente sin regularizar.
El barro se convirtió en símbolo de la catástrofe: miles de personas lo retiraron de sus calles, casas y escuelas, en un esfuerzo colectivo por recuperar la normalidad. © picture alliance/dpa/Revierfoto | Revierfoto
6. ¿Qué pasa con barrios como El Xenillet o La Mancha (Torrent)? ¿Por qué siguen tan mal?
Los barrios de El Xenillet y La Mancha, en Torrent, se han convertido en ejemplos claros de una gestión deficiente tras la DANA.
De las 117 viviendas inspeccionadas por el Ayuntamiento, 95 estaban en El Xenillet, la calle Albacete y la calle Murcia, las zonas más afectadas.
Muchas viviendas fueron demolidas sin información suficiente sobre indemnizaciones, destino de los terrenos o alternativas habitacionales. A ello se suman problemas sanitarios persistentes, especialmente en el alcantarillado que no drena de manera eficaz el agua y el agua potable, ya que las personas que residen en el barrio de la Mancha denuncian que cuando llueve, sale agua turbia de los grifos, lo que expone a la población a riesgos para la salud. Las personas que viven allí expresan miedo y malestar por el estado del barranco, convencidas de que una nueva lluvia torrencial podría provocar otro desbordamiento. El tendido eléctrico y las vallas de protección tampoco se han restablecido completamente.
La situación se agrava por la falta de información sobre indemnizaciones y la exclusión de muchas familias de las ayudas públicas. La precariedad económica previa, unida a los retrasos en la reconstrucción y a las barreras administrativas, ha profundizado su marginación. Numerosas personas no tenían seguro del hogar, y quienes perdieron su vivienda han recibido las ayudas de la Generalitat Valenciana y del Gobierno central, aunque no han recibido la ayuda máxima del Gobierno central, fijada en 60.480 euros.
Los obstáculos administrativos también han dificultado el acceso a las ayudas. En estos barrios, la acreditación de la titularidad y la residencia es especialmente compleja, ya que la transmisión de la propiedad no siempre se ha formalizado legalmente.
Entre la población gitana, además, es común que muchas personas permanezcan empadronadas en la vivienda de sus padres, aunque vivan en otra, lo que las deja fuera de los registros oficiales y sin posibilidad de recibir apoyo institucional.
7. ¿Quién tiene la responsabilidad?
El informe de Amnistía Internacional atribuye la responsabilidad de lo ocurrido a tres niveles de la administración, con competencias distintas pero claramente identificables.
Las administraciones locales han permitido durante años la construcción en zonas inundables, pese a los riesgos conocidos. Muchos de los municipios afectados no han actualizado sus planes urbanísticos desde hace décadas: Utiel (1987), Paiporta (1998), Picanya (1998), Catarroja (2011), Benetússer (1989), Massanassa (1990), Torrent (1990) y Valencia (1988). Esta falta de actualización ha perpetuado un modelo urbano que ignora los criterios básicos de prevención y adaptación al riesgo.
El Gobierno autonómico también tiene una parte importante de responsabilidad por no haber adoptado medidas de adaptación al cambio climático en las zonas inundables, ni aprobado la revisión del PATRICOVA y por haber impulsado el “urbanismo exprés” a través de la Ley 2/2025. Un año después de la DANA, el plan sigue en revisión y su aprobación no está prevista hasta abril de 2026. Además, entre 2006 y 2021, la inversión en infraestructuras hidráulicas se redujo en un 83%, lo que ha limitado gravemente la capacidad de prevención ante fenómenos extremos.
El Gobierno central, por su parte, no ha reformado la normativa estatal sobre riesgo de inundaciones ni ha logrado coordinar ayudas efectivas. Aunque la Propuesta de Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones prevé la revisión de la cartografía de peligrosidad y la reforma del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ninguna de estas medidas se ha aprobado aún, pese al tiempo transcurrido.
Finalmente, el informe recuerda que esta falta de acción por parte de los tres niveles de administraciones, implica incumplimientos de obligaciones jurídicas internacionales en materia de adaptación climática y derecho a la vivienda. La adaptación al cambio climático no es una opción política: es una obligación legal, y su incumplimiento deja a miles de personas expuestas a riesgos previsibles.
La Unidad Militar de Emergencias (UME) y los servicios locales trabajaron durante semanas para despejar las calles y rescatar a personas afectadas por las inundaciones. © picture alliance/dpa/Revierfoto | Revierfoto
8. ¿Qué relación tiene esto con el cambio climático?
El informe analiza en profundidad la conexión entre la DANA y el cambio climático, mostrando cómo el calentamiento global ha amplificado tanto su intensidad como sus efectos.
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) advierte de que el calentamiento global intensifica el ciclo del agua, lo que provoca precipitaciones más intensas y sequías más severas. En una atmósfera más cálida, el aire retiene más vapor de agua, aumentando la probabilidad de lluvias extremas en periodos muy cortos. Durante la DANA, en municipios como Turís, se registraron precipitaciones extraordinarias en apenas unas horas, una evidencia clara de este fenómeno.
El informe subraya que la especial devastación de los efectos de la DANA estuvo motivada por una crisis climática entrelazada con una crisis estructural de vivienda. La Organización Meteorológica Mundial destaca que los impactos de los fenómenos extremos dependen también de factores como la urbanización desordenada, la gestión del suelo y del agua o la pobreza, todos ellos presentes en la Comunitat Valenciana.
Por último, el informe denuncia una falta de de medidas de adaptación adecuadas. La creciente frecuencia de depresiones como la DANA y la probabilidad de que esta tendencia continúe exigen una planificación territorial adaptada al nuevo contexto climático. Sin embargo, las autoridades estatales y autonómicas valencianas aún no han actuado con la urgencia ni la ambición necesarias para proteger a la población.
“La adaptación al cambio climático no es una opción política: es una obligación legal que las autoridades están incumpliendo.”
9. ¿Qué se puede hacer para evitar que vuelva a pasar?
El informe plantea una serie de medidas estructurales que deben asumirse como prioridad política y legal para evitar que catástrofes como la desencadenada por la DANA se repitan.
En primer lugar, es necesario reorientar la planificación urbana bajo un enfoque de derechos humanos. Según el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030), los Estados tienen la obligación de prevenir y reducir los riesgos asociados a fenómenos climáticos extremos. Esto implica disminuir la exposición y la vulnerabilidad de la población, e integrar la reducción del riesgo en todas las políticas de desarrollo.
El informe insiste también en que la adaptación climática debe ser obligatoria en todo planeamiento urbanístico. El derecho a la vivienda no puede entenderse de forma restrictiva: una vivienda adecuada debe ser habitable y segura, capaz de proteger frente a lluvias intensas y riesgos estructurales.
Los Estados deben dar prioridad a quienes viven en zonas propensas a fenómenos extremos, garantizando su reubicación o la mejora de sus condiciones habitacionales.
Otra medida urgente es recuperar la inversión pública en infraestructuras hidráulicas, que entre 2006 y 2021 se redujo en un 83%. Diversos estudios señalan que, a partir de 2009, la provincia de Valencia sufrió una drástica disminución de la inversión, consecuencia directa de los ajustes presupuestarios tras la crisis económica. Esa falta de inversión ha dejado obsoletos muchos sistemas de prevención y contención.
El informe recuerda además que existen proyectos históricos paralizados desde los años noventa, como los destinados a intervenir en los barrancos del Poyo, Torrente, Chiva y Pozalet. Solo la fase I, redactada en 1994, se ejecutó entre 2003 y 2006. Las fases II, III y IV, redactadas en 2009 y con declaración ambiental favorable en 2011, nunca se llevaron a cabo, y su autorización caducó sin ejecutarse. A 29 de octubre de 2024, día de las inundaciones, ninguna de esas obras había comenzado.
Por último, el informe subraya la necesidad de reforzar el parque público de vivienda social. La falta de viviendas asequibles es una carencia estructural que, según el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda, empuja a las familias con menos recursos a vivir en zonas expuestas a inundaciones.
El agua y el barro arrasaron viviendas y garajes en Catarroja y Paiporta, los municipios con más víctimas mortales registradas tras la DANA, según el informe de Amnistía Internacional. © picture alliance/dpa/Revierfoto
10. ¿Qué pide Amnistía Internacional concretamente?
El informe de Amnistía Internacional formula una serie de recomendaciones específicas a corto, medio y largo plazo para garantizar una respuesta eficaz, justa y basada en derechos humanos.
🔹 A corto plazo:
Autoridades autonómicas y municipales valencianas: moratoria y actualización del PATRICOVA
- Moratoria inmediata: suspender de forma urgente todos los proyectos urbanísticos en los municipios afectados por la DANA hasta que se apruebe la revisión del PATRICOVA y se realicen estudios detallados de riesgo a nivel local.
- Revisión urgente del PATRICOVA: aprobar cuanto antes una versión actualizada del plan, con cartografía de riesgos adaptada al cambio climático.
- Participación de las personas afectadas y las asociaciones que las representan en la toma de decisiones sobre la reconstrucción
Autoridades centrales:revisión de la cartografía de peligrosidad nacional y reforma del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Autoridades municipales valencianas: acceso a servicios y protección sin discriminación.
- Eliminar las barreras administrativas que dificultan el empadronamiento de personas migrantes en situación irregular.
- Abrir un periodo extraordinario para solicitar ayudas a quienes quedaron fuera por no estar empadronados.
- Garantizar la no discriminación, directa o indirecta, asegurando que todas las personas migrantes, con independencia de su situación administrativa, puedan acceder a las ayudas públicas.
🔹 A medio y largo plazo:
Autoridades centrales, autonómicas y locales:
- Sistema de ayudas con enfoque de derechos humanos: el sistema actual no ha ayudado lo suficiente a quienes viven en las condiciones más precarias. Amnistía Internacional propone que las ayudas se reconozcan como un derecho, no como un favor administrativo, y que se sustituyan los procesos burocráticos complejos por un régimen de protección social permanente, dentro del marco de la llamada “protección social adaptativa”.
- Revisión del sistema de protección social ante emergencias: mejora de la coordinación interinstitucional y evaluación del actual sistema de protección social frente a fenómenos meteorológicos extremos, teniendo en cuenta tanto eventos pasados como riesgos futuros en el contexto del cambio climático.
Garantías para el derecho a la vivienda:
Incremento del parque público de vivienda social: aprobar un plan estratégico con calendario definido para ampliar progresivamente el parque de vivienda social en alquiler, incorporando esta meta en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con financiación suficiente y criterios anuales de incremento hasta alcanzar la media europea del 9% de vivienda social lo antes posible, garantizando acceso a vivienda digna y segura.
Declaración de zonas tensionadas para garantizar la aplicación de medidas de regulación del mercado de alquiler como establece la Ley de Vivienda.
Reducción de la exposición al riesgo: revisar la cartografía de peligrosidad de las zonas de riesgo, reformar la normativa urbanística con el objetivo de revisar la clasificación de los terrenos situados en zonas inundables y reclasificarlos como suelo no urbanizable y establecer en planes y normativa autonómica medidas de adaptación para proteger las viviendas ya existentes en las zonas de riesgo y reglamentar códigos de edificación que detallen las mismas.
- Mitigación y adaptación frente al cambio climático: elevar los objetivos de reducción de emisiones asegurando que las medidas asociadas garantizan los derechos humanos de todas las personas, adoptar legislación climática a nivel autonómico y municipal que incluya planes de adaptación climática.
- Participación efectiva de las personas afectadas por los impactos del cambio climático y las organizaciones y movimientos que las representan en los procesos de toma de decisiones relacionadas con el cambio climático y el derecho a la vivienda.
