Un año después del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, las señales de alarma se multiplican. Según documentamos desde Amnistía Internacional, el país atraviesa una peligrosa deriva autoritaria con consecuencias que se extienden más allá de sus fronteras.
En el informe Ringing the Alarm Bells: Rising Authoritarian Practices and Erosion of Human Rights in the United States, publicado en enero de 2026 tras el primer año del segundo mandato de Trump, se analiza cómo las políticas y prácticas impulsadas están socavando libertades fundamentales como la libertad de expresión, de prensa y de reunión pacífica, al tiempo que aumentan los riesgos para periodistas, activistas, estudiantes, personas migrantes y quienes disienten.
Lejos de ser decisiones aisladas o coyunturales, Amnistía Internacional identifica un patrón sistemático de prácticas autoritarias que se refuerzan entre sí y amenazan con normalizar la represión, la discriminación y la impunidad. Un patrón que no solo redefine el rumbo interno de Estados Unidos, sino que también debilita los estándares internacionales de derechos humanos y alienta retrocesos similares en otros países.
Manifestante durante una protesta en Lafayette Park, en Washington, contra las políticas de Donald Trump y el retroceso de derechos civiles. © Jen Golbeck/SOPA/SIPA
¿Qué es la deriva autoritaria de Trump?
Amnistía Internacional no habla de “autoritarismo” en abstracto, sino de un patrón de prácticas autoritarias: tácticas que quienes están en el poder utilizan para silenciar a la gente, limitar el espacio cívico, concentrar poder, debilitar el Estado de derecho y violar derechos humanos.
En Estados Unidos, estas prácticas no han aparecido de golpe ni “con tanques en la calle”, sino como una erosión gradual: intimidación y restricciones a la prensa, castigo a la protesta, ataques a la sociedad civil y a las universidades, uso abusivo de la maquinaria legal y administrativa, y debilitamiento de los controles sobre la actuación del gobierno. Según documenta Amnistía Internacional, la administración Trump está “resquebrajando los pilares de una sociedad libre”: el espacio cívico, la separación de poderes y las garantías básicas del Estado de derecho.
Esta deriva importa porque, cuando la prensa deja de poder informar libremente, cuando protestar se vuelve peligroso y cuando los tribunales y los mecanismos de supervisión son atacados o cooptados, resulta cada vez más difícil frenar los abusos y revertir el retroceso en derechos. Para cuando los daños son evidentes, las instituciones diseñadas para limitar el poder ya pueden estar comprometidas, y las violaciones de derechos dejan de ser excepciones para convertirse en parte del funcionamiento ordinario del Estado.
“Cuando los gobiernos concentran poder, controlan la narrativa pública y debilitan tribunales independientes, otros líderes toman nota y replican las tácticas.”
Las 12 señales de la deriva autoritaria bajo Trump
En Amnistía Internacional hemos identificado doce prácticas autoritarias interconectadas que, juntas, dibujan la deriva autoritaria de la administración Trump. Son las siguientes:
1. Libertad de prensa y acceso a la información socavados
El gobierno de Trump presiona y castiga a los medios que considera críticos, restringe el acceso a información clave y, como documentan sus frases más incendiarias, trata de imponer una narrativa única desde el poder. Esto incluye la exclusión selectiva de determinadas redacciones de espacios oficiales, amenazas financieras a medios públicos y el debilitamiento de estructuras que sostienen emisoras internacionales como la Voz de América.
El caso del periodista salvadoreño Mario Guevara, detenido mientras cubría protestas y posteriormente deportado, muestra cómo incluso el sistema migratorio se utiliza como herramienta para silenciar a la prensa incómoda. Cuando la información se bloquea, las violaciones de derechos humanos se vuelven más difíciles de denunciar y de frenar.
Manifestación en Foley Square, Nueva York, en apoyo a Mahmoud Khalil, detenido por ICE tras participar en protestas pro-Palestina en la universidad. © Lev Radin/PACIFIC PRESS/SIPA
2. Castigo a la libre expresión y a la protesta
En lugar de proteger la protesta pacífica, el gobierno recurre a la vigilancia, las detenciones y, en ocasiones, a fuerzas militarizadas para criminalizar el disenso. Amnistía documenta los casos de Mahmoud Khalil y Leqaa Kordia, detenidos y sometidos a procesos de deportación tras participar en protestas pacíficas en contra del genocidio en Gaza en la Universidad de Columbia. La escala es alarmante: en 2025, la administración revocó más de 6.000 visas de estudiantes por su activismo político identificado a través de vigilancia de redes sociales.
3. Coerción a la sociedad civil y a las universidades
La administración Trump instrumentaliza narrativas de “seguridad” y “terrorismo” para presionar a organizaciones sociales y universidades, condicionando su financiación y su margen de actuación. Se emitieron órdenes de suspensión de trabajo a agencias de reasentamiento de personas refugiadas y se impulsó el llamado Pacto por la Excelencia Académica, que ofrecía fondos federales a cambio de limitar la autonomía universitaria y los compromisos de diversidad.
Universidades de referencia como Harvard fueron objeto de ataques políticos y amenazas contra su estatus fiscal, enviando el mensaje de que sostener espacios académicos críticos puede tener un coste.
4. Normalización de represalias contra críticos y opositores
Personas con cargos institucionales que investigan abusos o cuestionan al presidente han tenido que hacer frente a represalias sistemáticas: investigaciones selectivas, despidos, retirada de credenciales y acusaciones infundadas. Casos como los de la Fiscal General del Estado de Nueva York Letitia James o el ex director del FBI James Comey, posteriormente desestimados por los tribunales, ilustran este patrón.
Al mismo tiempo, se otorgó clemencia a personas seguidoras de Trump implicadas en el asalto del 6 de enero de 2021, reforzando una peligrosa combinación de castigo a críticos e impunidad para aliados.
5. Ataques a jueces, abogadas y al sistema judicial
La administración desacredita públicamente a jueces/as y tribunales que limitan sus políticas, presiona a despachos de abogados/as y trata de debilitar los mecanismos de supervisión judicial. El presidente llegó a pedir la destitución del juez James Boasberg por bloquear expulsiones masivas, y demandó colectivamente a jueces federales de Maryland que intentaban garantizar audiencias previas a deportaciones.
La magnitud del conflicto es sin precedentes: se han presentado más de 500 acciones judiciales contra políticas de Trump, mientras jueces y juezas federales han recibido al menos 131 amenazas desde octubre de 2025. Cuando la magistratura teme represalias por sus decisiones, la independencia judicial se erosiona y los derechos humanos quedan sin protección efectiva.
Manifestantes protestan contra las políticas de la administración Trump. © Paul Weaver / SOPA/SIPA
6. Desprecio por el debido proceso y expulsiones sumarias
El uso expansivo de leyes de “enemigos extranjeros” permite expulsiones sin audiencia individual ni acceso efectivo a abogado. El caso del actor y maquillador venezolano Andry José Hernández Romero, expulsado ilegalmente a El Salvador apenas dos días antes de su audiencia de asilo sin que su familia ni su defensa conocieran su paradero, equivale de facto a una desaparición forzada. Tras pasar cuatro meses en la prisión CECOT, donde denunció tortura, fue enviado de regreso a Venezuela.
Estas prácticas vulneran el derecho al debido proceso, al asilo y a no sufrir detención arbitraria.
7. Ataques a los derechos de personas refugiadas y migrantes
La política migratoria se basa en la crueldad como método disuasorio: detención masiva, separación familiar, cierre de rutas legales y condiciones degradantes en centros de detención. Instalaciones como “Alligator Alcatraz” o el centro de Krome, en Florida, presentan hacinamiento y abusos que pueden constituir tortura o malos tratos. La magnitud de esta política es abrumadora: ,Desde enero de 2025, más de 1,5 millones de inmigrantes han perdido o perderán su estatus legal temporal,quedando expuestos a detención, deportación y violaciones de derechos humanos. Esto representa la pérdida de presencia legal más rápida en la historia reciente de los Estados Unidos.
Además, la administración amplió el veto migratorio de 19 a 39 países, incluyendo a personas con documentos de viaje de la Autoridad Palestina, y restringiendo aún más las vías legales de protección. También se permitió a los agentes realizar detenciones migratorias basadas en la etnia percibida, el idioma hablado o la ocupación, prácticas que constituyen perfiles raciales prohibidos por el derecho internacional.
8. Militarización de la seguridad interna
El gobierno de Trump ha intensificado la militarización de la seguridad interna, desplegando agentes de ICE y otras fuerzas federales con equipamiento táctico en ciudades estadounidenses y convirtiendo operaciones migratorias en intervenciones de estilo militar. En Minéapolis, dos ciudadanos estadounidenses de 37 años murieron en hechos similares: Renee Nicole Good, tiroteada por un agente de ICE el 7 de enero de 2026, y Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos, que falleció tras recibir disparos de agentes federales el 24 de enero durante un operativo en esa misma ciudad. Videos y testimonios contradicen las versiones oficiales que apelan a “terrorismo doméstico” o amenazas armadas y han encendido protestas masivas contra la presencia de agentes de inmigración y la violencia letal en Mineápolis.
En varias ciudades, el gobierno llegó a desplegar o amenazar con desplegar a la Guardia Nacional para responder a protestas vinculadas a inmigración y seguridad. El sesgo no fue casual: en 6 de las 9 ciudades afectadas, las alcaldías estaban encabezadas por personas negras y contaban con grandes poblaciones afroamericanas y latinas, lo que refuerza el componente racial de esta militarización.
Manifestantes en Nueva York con pancartas de “ICE Out of NYC”, en una demostración contra las políticas de inmigración y la actuación de agencias como ICE. © Roy De La Cruz/SOPA/SIPA
9. Vigilancia masiva y uso de inteligencia artificial contra la disidencia
La administración recurre a tecnologías de vigilancia avanzada, proporcionadas por empresas como Babel Street o Palantir, para monitorear redes sociales y espacios digitales. Programas como Catch and Revoke permiten revocar visados de forma automatizada en función de la actividad política en línea.
Este uso de la inteligencia artificial inhibe la protesta, vulnera el derecho a la privacidad y convierte la expresión política en un riesgo permanente.
10. Ataques a poblaciones específicas y retroceso en la lucha contra la discriminación
El ejecutivo de Trump dirige de forma sistemática sus políticas contra colectivos específicos (migrantes, comunidades negras, personas LGBTIQ+ y mujeres) y desmantela programas de diversidad, equidad e inclusión. La orden ejecutiva "Defending Women from Gender Ideology Extremism" (20 de enero de 2025) define el sexo como "masculino o femenino" y ordena eliminar referencias a identidades trans de registros oficiales, sistemas sanitarios y educativos. Como consecuencia, el gobierno cerró la única línea nacional de prevención del suicidio para jóvenes LGBTIQ+, dejando sin un recurso esencial de apoyo y seguridad a una población ya especialmente expuesta a riesgos de violencia y suicidio. También se suspendió el acceso a atención médica de afirmación de género para menores, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos creó un portal en línea de “denunciantes” para que se informara sobre personal médico que ofrece este tipo de tratamientos a personas trans, incentivando la persecución de quienes garantizan estos cuidados. Estas medidas, entre otras, vulneran el derecho a la igualdad, la salud, la educación y, en contextos extremos, el derecho a la vida.
11. Desmantelamiento de controles sobre empresas y lucha contra la corrupción
El gobierno de Trump recorta drásticamente los recursos dedicados a investigar la corrupción: el equipo anticorrupción del Departamento de Justicia pasó de 36 a solo 2 abogados, y se cerraron más de 160 casos corporativos. También se cerraron los 42 casos e investigaciones abiertos por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), lo que podría costar a la ciudadanía más de 3.000 millones de dólares en reembolsos perdidos. En paralelo, presiona a grandes plataformas tecnológicas como Meta para relajar sus políticas de moderación: el caso documentado muestra que, semanas antes de la toma de posesión, Meta eliminó prohibiciones sobre acoso específico (como llamar "eso" a personas trans) y redujo la verificación de hechos, cambios que Trump elogió públicamente. Esta relajación permite que discursos de odio y desinformación se difundan sin restricciones, erosionando el derecho a la información verificada, la no discriminación y la seguridad de grupos vulnerables.
12. Debilitamiento de los sistemas internacionales de derechos humanos
Estados Unidos se ha retirado de organismos y acuerdos multilaterales fundamentales, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO y el Acuerdo de París, además de anunciar su salida de otras 66 organizaciones internacionales. La administración también ha impuesto sanciones contra funcionarios de la Corte Penal Internacional, incluyendo al fiscal jefe Karim Khan. En el ámbito militar, las fuentes documentan acciones unilaterales como la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Venezuela, y una serie de ataques aéreos en el Pacífico y el Caribe que causaron la muerte de más de 100 personas.
A todo ello se suma la expansión de la llamada ley mordaza global (Global Gag Rule), una política estadounidense que bloquea la ayuda internacional a organizaciones que ofrecen información o asesoramiento sobre aborto, estrangulando sistemas de salud, censurando información esencial sobre salud sexual y reproductiva y vulnerando los derechos a la salud y a la información de millones de personas, especialmente de las más pobres y marginadas. Por otro lado, el desmantelamiento de la USAID y los recortes masivos de ayuda exterior han generado un vacío que pone en riesgo la vida y la salud de millones de personas. Finalmente, el país se negó a participar en su propia revisión ante el Examen Periódico Universal de la ONU en noviembre de 2025, lo que debilita los mecanismos de rendición de cuentas.
“Las prácticas autoritarias solo enraízan cuando se permite que se normalicen.
Manifestación en San Francisco contra las políticas diplomáticas e inmigratorias de la administración Trump en enero de 2026. © Chine Nouvelle/SIPA
El efecto cascada y la defensa de los derechos humanos
La deriva autoritaria de la administración Trump no se limita al territorio estadounidense. Lo que ocurre en Estados Unidos tiene consecuencias globales, porque sigue siendo una potencia influyente cuyo comportamiento actúa como referencia para otros gobiernos. Amnistía Internacional ha documentado durante décadas un patrón recurrente: cuando los gobiernos concentran poder, controlan la narrativa pública, debilitan tribunales independientes y persiguen a periodistas y activistas, esas prácticas tienden a replicarse en otros contextos.
Por ello, la organización propone un conjunto de medidas urgentes para detener la normalización del autoritarismo. Los gobiernos y los organismos internacionales deben reforzar los mecanismos de rendición de cuentas, proteger el espacio cívico y respaldar a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas bajo represalia. La movilización es esencial: documentar violaciones, apoyar a organizaciones independientes y exigir transparencia a las instituciones públicas son formas concretas de resistencia. Las plataformas tecnológicas también deben ser presionadas para revertir cambios en sus políticas de moderación que facilitan el acoso y la desinformación.
Lo más importante es entender que las prácticas autoritarias solo enraízan cuando se permite que se normalicen. Una vez que esa normalización se consolida, revertirla se vuelve cada vez más difícil y costoso en términos de derechos humanos. Frenarlas requiere unidad, vigilancia constante y acción inmediata. Por esa razón, el momento de proteger el espacio democrático es AHORA.
