En México hay más de 128.000 personas desaparecidas. Y en medio de esa tragedia, son las madres, hermanas e hijas quienes encabezan la búsqueda. El nuevo informe de Amnistía Internacional: “Desaparecer otra vez. Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México” pone el foco en esas mujeres valientes que, además de cargar con el dolor de no saber dónde están sus seres queridos, deben hacer frente a agresiones, discriminación y una impunidad que parece no tener fin.
Madres y familiares de personas desaparecidas se movilizan para exigir verdad y justicia para las miles de personas desaparecidas en el país. © Gerardo Vieyra/NurPhoto vía Getty Images
¿Qué está pasando en México?
Mientras más de 128.000 personas siguen desaparecidas, miles de mujeres han asumido una tarea impensable: buscar a sus seres queridos con sus propias manos. Ante la omisión de las autoridades, se han organizado en más de 230 colectivos para rastrear pistas, recorrer desiertos, abrir fosas clandestinas y exigir verdad, justicia y reparación.
Pero en lugar de apoyo, lo que reciben es violencia. El nuevo informe de Amnistía Internacional revela un patrón alarmante: a estas mujeres buscadoras se las asesina, se las desaparece y se las amenaza. Al menos 16 han sido asesinadas entre 2011 y 2025; muchas otras han tenido que huir de sus hogares y todas tienen que hacer frente a la estigmatización de sus comunidades, la discriminación por ser mujeres, indígenas o migrantes, y a un profundo deterioro de su salud mental y física. Y todo esto en un contexto de impunidad casi absoluta, donde denunciar es peligroso y donde las autoridades —en lugar de proteger— muchas veces revictimizan.
Amnistía Internacional denuncia que esta violencia no es casual: busca desincentivar la búsqueda. Y exige al Estado mexicano reconocer la magnitud de la crisis, garantizar los derechos de estas mujeres y acabar con la negligencia institucional que las deja solas.
Bibiana Mendoza, integrante del colectivo Hasta Encontrarte, en Guanajuato, México. Busca verdad y justicia para las personas desaparecidas y sus familias. © Mariana Aguirre / © Amnistía Internacional
Desapariciones en México: una crisis imparable
México vive una de las peores crisis de desapariciones en el mundo. A esta tragedia se suma una crisis forense profunda con más de 72.100 cuerpos sin identificar y 5.696 fosas clandestinas. Estados como Jalisco, Tamaulipas, Estado de México y Veracruz concentran el mayor número de desapariciones. En cuanto a cuerpos no identificados, el 71,3% se encuentra en Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León. Y todo esto podría ser solo la punta del iceberg, ya que se sospecha un subregistro significativo.
Según el Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), la mayoría de las víctimas son hombres (94.196), aunque también hay mujeres (28.003) y personas no identificadas (434).Entre los grupos más vulnerables se encuentran personas defensoras de derechos humanos, periodistas, indígenas, LGBTIQ+ y migrantes. Las desapariciones de personas migrantes, aunque oficialmente son solo 267, están gravemente subregistradas, y muchos casos podrían ser desapariciones forzadas.
Las mujeres al frente de la búsqueda de personas desaparecidas
Ante la inacción del Estado mexicano, las mujeres han asumido el liderazgo en la búsqueda de sus seres queridos. La mayoría son madres, aunque también hay hermanas, parejas, hijas y amigas. Sus acciones son diversas: buscan tanto vivos como restos humanos, recorren hospitales, cárceles, albergues, centros migratorios y hasta campos abiertos donde podrían encontrarse fosas. Difunden fotos, analizan cámaras de seguridad, usan geolocalización y participan en acciones como la Caravana de Madres Centroamericanas, que desde 2004 recorre el país en busca de migrantes desaparecidos.
Además de buscar, tejen redes de apoyo, exigen justicia, realizan actos de memoria (murales, misas, protestas), y defienden los derechos humanos de quienes ya no pueden hacerlo. Por ello, el Estado mexicano tiene la obligación de reconocerlas y protegerlas como defensoras de derechos humanos, independientemente de que se identifiquen como tales.
Gracias a su lucha incansable, las familias de personas desaparecidas han logrado avances fundamentales, como la aprobación de leyes clave, la creación de fiscalías y comisiones de búsqueda, y su participación directa en políticas públicas. También han conseguido el reconocimiento legal de su derecho a participar y la conformación de consejos ciudadanos para vigilar estas políticas. Sin embargo, aún persisten grandes retos y se enfrentan a graves obstáculos.
Una mujer sostiene una tarjeta con el retrato de una persona desaparecida durante una manifestación de madres buscadoras. © Miguel Martínez/ObturadorMX vía Getty Images
Asesinatos, desapariciones, amenazas y violencia sexual
Buscar a una persona desaparecida en México es una labor profundamente peligrosa. Los asesinatos suelen ocurrir en contextos directamente relacionados con su labor: después de denunciar amenazas (ya sea públicamente o ante las autoridades), tras descubrir fosas clandestinas, identificar o señalar a presuntos responsables o al denunciar públicamente la inacción de las instituciones.
El caso de Rosario Zavala es emblemático: fue asesinada y junto a su cuerpo se dejó una cartulina donde se le acusaba de “hablar demasiado”. Rosario Lilian Rodríguez Barraza, por su parte, fue asesinada tras asistir a una misa organizada en honor a su hijo desaparecido.
A estas agresiones se suman las desapariciones, como la de Lorenza Cano en 2024, después de que un comando armado irrumpiera en su casa y asesinara a su esposo e hijo.
“Mi casa fue balaceada, fueron 100 balazos, estaba con mis hijas, fue espantoso.”
En cuanto a las amenazas, las mujeres buscadoras han sido atacadas en redes sociales o acosadas por autoridades. Muchas veces, las amenazas se materializan en vigilancia, seguimientos, hombres armados en manifestaciones pacíficas o directamente en balaceras. A pesar de pedir seguridad al gobierno, las respuestas han sido nulas o insuficientes. Otras han sufrido ataques físicos, han sido torturadas o secuestradas. También han sufrido violencia sexual o han sido víctimas de extorsión (reciben llamadas prometiendo información sobre sus familiares a cambio de dinero, generando deudas, falsas esperanzas y más sufrimiento). Todo ello en un contexto de corrupción donde las amenazas no son hechos aislados, sino parte de una violencia estructural que busca silenciarlas.
Familiares de víctimas de desaparición forzada pegan fotografías de sus seres queridos en las vallas metálicas que rodean la Glorieta de las Personas Desaparecidas, en la Ciudad de México, durante el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. © Gerardo Vieyra/NurPhoto vía Getty Images
Estigmatización y revictimización
Desde el primer momento, muchas buscadoras no son tratadas como víctimas, sino como sospechosas o culpables. Las autoridades cuestionan a quién desapareció —“se fue con el novio”, “andaba en malos pasos”— pero también a quienes buscan: “no lo cuidaste bien”, “algo habrán hecho”. O las acusan falsamente de delitos como posesión de armas o narcotráfico, incluso señalándolas como responsables de la desaparición que denuncian.
“No querían que pusiera la denuncia [de desaparición de mi hija], porque tenía que esperar 72 horas porque, según ellos, estaba con el novio muy feliz y por eso no sabíamos de ella.”
Más de la mitad (55 %, que equivale a 362 de las que contestaron el cuestionario de Amnistía Internacional) ha sufrido revictimización por parte del Estado. Y fuera de las instituciones, muchas veces también son señaladas por su entorno. La sociedad las juzga, las aísla y las culpa por romper el silencio, cuando lo que hacen es sostener la memoria y exigir justicia. Muchas se ven obligadas a desplazarse por miedo a ser atacadas, padeciendo un “doble dolor”: la pérdida de un ser querido y también la pérdida de su hogar, sus redes y sus medios de vida.
Impacto en la salud física y mental de las buscadoras
Buscar a una persona desaparecida no solo duele: también enferma. Físicamente, los diagnósticos son tan diversos como alarmantes: colitis, gastritis, hipertensión, diabetes, bruxismo, cáncer, e incluso casos extremos como desprendimiento de retina por el llanto constante. Las jornadas en campo bajo el sol, entre espinas, escombros o zonas peligrosas, agravan estos padecimientos.
“Tenía problemas para respirar, me ahogaba constantemente, tienes que ir al dentista porque pierdes la dentadura. Hay un desgaste físico y mental de buscar 15 años.”
A nivel emocional, la salud mental está quebrada: la gran mayoría sufre depresión e insomnio, y muchas conviven con ansiedad, pensamientos suicidas o una tristeza paralizante. Algunas recurren al consumo de sustancias para sobrellevar el dolor. Y aun así, muchas dejan su salud para después. Todo lo que tienen —tiempo, dinero, energía— lo invierten en encontrar a sus seres queridos. Varias mujeres mayores confiesan su mayor miedo: morir sin saber dónde están.
Lanzamiento de la campaña Buscar sin miedo en la Ciudad de México, en agosto de 2024. La iniciativa busca visibilizar y apoyar la lucha de las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos. © Amnistía Internacional
La impunidad como violencia estructural
La impunidad no solo encubre la desaparición. También perpetúa el sufrimiento de quienes buscan. Las mujeres buscadoras la viven como una doble violencia: por los casos que no avanzan y por las agresiones que sufren en total desprotección. Si ellas no presionan, los expedientes se estancan. La justicia no llega sola. El Comité Contra la Desaparación Forzada reportó que, a 26 de noviembre de 2021, solo entre el 2% y el 6% de los casos de desaparición habían sido judicializados y solo se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición a nivel nacional. Según la investigación de la organización Impunidad Cero de 2019 a 2022, la impunidad acumulada global era del 99% para el delito de desaparición. Hay estados donde no existe ni una sola sentencia. No es negligencia: es impunidad activa, diseñada para sabotear las investigaciones.
La historia de Araceli Magdalena Rodríguez Nava lo confirma: lleva 16 años buscando a su hijo, ha recibido amenazas del crimen y de funcionarios de alto nivel. Sobrevivió a un atentado en 2023 donde hombres armados desarmaron a sus escoltas y la golpearon, pidiéndole que gritara el nombre de su hijo. La Fiscalía resolvió que el ataque no estaba relacionado con su labor como buscadora, sino con un robo de vehículo, y no encontró responsables. La impunidad no es un vacío, es una maquinaria que castiga a quien exige justicia.
El papel de Amnistía Internacional
El informe de Amnistía Internacional exige al Estado mexicano que reconozca públicamente la magnitud de esta crisis de desapariciones y asuma su responsabilidad. Urge garantizar el derecho a buscar sin miedo, y actuar con políticas públicas que tengan perspectiva de género e interseccional, recursos materiales y humanos suficientes, mecanismos de protección eficaces y una verdadera reparación del daño. Las mujeres buscadoras han sostenido durante años una lucha que no les correspondía, haciendo frente solas al abandono institucional, la violencia y la impunidad. No pueden, ni deben seguir cargando con esta responsabilidad en soledad. Es hora de que el Estado deje de mirar hacia otro lado y esté a la altura de su deuda con la verdad, la justicia y la vida de quienes buscan y de quienes aún no han sido encontrados. Porque buscar no debería ser un riesgo, sino un derecho protegido.
