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Seis cosas que pasan en Emiratos Árabes Unidos, sede de la próxima Cumbre del Clima (COP28)

Por Alberto Estévez (@aestevez), analista de comercio de armas en Amnistía Internacional España,

Para la mayoría de la población española, Emiratos Árabes Unidos (EAU) sigue siendo un país desconocido, pese a su creciente importancia en la escena internacional y su pésimo historial de derechos humanos.

Quizá se haya podido oír hablar de los Emiratos en medios de comunicación españoles cuando el Rey Emérito Juan Carlos de Borbón viajó este verano desde este país (donde reside desde 2020), a Sanxenxo, la localidad pontevedresa donde navegó a bordo del “Bribón”. Sin embargo, el petro-Estado de EAU es mucho más. Forma parte del G20 y acaba de ser invitado, junto a otros países, a unirse a los “BRICS”, un organismo formado por potencias emergentes como Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. También es un importante productor de combustibles fósiles y suministra armas a partes de los conflictos en Yemen, Libia, Etiopía y Sudán.

En los próximos meses se hablará mucho él porque será la sede de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de este año (COP28), que se celebrará en Dubái entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre. Por ello conviene repasar seis cosas que pasan en EAU y que, probablemente, no te contarán en otros sitios.

1.- ¿Qué eso de la COP28 y por qué es importante?

La crisis climática es una crisis de derechos humanos que se agrava día tras día. Como muestra el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), es urgente adoptar medidas rápidas y sostenidas si se quiere contener el aumento de la temperatura media mundial dentro de los 1,5 °C, objetivo que probablemente se incumplirá antes de 2027 si no se corrige el rumbo actual de emisiones contaminantes.

En la 28ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los Estados parte de la CMNUCC deben adoptar medidas audaces y compatibles con los derechos humanos sobre el abandono gradual de los combustibles fósiles, las pérdidas y daños, la financiación climática y el balance mundial, así como para garantizar una participación pública significativa que permita el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos y la protección de los derechos humanos de todas las personas, ahora y en el futuro.

Amnistía ha hecho públicas una serie de recomendaciones para que la acción climática sea compatible con los derechos humanos como la retirada gradual —pero también rápida, justa y total— de los combustibles fósiles y la protección de un espacio cívico abierto en las reuniones climáticas.

Sultan al-Jaber, jefe del gigante petrolero estatal ADNOC y enviado climático de los EAU, durante la ceremonia de apertura de la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dhabi (ADSW), 16 de enero de 2023. © REUTERS/Rula Rouhana

2.- La política (anti) climática de EAU

EAU tiene uno de los cinco niveles más altos del mundo de emisiones per cápita de dióxido de carbono, una medida contraria a las obligaciones establecidas por el Acuerdo de París sobre el cambio climático, del que Emiratos es parte. Además, Sultan al Jaber, director ejecutivo de la empresa estatal de petróleo, ADNOC, que figura entre los mayores productores de hidrocarburos del mundo, está poniendo en práctica agresivos planes para ampliar la producción de combustibles fósiles, algo totalmente incompatible con su función de presidente de la COP28.

Mientras que, por un lado, EAU se ha comprometido a una transición a energías limpias, por otro, el planteamiento que ha adoptado no conduce a ello porque a menudo conlleva la promoción de tecnologías que no han sido probadas en la práctica, como la captura, utilización y almacenamiento de carbono, para limitar las emisiones. El presidente de la COP28 promueve un planteamiento similar en las negociaciones de este año, ya que defiende la eliminación gradual de las emisiones de combustibles fósiles, no el abandono de su producción y uso.

3.- Ausencia de espacio cívico

La sociedad civil y los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica brillan por su ausencia en Emiratos, donde la legislación prohíbe criticar al “Estado y a sus gobernantes” y castiga, incluso con cadena perpetua o pena de muerte, la vinculación a cualquier grupo opuesto al “sistema de gobierno” y “delitos” imprecisos como los “atentados contra la unidad nacional” o contra “los intereses del Estado”. Estas leyes y prácticas suprimen la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

En 2011, el gobierno respondió con una feroz represión a una petición pública firmada por cientos de ciudadanas y ciudadanos que pedían reformas democráticas: decenas de personas fueron encarceladas por el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión y de asociación.


En 2012, en un juicio colectivo y manifiestamente injusto contra 94 personas (conocidas como “los 94 de Emiratos Árabes Unidos”), 63 de ellas fueron condenadas a penas de hasta 10 años de prisión por haber reivindicado reformas y democracia. En la actualidad, al menos 55 de esos hombres permanecen arbitrariamente recluidos, meses o años después de haber cumplido sus penas de prisión.>

En marzo de 2017 Ahmed Mansoor, uno de los más destacados defensores de los derechos humanos de EAU y última persona en haber criticado libre y públicamente a las autoridades desde dentro del país, fue detenido por su activismo pacífico, incluidas sus publicaciones en las redes sociales, y más tarde condenado a 10 años de prisión acusado de “insultar el prestigio de Emiratos Árabes Unidos”.

Como las reuniones públicas requieren la aprobación del gobierno y decenas de personas críticas con el gobierno están en prisión, el gobierno ha anunciado que hará “una excepción” durante las dos semanas de la COP, en lugar de eliminar de forma permanente estas restricciones.

4.- Vigilancia digital: software espía en los teléfonos

Desde hace tiempo, el gobierno emiratí viene tratando de espiar por medios digitales a quienes defienden los derechos humanos y a otras voces críticas.

Tanto las investigaciones de periodistas y organizaciones de la sociedad civil como la sentencia judicial de un tribunal británico han concluido que, probablemente, EAU está detrás de la vigilancia digital a la que han sido sometidas numerosas figuras públicas yescritores y redactores de publicaciones internacionales.Dado el historial de Emiratos, existen razones para creer que las delegaciones y personas de la sociedad civil que asistan a la COP28 podrían ser ilegalmente sometidas a espionaje digital.

Unas mujeres pasean por Dubái, Emiratos Árabes Unidos. © REUTERS/Christopher Pike

5.- Tortura, derechos de las mujeres, personas migrantes y LGTBI

La ONU ha denunciado la existencia de “un cuadro de tortura y malos tratos contra defensores de los derechos humanos y personas acusadas de delitos contra la seguridad del Estado”. Las personas migrantes que trabajan en los EAU carecen de la protección legal adecuada contra la explotación laboral y se ven expuestas a retenciones arbitrarias y deportaciones y a la explotación laboral. Además de una anacrónica desigualdad legal entre hombres y mujeres, incompatibles con el derecho internacional, los derechos sexuales se ven coartados por una legislación que criminaliza las conductas sexuales consensuadas entre personas adultas.

6.- Armas y los conflictos de Yemen, Libia, Etiopía y Sudán

La implicación de los EAU en el conflicto de Yemen desde 2015 ha dado lugar a la comisión de crímenes de guerra y otras graves violaciones del derecho internacional, como ataques aéreos que han causado la muerte o lesiones a civiles y han destruido o dañado viviendas, hospitales, escuelas, mercados y otras infraestructuras de carácter civil, además de armar y apoyar a grupos armados locales que han cometido graves violaciones de derechos humanos. Además, ha obstaculizado los intentos de que las partes en conflicto rindan cuentas por crímenes de guerra. Por otra parte, el apoyo de los EAU a las Fuerzas Armadas Árabes Libias (LAAF) ha incluido transferencias de armas en abierta violación con el embargo de Naciones Unidas.

Según el SIPRI, la venta de armas a EAU en los últimos cinco años alcanzó la cifra de 4.200 millones de euros (unos 4.500 millones de dólares USA), pese a que su participación directa o indirecta en conflictos armados como los de Libia y Yemen lo ha involucrado en violaciones graves del derecho internacional. Tres de cada cuatro de esas transferencias fueron de EE.UU.


Por su parte, según datos oficiales, los Estados miembros de la UE autorizaron, desde 2015 hasta 2022, entre 30 y 45.000 licencias de exportación de armas anualmente, por un importe global de más de 90.000 millones de euros. El valor de las exportaciones de armas de la UE en ese período superó los 4.000 millones de euros.>

Por su parte, España, entre 2015 y junio de 2022, autorizó exportaciones de armas a EAU por un valor superior a 650 millones €. Las exportaciones de armas españolas realizadas a EAU ascendieron a cerca de 400 millones €.


Entre las armas suministradas figuran armas ligeras y pequeñas, munición como granadas de mortero, morteros y minas, bombas, torpedos, cohetes y misiles, blindados, aviones de transporte, y aviones de reabastecimiento en vuelo y helicópteros.>

Sin embargo, no todo es negativo, porque entre 2020 y 2021, España aplicó un nuevo instrumento de verificación del uso para evitar posibles desvíos a seis exportaciones de munición a EAU y reforzó las garantías del control de uso en más de 40 operaciones. Este instrumento se centra en la ubicación física de las armas en lugar del uso final. Los informes presentados a la Junta Interministerial que autoriza las exportaciones acerca de este instrumento son secretos, lo que impide el control parlamentario.

España denegó dos autorizaciones de exportación, una en el segundo semestre de 2018, de bombas de aviaciónpor valor de 176,7 millones de euros, y otra, en el primer semestre de 2022, de una licencia de electrónica de vector autopiloto para drones al Ministerio de Defensa emiratí, por valor de 125.000 euros, debido a denegaciones de otros países de la UE.

Los EAU han desempeñado un papel fundamental a la hora de impedir que las partes en conflicto en Yemen rindan cuentas por crímenes de guerra.

Desde 2015, cuando la coalición encabezada por Arabia Saudí y EAU se implicó directamente en el conflicto armado de Yemen, las fuerzas de la coalición han estado implicadas en crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional. Esto ha incluido la comisión de decenas de ataques aéreos ilegales, el suministro de armas y el apoyo a grupos armados yemeníes que han cometido graves violaciones del derecho internacional. Los EAU han desempeñado un papel fundamental a la hora de neutralizar los intentos de que las partes en conflicto en Yemen rindan cuentas por crímenes de guerra, incluso uniéndose a Arabia Saudí en 2021 para llevar a cabo una campaña de presión en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que consiguió impedir la renovación del mandato del Grupo de Expertos Eminentes, el único mecanismo de investigación internacional sobre Yemen. Amnistía Internacional y otras ONG y la ONU han documentado en torno a 300 presuntos crímenes de guerra.

Los EAU también han sido "uno de los más importantes... patrocinadores" de las Fuerzas Armadas Árabes Libias (LAAF), según las Naciones Unidas. Las LAAF ejercen un control efectivo sobre todo el este de Libia y grandes partes del sur del país. El Grupo de Expertos de la ONU sobre Libia ha descubierto que el apoyo de EAU a las LAAF incluye transferencias de armas que violan el embargo de la ONU sobre todas las transferencias de armas a Libia.

Amnistía Internacional ha documentado cómo el grupo armado Tariq Ben Zeyad, uno de los grupos armados más poderosos que operan en el marco de las LAAF, ha cometido numerosos crímenes de derecho internacional, como asesinatos de civiles, desplazamientos forzosos, violaciones y otros actos de violencia sexual, toma de rehenes y saqueos.

Un yemení inspecciona el lugar de los ataques aéreos supuestamente llevados a cabo por aviones de la coalición liderada por Arabia Saudí en Saná, Yemen. © Mohammed Hamoud/Getty Images

Igualmente, EAU proporciona armas a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) de Sudán, al igual que el comandante general Khalifa Haftar de las Fuerzas Armadas Árabes Libias, gobernante de facto de amplias zonas del este y el sur de Libia, y la fuerza militar privada rusa conocida como Wagner.

Amnistía Internacional ha denunciado la comisión de crímenes de guerra generalizados en Sudán, por lo que reclama pide un embargo de armas completo que sustituya al absurdo embargo vigente, que sólo se aplica a Darfur, no a todo Sudán y ha sido casi totalmente ineficaz desde su aplicación en 2004.

Por ejemplo, en su último informe de febrero de 2023, el propio Grupo de Expertos de la ONU sobre Sudán documentó la llegada a Darfur de un gran cargamento de armas procedentes de Libia. Esas armas incluían ametralladoras ligeras y pesadas, granadas propulsadas por cohetes, camiones 4x4 y sistemas antiaéreos.

AI ha pedido al gobierno español que suspenda las transferencias de armas a EAU y una investigación independiente sobre el uso por parte de los A330 MRTT y Eurofighter Typhoon de Airbus

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades de EAU que pongan fin al apoyo a todos los grupos armados de Yemen responsables de violaciones del derecho internacional; permitan la rendición de cuentas de los responsables de crímenes de guerra en Yemen, apoyen la creación de un órgano internacional de investigación penal para Yemen y cumplan el embargo de armas la ONU sobre Libia y dejen de suministrar armas a todas las fuerzas de ese país. Además, ha pedido al gobierno español que suspenda las transferencias de armas a EAU por el riesgo de uso para atrocidades y de desvío, así como una investigación independiente sobre el uso por parte de los A330 MRTT y Eurofighter Typhoon de Airbus.

Será interesante ver qué postura adopta el nuevo gobierno y qué medidas impulsan los grupos parlamentarios. ¿Seguirá todo igual o se suspenderán esas exportaciones?

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