Las personas migrantes y refugiadas hacinadas en el CETI de Melilla necesitan una salida inmediata de ese “limbo sin derechos” y ser acogidas en condiciones dignas y adecuadas
Traslado urgente a la península. Esta es la demanda de Amnistía Internacional que resuena de nuevo en el CETI (Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes) de Melilla, donde más de 1.600 personas migrantes y refugiadas viven hacinadas en un auténtico “limbo sin derechos” que se agrava en tiempos de coronavirus.
Su capacidad es de 782 personas, apenas la mitad de sus ocupantes actuales. Y Amnistía ya ha advertido de que ese “hacinamiento y masificación incrementan el riesgo de contagio, ya que no se pueden mantener las distancias de seguridad propuestas por las autoridades ni las condiciones de higiene necesarias para contener la expansión del virus". El testimonio de una mujer tunecina que estuvo en el centro hasta hace poco lo corrobora: "A veces tardamos hasta dos horas, esperando en el pasillo, para poder entrar en el comedor, que está llenísimo y donde es imposible mantener la distancia”. Otras personas constatan que no tienen acceso a guantes y mascarillas para protegerse.
"Las autoridades no deberían esperar a que se produzca un contagio, sino anticiparse y tomar medidas para proteger a todas las personas sin discriminación, especialmente a quienes se encuentran en especial vulnerabilidad”, subraya Virginia Álvarez, responsable de Política Interior en Amnistía Internacional España. “Los derechos de las personas migrantes y refugiadas no quedan congelados en un momento de pandemia. Al contrario, el Estado debe protegerlos y cumplir con lo que ha prometido desde el inicio de la crisis: no dejar a nadie atrás", remarca.
Ante la demanda de traslado urgente –sobre todo de las personas más vulnerables– y su consiguiente acogida en condiciones dignas y adecuadas, se realizaron 51 traslados a la península desde que se decretó el estado de alarma, y esta semana unas nuevas 50 personas han salido del CETI. Si bien se trata de unas cifras que quedan muy lejos de las necesidades para descongestionarlo.
“Los derechos de las personas migrantes y refugiadas no quedan congelados en un momento de pandemia. Al contrario, el Estado debe protegerlos y cumplir con lo que ha prometido desde el inicio de la crisis: no dejar a nadie atrás”Virginia Álvarez, responsable de Política Interior en Amnistía Internacional
Problemas de fondo
Como el de Ceuta, el CETI de Melilla es un centro de primera acogida provisional que ofrece servicios y prestaciones sociales básicas a personas refugiadas y migrantes mientras se tramitan sus solicitudes de asilo y se define su situación administrativa. Las personas acogidas –hombres, mujeres, familias, menores acompañados y en algún caso menores sin acompañamiento que no estén tutelados por los servicios sociales– no están detenidas ni a disposición judicial, por lo que pueden entrar y salir y moverse por la ciudad autónoma conforme a normas de convivencia preestablecidas. Los servicios prestados incluyen asistencia social, psicológica, sanitaria y legal, así como actividades de formación –clases de español, informática– y de tiempo libre. El mantenimiento del centro corresponde a funcionarios civiles pertenecientes al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La COVID-19 es una preocupación añadida que se suma a los problemas de fondo que se venían arrastrando desde hace años. La situación es ahora más complicada para personas de riesgo por su salud –enfermedades oncológicas, VIH– o por sus necesidades especiales. Como apunta Álvarez, “en el CETI de Melilla hay más de 200 niños y niñas que tienen necesidades específicas, como que se garantice la continuidad de su educación en las mismas condiciones que el resto de menores en España”. También hay 200 mujeres –incluidas embarazas, madres solas y supervivientes de violencia sexual o de género– y otros colectivos, como las personas LGBTI, en quienes Amnistía ha documentado en los últimos años casos de “discriminación por parte de otros residentes, amenazas e incluso agresiones por su condición sexual”.
Los testimonios recogidos por AI dibujan un escenario de problemas cotidianos y déficits crónicos de derechos humanos. Una mujer transgénero marroquí, huida de su país por la persecución policial, tampoco se siente protegida ni respetada en el CETI melillense. Además de ver cuestionada su identidad de género –”nos miran como si no fuéramos nada”, se lamenta–, la propia masificación le crea inseguridad. "Estoy destrozada y volviéndome loca. A veces quiero hasta volver a mi país... No sé ni por qué estoy aquí”, dice al borde de la desesperación y verbalizando incluso ideas suicidas.
También cunde la desesperanza entre las familias que llevan meses separadas debido a la política de realización de pruebas de ADN, una práctica repetidamente denunciada por Amnistía. “No aguantamos más, mi mujer no para de llorar”, protesta un hombre sirio que espera desde enero a que les devuelvan a su hijo de cuatro años. “Solo queremos recuperar a nuestro hijo”, insiste, pero los análisis para confirmar la relación filial permanecen en compás de espera y solo “nos dicen que todo está parado por lo del virus”.
“Solo queremos recuperar a nuestro hijo”, insiste, pero los análisis para confirmar la relación filial permanecen en compás de espera y solo “nos dicen que todo está parado por lo del virus.”Hombre sirio
Víctimas de trata y violencia de género
En el caso de las mujeres, sus dificultades se acrecientan por su frecuente discriminación, como quedó de manifiesto en el informe de Amnistía Internacional “En tierra de nadie” (noviembre de 2016) sobre “la situación de las personas refugiadas y migrantes en Ceuta y Melilla”.
En ese documento, AI planteaba “serias dudas” sobre el funcionamiento de los protocolos de identificación de posibles víctimas de trata, las condiciones de seguridad para esas mujeres y sus posibilidades reales de acceder a protección internacional. Eso, y la posibilidad de que los tratantes las vigilen en el mismo CETI, las hace muy reacias a denunciar su situación o pedir asilo, lo que al final supone que muy pocas sean identificadas como tal por la policía y adecuadamente protegidas. Muchas –algunas se declaran mayores de edad sin serlo todavía– acaban llegando a la península como migrantes en situación irregular con expediente de expulsión, lo que las deja expuestas de nuevo a las redes de trata de personas.
Tampoco las víctimas de violencia machista encuentran protección adecuada en los CETI. Un caso recogido en el informe, el de una argelina de 27 años que llevaba un año en el centro de Melilla junto a su hija de tres, resume bien los obstáculos. Ni siquiera allí dejó de sufrir continuas agresiones de su marido, que la obligó incluso a prostituirse. En una ocasión tuvo que compartir habitación con él durante un mes; las palizas y abusos no cesaron, y cuando lo denunció por golpearla contra la pared, fue absuelto por falta de pruebas. Cuando la pegó en plena calle y fue avisada la policía, acabó retirando la denuncia y se archivó la causa.
Su marido fue readmitido en el CETI, donde volvió a agredirla apenas dos días después. “Volvió peor que antes –contó–. Me amenazó con que iba a pagar caro el haberle denunciado y llegó a decirme que, aunque él volviera a Argelia, antes me mataría”. Finalmente fue expulsado, pero ella sigue teniendo miedo a represalias. Amnistía considera que la simple expulsión de los maltratadores no garantiza adecuada protección a sus víctimas, ya que muchos acaban durmiendo en la calle enfrente del CETI para seguir intimidándolas. Eso explica que muchas mujeres prefieran no presentar denuncia, máxime cuando ello puede paralizar su traslado a la península hasta que se resuelva el procedimiento judicial.
Derecho de asilo en tiempos de pandemia
Como telón de fondo, la pandemia deja ver en el CETI de Melilla otras preocupaciones en materia de derechos humanos, como el virtual parón en las peticiones de asilo. Virginia Álvarez denuncia que “a las personas admitidas a trámite como solicitantes de asilo no se les está permitiendo salir”, por lo que “tienen que esperar meses para poder trasladarse a la península". También durante la pandemia, recalca Amnistía, deben respetarse el derecho a solicitar asilo y el principio de no devolución, que obliga a los Estados a no repatriar a personas migrantes y refugiadas a lugares donde puedan sufrir graves violaciones de derechos humanos.
En vez de suspender o negar el derecho a pedir asilo durante esta crisis sanitaria, remacha AI, las autoridades deben abordar los problemas de salud pública de quienes lo solicitan con medidas adecuadas como cuarentenas, aislamiento y pruebas para detectar el coronavirus. Unas medidas que la actual sobreocupación del CETI melillense dificulta al máximo y que aconseja, como ha recomendado el Defensor del Pueblo y reclama Amnistía Internacional, el urgente traslado a la península de las personas migrantes y refugiadas allí hacinadas, empezando por las más vulnerables.
Hagamos que el Ministro Marlaska actúe con urgencia. Pedimos un #TrasladoUrgente y una acogida digna de estas personas. Ayúdanos a conseguirlo. ¡FIRMA nuestra petición online!