Por los derechos humanos en todo el mundo

España es uno de los países en los que el ejercicio de la jurisdicción universal ha permitido abrir procedimientos y dictar resoluciones que han contribuido de manera decisiva a luchar contra la impunidad y responder a la demanda de justicia de las víctimas de los crímenes más atroces. Sin embargo, de ser aprobada en el Senado la reforma propuesta al artículo 23.4 de la Ley orgánica del Poder Judicial que consagra la jurisdicción universal, España entraría a formar parte de los países restrictivos para la jurisdicción universal.    

El 25 de junio de 2009, el Congreso de los Diputados aprobó modificar el artículo 23.4 de la mencionada ley. Los cambios propuestos, desvirtúan totalmente el contenido y alcance de la jurisdicción universal.  Esta restricción en el ejercicio de la jurisdicción universal por parte de España, no ha sido, lamentablemente, el resultado de un debate público e informado sino el resultado indirecto de una propuesta de reforma de una norma de índole procesal, aparentemente intrascendente. De este modo, los grupos parlamentarios que han votado a favor de la reforma han abusado del poder y confianza que en ellos hemos depositado el conjunto de los ciudadanos españoles; pues, no han propiciado un debate ciudadano ante la opinión pública sobre la pertinencia, necesidad y alcance de esta reforma.

La actuación de los tribunales españoles y las evidencias que procesos han sacado a la luz, han permitido que en países como Guatemala recientemente, ó Chile y Argentina con anterioridad,  los tribunales nacionales iniciaran o fortalecieran las causas contra los  responsables de violaciones de derechos humanos durante las dictaduras que azotaron esos países. Los tribunales españoles conocen actualmente de alrededor de una decena de causas bajo el principio de jurisdicción universal, incluidos los genocidios y otros crímenes cometidos en países como Guatemala, Ruanda ó Gaza, tanto contra víctimas españolas como de esos países.

Todas estas actuaciones judiciales han otorgado a España un importante reconocimiento por sus contribuciones para avanzar en el derecho penal internacional y la lucha contra la impunidad.  Esta reforma supone un retroceso inadmisible que las personas y organizaciones comprometidas con la justicia y los derechos humanos no debemos permitir.