El próximo 30 de noviembre, en más de 2.000 ciudades de todo el mundo como Berlín, Buenos Aires, París o Seúl y otras capitales de países donde se está haciendo un trabajo contra la pena de muerte como Minsk (Bielorrusia) o Porto Novo (Benin) se iluminarán edificios representativos para mostrar el rechazo de la población a la pena de muerte. En España, la Comunidad de Sant'Egidio y Amnistía Internacional impulsan esta iniciativa en más de 30 ciudades como Barcelona, Burgos, Castellón, Las Palmas de Gran Canaria, Lugo, Madrid, Salamanca o Valencia, entre otras. La Jornada de Ciudades por la Vida es una iniciativa internacional que se pone en marcha cada año en la fecha en la que se recuerda la abolición de la primera pena capital en el Gran Ducado de Toscana en 1786. Se trata de un evento promovido por la Comunidad de Sant'Egidio, con el apoyo de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, a la que pertenece Amnistía Internacional.
Las cifras de la pena de muerteEn 2016, al menos 1.032 personas fueron ejecutadas en todo el mundo, 602 menos que en 2015. Aunque la la reducción es considerable, la cifra general sigue siendo más alta que la media registrada en los 10 años anteriores. Estas cifras no contemplan las ejecuciones realizadas en China, donde los datos sobre la aplicación de la pena de muerte siguen siendo considerados secretos de Estado. A esta cifra se suma que en 2016 fueron condenadas a muerte 3.117 personas en 55 países. Los Estados que mantienen y aplican la pena de muerte están cada vez más aislados y deben tomar medidas para sumarse a la tendencia mundial. En 1977, sólo 16 países habían abolido totalmente la pena de muerte en su legislación y en la práctica. En la actualidad, la mayoría de los países del mundo, 105, la han abolido por completo. En 2017 se han cumplido 40 años desde que Amnistía Internacional promovió la Declaración de Estocolmo, primer manifiesto abolicionista contra la pena de muerte. El pasado 10 de octubre, Día Internacional Contra la Pena de Muerte, Amnistía Internacional puso el foco en la vinculación de la pena de muerte con la pobreza. Según investigaciones de la organización, las personas de entornos socioeconómicos desfavorecidos se ven afectadas de manera desproporcionada en su contacto con el sistema de justicia penal y suelen ser las que sufren la imposición de la pena de muerte.
En China se reproduce un patrón preocupante, por el cual la pena de muerte podría estar imponiéndose de manera desproporcionada a personas que viven en la pobreza, con niveles bajos de educación o pertenecientes a minorías raciales, étnicas o religiosas. En Arabia Saudí, el 48,5% de todas las ejecuciones registradas por Amnistía Internacional entre enero de 1985 y junio de 2015 fueron de extranjeros, en su mayoría trabajadores migrantes, que no saben árabe, el idioma en que se interroga a los detenidos y en el que se celebran los procedimientos judiciales. Por otro lado, Benín ha sido uno de los últimos países que han abolido la pena de muerte por ley en todo los delitos; sin embargo, todavía 14 personas se encuentran en el corredor de la muerte en terribles condiciones y sin saber cuál va a ser su destino, pese a que el Gobierno haya prometido que no serán ejecutados. En Europa el único país que mantiene la pena de muerte es Bielorrusia, donde las ejecuciones normalmente se realizan en secreto y sin notificárselo a la familia. Desde 1994 sólo se ha concedido el indulto en uno de los más de 400 casos en que se había solicitado. Amnistía Internacional y la Comunidad de San’t Egidio se oponen a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza y de las circunstancias del delito, de la culpabilidad, inocencia y otras características de la persona y del método empleado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. Además, las organizaciones consideran que esta práctica viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es un castigo cruel, inhumano y degradante. ///FIN
