La invasión en gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022 ha desencadenado numerosos crímenes de guerra, ha generado una crisis energética y alimentaria mundial y ha alterado aún más el sistema multilateral, ya de por sí debilitado. También ha puesto de manifiesto la hipocresía de los Estados occidentales que reaccionaron con contundencia a la agresión del Kremlin pero consienten violaciones graves de los derechos humanos en otros lugares. Así lo ha afirmado Amnistía Internacional al presentar su análisis anual de la situación de los derechos humanos en el mundo.
El Informe 2022/23 de Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el mundo concluye que el doble rasero y la insuficiencia de las respuestas a los abusos de derechos humanos que se cometen en todo el mundo, incluidos el silencio clamoroso respecto al historial de derechos humanos de Arabia Saudí, la pasividad a propósito de Egipto y la negativa a hacerle frente al sistema de apartheid israelí contra la población palestina, han reforzado la impunidad y la inestabilidad.
El informe también destaca el empleo por parte de China de tácticas de mano dura para impedir la acción internacional sobre los crímenes contra la humanidad que ha cometido, así como la inacción de las instituciones globales y regionales —maniatadas por los intereses individuales de sus miembros— a la hora de responder adecuadamente a conflictos en los que miles de personas están perdiendo la vida, como son los de Etiopía, Myanmar y Yemen.
“La invasión rusa de Ucrania es un ejemplo espeluznante de lo que sucede cuando los Estados creen que pueden incumplir el derecho internacional y violar los derechos humanos sin pagar sus consecuencias”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“La Declaración Universal de Derechos Humanos surgió hace 75 años de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. En su esencia está el reconocimiento universal de que todas las personas tienen derechos y libertades fundamentales. Aunque las dinámicas de poder mundiales están inmersas en el caos, los derechos humanos no pueden perderse en mitad de tanta confusión. Deben ser el faro que guíe al mundo en un entorno cada vez más volátil y peligroso. No esperemos a que el mundo arda de nuevo.”
El vergonzoso doble rasero facilita nuevos abusos
La invasión en gran escala de Ucrania por parte de Rusia ha desatado una de las peores emergencias humanitarias y de derechos humanos de la historia reciente. El conflicto no sólo ha dado lugar a desplazamientos masivos, crímenes de guerra e inseguridad energética y alimentaria en todo el mundo, sino que también ha agitado el inquietante avispero de la guerra nuclear.
La respuesta no ha tardado en llegar: los Estados occidentales han impuesto sanciones económicas a Moscú y enviado apoyo militar a Kiev; la Corte Penal Internacional ha abierto una investigación sobre los posibles crímenes de guerra cometidos en Ucrania, y la Asamblea General de la ONU votó a favor de condenar la invasión rusa y calificarla acto de agresión. Esta iniciativa firme, por más que bien recibida, contrasta marcadamente con la respuesta que se ha dado a episodios anteriores de violaciones de derechos humanos masivas cometidas por Rusia y otros países, así como con la lamentable respuesta que se está dando a conflictos como los de Etiopía y Myanmar.
“Si el sistema hubiese funcionado y se hubiese hecho rendir cuentas a Rusia por sus crímenes documentados en Chechenia y Siria, podrían haberse salvado miles de vidas entonces y ahora, en Ucrania y en otros lugares. Y, en cambio, nos toca lidiar con más sufrimiento y devastación”, ha dicho Agnès Callamard.
“Si la guerra de agresión rusa deja algo claro para el futuro del mundo es la importancia de contar con un orden internacional basado en unas normas que se apliquen de manera efectiva y coherente. Todos los Estados deben intensificar sus esfuerzos para contar con un orden basado en reglas y renovado, que beneficie a todas las personas en todas partes.”
Para la población palestina de la Cisjordania ocupada, 2022 fue uno de los años más mortíferos desde que en 2006 la ONU comenzara a llevar un registro sistemático de las víctimas. Y es que las fuerzas israelíes mataron al menos a 151 personas palestinas, incluidas decenas de niños y niñas. Las autoridades israelíes continuaron obligando a personas palestinas a abandonar sus hogares, y el gobierno está poniendo en marcha planes para ampliar drásticamente los asentamientos ilegales en toda la Cisjordania ocupada. En lugar de exigir el fin del sistema de apartheid israelí, muchos gobiernos occidentales optaron por atacar a quienes lo denunciaban.
Estados Unidos ha criticado enérgicamente las violaciones del derecho internacional cometidas por Rusia en Ucrania y ha admitido en su territorio a decenas de miles de personas ucranianas que huían de la guerra. Sin embargo, entre septiembre de 2021 y mayo de 2022 expulsó a más de 25.000 personas haitianas en aplicación de políticas y prácticas arraigadas en el racismo contra las personas negras, y sometió a muchas de ellas a tortura y otros malos tratos.
Los Estados de la Unión Europea abrieron sus fronteras a la población ucraniana que huía de la agresión rusa y, siendo uno de los bloques más ricos del mundo, demostraron tener capacidad más que de sobra para acoger a grandes cantidades de personas que buscaban seguridad y ofrecerles acceso a salud, educación y alojamiento. Sin embargo, muchos mantuvieron sus fronteras vetadas a quienes escapaban de la guerra y la represión en Siria, Afganistán y Libia.
“La respuesta a la invasión rusa de Ucrania ha puesto de manifiesto lo que se puede hacer cuando hay voluntad política: el mundo entero la condenó, se iniciaron investigaciones sobre los crímenes que se estaban cometiendo y se abrieron las fronteras a las personas refugiadas. Esta respuesta debe servirnos de modelo para abordar todas las violaciones de derechos humanos masivas”, ha afirmado Agnès Callamard.
Este doble rasero de Occidente ha envalentonado a países como China, y ha permitido a Egipto y Arabia Saudí eludir, ignorar y desviar las críticas que se les han hecho sobre sus respectivos historiales de derechos humanos.
Pese a las masivas violaciones de derechos humanos —equivalentes a crímenes de lesa humanidad— cometidas contra la población uigur y otras minorías musulmanas, China ha eludido la condena internacional de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU designó a un relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Rusia y estableció un mecanismo de investigación sobre Irán a raíz de las cruentas protestas que estallaron en ese país. Sin embargo, votó no seguir investigando ni debatiendo siquiera las propias conclusiones de la ONU sobre la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en Xinjiang (China), y suspendió una resolución sobre Filipinas.
“Los países aplicaron el derecho de los derechos humanos dependiendo del caso, en un asombroso espectáculo de hipocresía y doble moral palmarias. Los Estados no pueden criticar las violaciones de derechos humanos primero, y luego consentir abusos similares en otros países solamente por proteger sus propios intereses. Es inadmisible y erosiona los fundamentos del sistema universal de derechos humanos”, ha dicho Agnès Callamard.
“También necesitamos que los Estados que hasta ahora no han osado alzar la voz tomen cartas en el asunto y se posicionen en contra de los abusos contra los derechos humanos dondequiera que se cometan. Necesitamos menos hipocresía, menos cinismo y una acción de todos los Estados que sea más coherente, más ambiciosa y más basada en principios a fin de promover y proteger todos los derechos.”
Represión implacable de la disidencia en todo el mundo
En 2022, en Rusia se denunció judicialmente a disidentes y se clausuraron medios de comunicación por el mero hecho de mencionar la guerra de Ucrania. Se encarceló a periodistas en Afganistán, Bielorrusia, Etiopía, Myanmar, Rusia y decenas de países más en los que arreciaban los conflictos.
En Australia, India, Indonesia y Reino Unido, las autoridades aprobaron legislación que imponía restricciones a las manifestaciones, mientras que en Sri Lanka se emplearon los poderes del estado de excepción para reprimir las protestas masivas contra una crisis económica rampante. La legislación de Reino Unido otorgaba a los agentes policiales amplias facultades, incluida la de prohibir “protestas ruidosas”, lo que socavaba la libertad de expresión y de reunión pacífica.
La tecnología —utilizada para silenciar, impedir reuniones públicas o desinformar— se convirtió en un arma contra muchas personas.
Las autoridades iraníes respondieron al levantamiento sin precedentes contra decenios de represión empleando fuerza ilegítima mediante munición real, perdigones metálicos, gas lacrimógeno y palizas, lo que causó centenares de muertes, entre ellas las de decenas de menores. En diciembre, las fuerzas de seguridad peruanas emplearon fuerza ilegítima, especialmente contra población indígena y campesina, para sofocar las protestas que estallaron durante la crisis política que siguió a la destitución del presidente Castillo. También se reprimió a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y figuras políticas de la oposición en países como Zimbabue y Mozambique.
En respuesta a la creciente amenaza al derecho a protestar, en 2022 Amnistía Internacional lanzó una campaña global para hacer frente a la intensificación de las iniciativas de los Estados para erosionar el derecho fundamental a la libertad de reunión pacífica. Como parte de esta campaña, la organización pide la adopción de un tratado sobre el comercio sin tortura que prohíba la producción y el comercio de material utilizado para hacer cumplir la ley intrínsecamente abusivo y que controle el comercio de este material, utilizado para infligir tortura y otros malos tratos.
Las mujeres sufren las peores consecuencias de la inacción de los Estados a la hora de proteger y respetar los derechos
La represión de la disidencia y los planteamientos incoherentes en materia de derechos humanos también tuvieron claras consecuencias en los derechos de las mujeres.
La Corte Suprema de Estados Unidos anuló una antigua garantía constitucional del derecho al aborto,lo que puso en peligro el ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho a la vida, la salud, la intimidad, la seguridad y la no discriminación de millones de mujeres, niñas y otras personas que pueden quedarse embarazadas.
En 2022 se aprobó legislación para prohibir o restringir el acceso al aborto en varios estados de Estados Unidos, y en Polonia se enjuició a activistas por ayudar a mujeres a conseguir píldoras abortivas.
Las mujeres indígenas continuaban sufriendo violaciones y otros actos de violencia sexual en un grado desproporcionadamente elevado en Estados Unidos. En Pakistán, pese a que se denunciaron varios casos de gran resonancia de asesinatos de mujeres a manos de familiares, el Parlamento no promulgó una ley sobre violencia de género en el ámbito familiar pendiente desde 2021. En India se cometieron impunemente actos violentos contra mujeres dalits y adivasis, entre otros crímenes de odio basados en la casta.
En Afganistán se constató un deterioro particularmente notorio en los derechos de las mujeres y las niñas a la autonomía personal, la educación, el trabajo y el acceso a los espacios públicos a raíz de una serie de edictos de los talibanes. En Irán, la “policía de la moral” detuvo violentamente a Mahsa Amini por llevar fuera del pañuelo unos mechones de cabello. Unos días después, Mahsa murió bajo custodia y hubo informes verosímiles de tortura, lo que desencadenó protestas en todo el país en las que resultaron heridas, detenidas o muertas muchas más mujeres y niñas.
“El ansia de los Estados por controlar el cuerpo de las mujeres y las niñas, su sexualidad y su vida deja tras de sí un terrible legado de violencia, opresión y pérdida de potencial”, ha afirmado Agnès Callamard.
La acción global contra las amenazas a la humanidad ha sido lamentablemente insuficiente
En 2022, el mundo siguió sufriendo las consecuencias de la pandemia de COVID-19. El cambio climático, los conflictos y las perturbaciones económicas causadas en parte por la invasión rusa de Ucrania agravaron aún más los riesgos para los derechos humanos.
Como consecuencia de la crisis económica, el 97% de la población de Afganistán vivía en la pobreza. En Haití, la violencia generalizada de las bandas agravó una crisis política y humanitaria que llevó a más del 40% de la población a sufrir inseguridad alimentaria aguda.
Las condiciones climáticas extremas, agravadas por la celeridad del calentamiento global, provocaron hambrunas y enfermedades en varios países de Asia meridional y África subsahariana, incluidos Pakistán y Nigeria, donde las inundaciones tuvieron consecuencias catastróficas en la vida y los medios de subsistencia de la población y desencadenaron un brote de enfermedades transmitidas por el agua que causaron cientos de muertes.
Con esta situación como telón de fondo, los gobiernos no actuaron en favor del interés superior de la humanidad y no abordaron la dependencia de los combustibles fósiles, principal factor que nos aboca a la mayor amenaza para la vida tal como la conocemos. Esta inacción colectiva fue otro claro ejemplo de la debilidad de los sistemas multilaterales actuales.
“Los embates de varias crisis simultáneas asedian al mundo, como los conflictos generalizados, una economía mundial cruel que lastra a demasiados Estados con una deuda insostenible, el fraude tributario de las empresas, el uso de la tecnología como arma, la crisis climática y los desplazamientos de las placas tectónicas del poder. Si nuestras instituciones internacionales no están a la altura de las circunstancias no tenemos ninguna posibilidad de sobrevivir a estas crisis”, ha añadido Agnès Callamard.
Es preciso reformar las instituciones internacionales disfuncionales
En lugar de socavar las instituciones y los sistemas internacionales que deben proteger nuestros derechos, es esencial fortalecerlos. La primera medida es garantizar la plena financiación de los mecanismos de derechos humanos de la ONU, de manera que puedan investigar, hacer rendir cuentas e impartir justicia.
Amnistía Internacional también pide que se reforme el principal órgano de toma de decisiones de la ONU —el Consejo de Seguridad— a fin de dar voz a países y situaciones que han sido tradicionalmente ignorados, especialmente en el Sur global.
“Para reflejar las realidades de hoy, es preciso acometer una reforma profunda del sistema internacional. No podemos permitir que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU continúen ejerciendo su poder de veto y haciendo un uso abusivo de sus privilegios sin control. La falta de transparencia y eficacia del proceso de toma de decisiones del Consejo deja a todo el sistema expuesto a la manipulación, los abusos y un funcionamiento deficiente”, ha manifestado Agnès Callamard.
Sin embargo, mientras la actuación interesada de los gobiernos elude la priorización de nuestros derechos humanos, el movimiento de derechos humanos demuestra que las personas a las que esos Estados deberían haber protegido siguen siendo fuente de inspiración y esperanza.
En Colombia, el tesón del activismo en favor de los derechos de las mujeres y la acción judicial contribuyeron a la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto durante las primeras 24 semanas de embarazo. En Sudán del Sur se excarceló a Magai Matiop Ngong —que tenía 15 años cuando fue condenado a muerte en 2017— después de que miles de personas de todo el mundo pidieran su libertad a las autoridades.
El activista ambiental indígena maya Bernardo Caal Xol quedó en libertad condicional tras pasar cuatro años en prisión en Guatemala por cargos falsos. Tras años de campañas llevadas a cabo por movimientos de mujeres en España, el Parlamento nacional aprobó una ley que determinaba que el consentimiento constituía el elemento clave de la definición jurídica de la violación. Kazajistán y Papúa Nueva Guinea abolieron la pena de muerte.
“Ante las atrocidades y los abusos, es fácil caer en la desesperanza, pero durante 2022 la gente ha demostrado que no estamos indefensos”, ha concluido Agnès Callamard.
“Hemos presenciado actos icónicos de resistencia, como los de las mujeres afganas que salieron a la calle a protestar contra el régimen talibán y los de las iraníes que caminaron en público sin velo o se cortaron el pelo como protesta por las leyes del país sobre la obligatoriedad de llevarlo. Millones de personas oprimidas sistemáticamente por el patriarcado y el racismo tomaron las calles para exigir un futuro mejor. Lo hicieron en años anteriores y volvieron a hacerlo en 2022, lo que debería servir para que nuestros gobernantes tengan presente que jamás vamos a permanecer impasibles ante sus ataques a nuestra dignidad, igualdad y libertad.”
Los derechos humanos en España
En 2022, en España se ha agravado el clima de impunidad y la falta de rendición de cuentas en algunos ámbitos de derechos humanos. Durante el año se han mantenido cuestiones de impunidad del pasado por el incumplimiento de las autoridades desu obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones de derechos humanos sufridas por las personas mayores que vivían en las residencias y los abusos que ampara la Ley Mordaza que han dejado a la ciudadanía desprotegida frente al uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad, y se han agravado las violaciones de derechos humanos en la frontera, con la masacre de Melilla de junio pasado, y la utilización de programas de espionaje que han violado el derecho a la privacidad de periodistas, autoridades y sociedad civil .
El año 2022 en España también ha evidenciado la insuficiente protección de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de las autoridades en un contexto de incertidumbre económica.En el apartado de esfuerzos, aparece que el Gobierno aprobó mediante un Real Decreto Ley una ayuda de 200 euros para personas que residan en hogares con rentas inferiores a 14.000 euros, una rebaja al 5% el IVA de la luz y prorrogó la reducción de los demás impuestos de la electricidad hasta el final de 2022. Por otra parte y para limitar los efectos de la inflación en los alquileres, el Gobierno también limitó el incremento de la renta del alquiler a un 2%.
Sin embargo, la desprotección del derecho a la salud y a la vivienda han continuado. Estos dos últimos años, las autoridades sanitarias centrales y autonómicas no han dejado de subrayar en sus discursos la importancia de la Atención Primaria y la necesidad de reforzarla. Pero la realidad es muy diferente. La inversión sanitaria de las Comunidades Autónomas sigue muy lejos de dedicar a la Atención Primaria el 25% de la inversión total en sanidad, como recomienda a Organización Mundial de la Salud. Sin lecciones aprendidas, la atención sanitaria está en bucle. El último año, hemos enfrentado un contexto de crisis económica que ha hecho que miles de personas tengan problemas para acceder o conservar su vivienda sin contar con la protección del Estado.
En paralelo, la agenda legislativa española ha avanzado en 2022 consiguiendo algunas mejoras en derechos humanos, destacando importantes avances en materia de igualdad de género, una tendencia que puede ir más allá en 2023, pero es necesaria una mayor voluntad política y un mayor compromiso de los partidos con los derechos humanos.
Ley del sí es sí: un gran paso para la prevención, atención y protección de todas las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia sexual.
Ley Trans: esta Ley plantea mejoras en aspectos críticos para el disfrute de los derechos de las personas LGBTI como la elaboración de una estrategia estatal para la igualación de trato y no discriminación de las personas LGBTI.
Ley del Aborto. A principios de 2023, se aprobó el proyecto de Ley que modifica la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que mejora el acceso al aborto en España y supone un reconocimiento más amplio del derecho a la reproducción y la maternidad libremente decidida.
Ley de Secretos Oficiales: podemos disponer en España de una ley de clasificación de la información que constituiría un punto de inflexión en la gestión de los "secretos de Estado", con un enfoque más restrictivo de lo que es clasificable y más en línea con los estándares del derecho internacional en materia de transparencia y derechos humanos.
Ley de Vivienda: por primera vez en democracia, podemos contar con una Ley que considere el derecho a la vivienda como un derecho humano tal y como respaldan la Constitución Española y el derecho internacional.
Por último, el rechazo a la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, ha supuesto una oportunidad perdida de última hora en materia de libertad de expresión, reunión y manifestación, así como en materia de inmigración ya que esta ley sigue avalando las devoluciones ilegales en frontera.
* Puedes descargar el Informe Anual completo, o consultar la situación en un único país.
