Madrid.- Amnistía Internacional ha lanzado, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, cuatro alertas sobre cómo el auge de las prácticas autoritarias está poniendo en peligro los derechos de las mujeres en todo el mundo, en países como Estados Unidos, Argentina, Rusia, Irán, Afganistán, Arabia Saudí o Marruecos, entre otros. La organización recuerda así a los Gobiernos que tienen la obligación de combatir todas las formas de discriminación y violencia por motivos de género contra las mujeres y las niñas, incluidos los discursos de odio y de incitación a la violencia, también los de los movimientos antiderechos.
“No podemos seguir pensando que las prácticas autoritarias van a llegar: ya están aquí. El mundo entero está siendo testigo de la peligrosa deriva del presidente Trump que ya ha desembocado en una emergencia de derechos humanos. Y esas prácticas tienen una especial consecuencia sobre las mujeres y las niñas en todo el mundo”, señala Beatriz Martos, responsable del trabajo sobre derechos de las mujeres en Amnistía Internacional España. “Hemos lanzado cuatro alertas: las leyes represivas, el crecimiento de movimientos contrarios al reconocimiento de los derechos de las mujeres, el aumento de los discursos del odio y la incitación a la violencia y las facilidades que da la tecnología para ejercer esta violencia, pero desgraciadamente, hay muchas más”, añade Martos.
Leyes represivas y violencia estatal
No hay país donde las leyes represivas para controlar a las mujeres sea mejor ejemplo que el de Afganistán. Las mujeres no pueden salir a la calle libremente, ni trabajar, estudiar, expresarse o participar en la política. Desde la llegada de los talibanes al poder, las mujeres y las niñas han seguido siendo objeto de persecución por motivos de género, enfrentándose cada día a restricciones aún más severas.
Irán, recientemente en los medios por el ataque conjunto lanzado este sábado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel que ha provocado hasta la fecha cientos de víctimas civiles, es un claro ejemplo de país donde las prácticas autoritarias tienen un impacto directo en los derechos de las mujeres y niñas. La represión de las protestas llevada a cabo por las autoridades el pasado mes de enero es una muestra de cómo las mujeres están especialmente en la diana: las autoridades han intensificado su represión contra las que desafiaban el uso obligatorio del velo, incluso mediante la vigilancia digital, como la tecnología de reconocimiento facial. En Cuba, las mujeres sufren formas específicas de represión por parte de agentes estatales que constituyen violencia estatal de género, como desnudos forzados y registros corporales invasivos, estigmatización por género, edad y orientación sexual, y uso de la maternidad, las labores de cuidado y las amenazas contra sus familiares como mecanismos de intimidación y control. Y en Marruecos, la activista marroquí feminista y atea, cofundadora del Movimiento Alternativo por las Libertades Individuales, Betty Lachgar ha sido llevada a juicio por blasfemia tras calificar al islam de religión "fascista y misógina”.
Arabia Saudí, un país donde la tutela masculina, a pesar de las reformas, sigue vigente, limitando gravemente la libertad de las mujeres y perpetuando la discriminación, es otro ejemplo de país con prácticas autoritarias. La instructora de fitness y activista por los derechos de las mujeres Manahel al Otaibi cumple una condena de cinco años de prisión, seguidos de la prohibición de viajar durante cinco años por sus publicaciones en redes sociales en las que apoyaba los derechos de las mujeres, cuestionaba el sistema de tutela masculina y se mostraba en público sin abaya. Según documentación de Amnistía Internacional, fue procesada en virtud de la legislación antiterrorista y de delitos informáticos y llegó a ser víctima de desaparición forzada y malos tratos en prisión. Su caso refleja cómo el castigo ejemplarizante contra mujeres que usan las redes para reclamar derechos busca silenciarlas a ellas y disuadir a otras de hacer lo mismo.
Crecimiento de los movimientos y discursos antiderechos
Enmarcados en la defensa de los “valores tradicionales” o el “orden público”, Estados Unidos ha llevado a cabo ataques y cuestionado la identidad de género, los derechos sexuales y reproductivos y los derechos LGBTI. El desmantelamiento de las medidas contra la discriminación, los drásticos recortes de la ayuda humanitaria de USAID y la cancelación de la mayoría de sus programas, así como el anuncio de su retirada de varios organismos internacionales, incluido ONU Mujeres y la Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, tendrá efectos devastadores en los derechos de millones de mujeres y niñas en todo el mundo y hará retroceder lo poco avanzado hasta ahora.
"Parecen medidas menores pero su impacto es concreto contra las mujeres: eliminan protecciones, restringen la autonomía corporal, aumentan el riesgo de sufrir violencia y señalan que el Estado tratará los derechos de algunas personas como negociables", denuncia Martos.
Lo mismo sucede en Argentina, donde desde la asunción del Gobierno por parte de Javier Milei, se han observado profundos retrocesos: por primera vez en casi cuatro décadas, el país carece de un organismo con competencias específicas para la atención y prevención de la violencia de género, y el presupuesto destinado para atender esta cuestión se redujo en un 89% desde 2023.
El acceso al aborto es uno de los derechos más cuestionados por los movimientos antiderechos en países que lo restringen, y atacan a sus defensoras o a quienes lo facilitan, como Afganistán, Argentina, Chile, Estados Unidos y Rusia, que introdujeron en la legislación o en la práctica políticas que redujeron el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, lo que afecta de manera desproporcionada a las mujeres en situación de pobreza, muchas de ellas racializadas y residentes en zonas rurales.
Discursos del odio y uso de la tecnología
Amnistía Internacional también muestra preocupación sobre cómo la tecnología allana el camino para la vigilancia y la violencia de género a través de discursos nocivos, y supone una amenaza creciente para mujeres que ejercen su derecho a la participación en la esfera pública. Las empresas de las redes sociales, que operan con un poder incontrolado, han reducido las salvaguardias destinadas a evitar daños a las personas más marginadas y en situación de riesgo. También han seguido aplicando un modelo de negocio que prioriza sistemáticamente la viralización por encima de todo, lo que permite la difusión de contenidos violentos y cargados de odio. Día tras día, mujeres son víctimas de violencia, sexismo, racismo y otras agresiones en estas plataformas, que muchas veces saltan al espacio físico. Estos abusos inundan las plataformas online y obligan a las mujeres a retirarse de las mismas y, por consiguiente, de los debates públicos. Si se trata de mujeres racializadas, con discapacidades, lesbianas, bisexuales y transgénero los comportamientos abusivos suelen subir de intensidad.
Es el caso, por ejemplo, de Argentina, donde la desinformación, los ataques personales y los discursos cargados de odio se multiplican y se intensifica cuando se trata de mujeres, muchas veces con el aval directo del presidente Javier Milei. En Polonia, tal y como señaló la organización en un reciente informe la plataforma de redes sociales X, ha contribuido a la propagación del odio dirigido contra mujeres: las deficiencias del modelo empresarial y de moderación de contenidos de esta empresa tecnológica han facilitado que se extienda la violencia de género. De hecho, la propia empresa ha reconocido que sólo dispone de dos personas para la moderación de contenidos en lengua polaca, una de las cuales tiene el polaco como su segundo idioma, que dan cobertura a 5,33 millones de usuarias.
