Agresión de Rusia en Ucrania

La invasión a gran escala de Ucrania comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando las fuerzas rusas cruzaron la frontera desde la vecina Bielorrusia y se dirigieron hacia la capital ucraniana, Kiev. El ataque provocó múltiples emergencias de derechos humanos, entre otras, la mayor crisis de refugiados de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La invasión trastornó por completo la vida de las personas y creó obstáculos para el cumplimiento de otros derechos humanos, como el derecho a la educación, el derecho a la salud y la libertad de expresión. Miles de personas han muerto y otras miles más han sido detenidas ilegalmente o han sido sometidas a desaparición forzada.

Desde el inicio de la agresión, Amnistía Internacional ha documentado de forma sistemática violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas por las fuerzas rusas. Entre ellas figura la propia invasión a gran escala, que viola la Carta de las Naciones Unidas y constituye el crimen de agresión según el derecho internacional.

Hay además sólidas pruebas de crímenes de guerra. Atacar directamente a civiles o a bienes de carácter civil durante un conflicto armado es un crimen de guerra, y las fuerzas rusas han lanzado numerosos ataques contra edificios utilizados para alojar a personas civiles. En estos cuatro años se han registrado ataques de este tipo desde las primeras semanas de la invasión, en lugares como Bucha y Borodyanka, donde las tropas rusas mataron ilícitamente a residentes, así como el bombardeo del Teatro Dramático Regional Académico de Donetsk, en Mariúpol, que albergaba a cientos de personas desplazadas.

Las fuerzas rusas también han capturado y detenido a civiles en territorios ocupados y, en muchos casos, los han trasladado a centros de detención dentro de Rusia. Estas personas cautivas sufren con frecuencia tortura, otros malos tratos y procesos abusivos de “filtración”. Se han documentado casos de niños y niñas no acompañados, personas mayores y personas con discapacidad capturadas incluso en zonas bajo control de Ucrania y trasladadas por la fuerza a zonas ocupadas como Donetsk. El traslado forzoso y la deportación de población civil son crímenes de guerra y, probablemente, crímenes de lesa humanidad, y suelen ir acompañados de detenciones arbitrarias, que constituyen graves violaciones de derechos humanos.

Rusia lleva ocupando ilegalmente varias zonas de Ucrania desde febrero de 2014, cuando envió sus tropas a ocupar Crimea, si bien nunca admitió que sus fuerzas armadas también habían entrado en el este de Ucrania ese mismo año. La población ucraniana sufrió los efectos de la guerra y las violaciones de derechos humanos sobre todo en las regiones de Donetsk y Luhansk. Entre 2014 y 2021, más de 10.000 civiles ucranianos murieron o resultaron heridos. Además, cientos de miles de personas se vieron desplazadas del este de Ucrania después de que grupos armados respaldados por Rusia proclamaran como "Repúblicas Populares" a Donetsk y Luhansk.

Desde la ocupación de la península de Crimea en 2014, Amnistía Internacional ha documentado numerosas atrocidades, entre ellas ataques deliberados contra población civil e infraestructuras civiles esenciales, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, privación ilegítima de libertad, traslados forzosos de civiles y abusos contra prisioneros de guerra. Estos abusos muestran que la agresión de Rusia no comenzó en 2022, sino que lleva más de una década socavando los derechos humanos en Ucrania.

Las mujeres de Ucrania se enfrentan a graves riesgos y soportan una carga adicional de responsabilidades de cuidado, además de inmensas penalidades y estrés en las zonas de guerra. Corren mayor peligro de sufrir violencia sexual y de género y problemas graves de salud y, aun así, se ven obligadas a tomar decisiones de vida o muerte por sus familias. Aunque muchas ucranianas se han unido a la resistencia frente a la agresión rusa, la responsabilidad del cuidado de hijos, hijas y otros familiares recae de manera desproporcionada sobre ellas, en condiciones de enorme peligro. Con frecuencia quedan excluidas de los procesos de toma de decisiones, y sus necesidades específicas siguen sin ser atendidas ni sus derechos plenamente protegidos.

Cuatro años después del inicio de la invasión a gran escala, los niños y niñas de Ucrania siguen muriendo o sufriendo lesiones por ataques rusos, incluidos casos que constituyen crímenes de guerra. En las zonas ocupadas por Rusia, las familias se arriesgan a represalias si intentan continuar la enseñanza en ucraniano. Algunas han decidido ocultar a sus hijos e hijas para evitar que los lleven a instituciones de “reeducación”, los den en adopción en Rusia o los obliguen a matricularse en escuelas que aplican el plan de estudios ruso.

Ucrania tiene una de las proporciones de personas mayores más altas del mundo: antes de febrero de 2022, casi una cuarta parte de sus aproximadamente 45 millones de habitantes tenía más de 60 años. Tras la invasión rusa, los servicios de salud se vieron desbordados y muchas personas mayores, incluidas personas con discapacidad, quedaron separadas de sus familias, lo que ha provocado su segregación y aislamiento. Numerosas personas mayores no han podido o no han querido abandonar el país y viven en refugios temporales para personas desplazadas ubicados en escuelas, residencias y otros edificios públicos, a menudo con recursos y apoyos muy limitados.