Cualquier plan para Gaza e Israel que ignore los derechos humanos, el derecho internacional y las causas fundamentales de la injusticia no garantizará un futuro justo y sostenible para todas las personas que viven en Israel y el Territorio Palestino Ocupado.
¿Qué es la Junta de Paz de Trump para Gaza y qué papel dice tener?
En octubre de 2025, Donald Trump anunció un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, presentando al mismo tiempo un “plan integral para poner fin al conflicto en Gaza”, llamado “Plan de Paz” o “Plan de Trump”, que consta de veinte puntos. Veinte puntos en donde no hay mención alguna a la rendición de cuentas, mecanismos de reparación y, por supuesto, violaciones de derechos humanos tan graves como el genocidio en Gaza, la ocupación ilegal y el sistema de apartheid impuestos por Israel.
La Junta de Paz forma parte de ese plan presentado por Trump y fue lanzada de manera oficial en la Cumbre de Davos de enero. Allí, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que la junta se centrará en garantizar el cumplimiento del “Plan de Paz” en Gaza, pero que también podría "servir como ejemplo de lo que es posible en otras partes del mundo".
Sobre el papel, debería supervisar el tránsito desde la fase uno —alto el fuego y ayuda humanitaria— a la fase dos, centrada en desarme y reconstrucción estructural de Gaza. Algo que suena casi ridículo cuando el alto el fuego es extremadamente débil (más de 600 personas palestinas han muerto desde el inicio del teórico cese de las hostilidades en octubre) y la entrada y entrega de ayuda humanitaria apenas cubre la necesidad de una población sometida a una crisis humanitaria sin precedentes (una de cada cuatro familias apenas come una vez al día y millón y medio de personas malviven en tiendas de campaña).
Formalmente, la Junta está respaldada por la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, de noviembre de 2025. Dicha Resolución, redactada por Estados Unidos, incluía la creación de una Fuerza de Estabilización Internacional y la creación de un órgano de gobierno de transición: la Junta de la Paz. Aunque la Resolución reiteraba la necesidad de que las partes se adhieran al acuerdo de alto el fuego y subrayaba la importancia de reanudar el reparto de ayuda humanitaria y solicitar financiación para la reconstrucción y el desarrollo de Gaza, brillaban por su ausencia las exigencias en materia de derechos humanos.
Tampoco había llamamiento alguno a Israel para que levante su bloqueo ilegal de Gaza, ni un reconocimiento imperativo de responsabilidad, requisito imprescindible para garantizar justicia y reparación a las víctimas. Y por supuesto, ninguna garantía de participación de las personas palestinas en las decisiones sobre su propio futuro ni sobre el derecho de retorno de las personas palestinas refugiadas y desplazadas, tanto de Gaza, como del resto del Territorio Palestino Ocupado y de las que se refugian en terceros países.
En pocas palabras, la Junta de Paz es un plan para Gaza, pero sin los y las gazatíes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en una ceremonia de firma durante la reunión inaugural del Junta de Paz en el Instituto Donald J. Trump de la Paz, en Washington, D.C., el 19 de febrero de 2026. © Daniel Torok / Avalon (Official White House)
¿Qué países forman parte de la Junta de Paz de Trump y cómo se entra en ella?
Sus Estados miembro han sido seleccionados por Donald Trump. La única manera de ser integrante de la Junta es mediante invitación del presidente estadounidense. No obstante, todos los integrantes que acepten la invitación serán miembros durante tres años. Quienes quieran tener un asiento permanente deberán abonar 1.000 millones de dólares al fondo de la Junta, durante el primer año de su entrada en vigor. Casi todos los países europeos han rechazado la invitación. Solo Hungría y Bulgaria se han unido como miembros. La UE, Chequia, Chipre, Grecia, Italia y Rumanía se han unido como observadores. Está previsto que se unan a ella 50 países, y 35 líderes han mostrado interés hasta el momento.
Trump afirmó que sus miembros destinarían 5.000 millones de dólares para la reconstrucción de la Franja y miles de efectivos para su estabilización. Hasta la fecha, solo Indonesia ha sido el único país en afirmar que puede movilizar hasta 8.000 soldados para una misión en Gaza. Además, según el presidente estadounidense, Kazajistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Bahréin, Qatar, Arabia Saudí, Uzbekistán y Kuwait han contribuido con más de 7.000 millones a la ayuda que la Junta prepara para Gaza.
Hasta ahora, quienes han aceptado ser parte de la Junta son Albania, Arabia Saudí, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bahréin, Bielorrusia, Bulgaria, Camboya, Catar, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Hungría, Indonesia, Israel, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Marruecos, Mongolia, Pakistán, Paraguay, Turquía, Uzbekistán y Vietnam. Destaca también la presencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a través de un acuerdo de colaboración firmado entre la Junta y la institución que gobierna el fútbol mundial; la misma que concedió a Donald Trump en diciembre del año pasado el Premio FIFA de la Paz. Un galardón nuevo que trataba de rebajar la decepción del presidente norteamericano por no haber sido el destinatario del Nobel de la Paz.
¿Cómo se organiza la Junta de Paz y qué poderes concentra Donald Trump?
Donald Trump es el presidente vitalicio, con enormes poderes dentro de la Junta. Él y solo él puede designar a un sucesor, invitar o excluir a miembros, renovar o expulsar personas de los diferentes órganos de la Junta, vetar resoluciones y resolver disputas internas. También está facultado para adoptar resoluciones y directrices, y tiene la autoridad definitiva en lo que respecta al significado, interpretación y aplicación de la Carta de la Junta. Este cargo es independiente de su rol como presidente de Estados Unidos, por lo que podrá seguir dirigiendo la Junta independientemente de lo que suceda en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2028. Así, a través de este instrumento privado, Trump podrá seguir persiguiendo sus intereses políticos y económicos más allá de la Casa Blanca.
Además, la Junta cuenta con un Consejo de Administración, compuesto por líderes mundiales seleccionados por Donald Trump, un Consejo Ejecutivo, siendo el principal órgano con capacidad de tomar decisiones, compuesto por personas como Marco Rubio, Jared Kushner (yerno de Trump), Tony Blair, Marc Rowan (director ejecutivo de Apollo, una firma de inversión estadounidense) o Ajay Banga (presidente del Banco Mundial), entre otros, y una Junta Ejecutiva de Gaza, que actuará como enlace entre el Consejo Ejecutivo y la administración de la Franja.
Es decir, que lo que en octubre de 2025 se presentó como una Junta encargada de la administración transicional y reurbanización de Gaza, se ha terminado convirtiendo en un instrumento con pretensiones de alcance global. Su primer mandato será abordar el genocidio en la Franja, por supuesto sin reconocer que tal genocidio se está cometiendo.
Personas manifestantes con banderas palestinas protestan frente al Instituto Donald J. Trump de la Paz en Washington, D.C. durante la reunión inaugural del Junta de Paz, impulsada por el presidente Donald Trump con el objetivo declarado de financiar la reconstrucción de Gaza. ©Mehmet Eser/SIPA
¿Por qué la Junta de Paz de Trump es peligrosa para la ONU, el derecho internacional y los derechos humanos?
Donald Trump afirma que “vamos a trabajar muy estrechamente con Naciones Unidas. Vamos a recuperarlas. Creo que Naciones Unidas tiene un gran potencial y no ha estado a la altura de su potencial. Naciones Unidas será mucho más fuerte, y la Junta de Paz estará casi supervisando a Naciones Unidas y asegurándose de que funcione correctamente”. Adicionalmente, el presidente estadounidense considera que la Junta va a “fortalecer las Naciones Unidas. Vamos a asegurarnos de que sus instalaciones sean buenas. Necesitan ayuda, y necesitan ayuda económica. Vamos a ayudarles económicamente y nos aseguraremos de que Naciones Unidas sea viable. Hay gente muy buena en Naciones Unidas que puede hacer un buen trabajo. Pero, como he dicho durante años, Naciones Unidas tiene un enorme potencial. Es realmente muy importante, y creo que al final estará a la altura de su potencial”.
Estas afirmaciones coinciden con la retirada de Estados Unidos de varias organizaciones internacionales y el anuncio de que abandonaría 66 organismos multilaterales. Casi la mitad pertenecen al sistema de Naciones Unidas. La ONU ya ha alertado del enorme riesgo financiero en el que se encuentra como consecuencia de los casi 4.000 millones de dólares que debe Estados Unidos entre presupuesto ordinario y operaciones de paz. El embajador de Estados Unidos ante la ONU ha afirmado que el país pagará, siempre que se cumpla su exigencia de recortes y reformas en la organización.
A pesar de las declaraciones de Donald Trump, la realidad es que la Junta no sólo podría duplicar o socavar la función de los órganos establecidos de la ONU, sino constituir un peligroso ataque contra el sistema de Naciones Unidas y los mecanismos de justicia internacional. Esto se debe al poder que tiene el presidente de los Estados Unidos de veto y autoridad exclusiva sobre múltiples decisiones en la Junta, y por vincular el asiento permanente de sus miembros a su influencia económica o política.
Un modelo de este tipo es incompatible con la universalidad, la igualdad de los Estados y la independencia que sustentan el sistema internacional posterior a la II Guerra Mundial, y erosiona la credibilidad de las instituciones multilaterales basadas en el derecho internacional y en los valores de los derechos humanos universales.
Lo que los Estados partícipes (y no partícipes) parecen ignorar
Los gobiernos que forman parte de la Junta no podrán negar que se incorporan, a sabiendas, a un mecanismo que el presidente Trump intenta convertir en su instrumento privado y en una estructura decisoria global paralela que eluda o socave la legitimidad de las instituciones de la ONU. Están asumiendo la pertenencia que opera con abierto desprecio del derecho internacional, especialmente cuando quedan sin implementar más de 131 resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre violaciones del derecho internacional por parte de Israel desde 1948.
Al ignorar por completo la rendición de cuentas, la Junta de Trump minimiza la importancia central de las víctimas y de sus derechos al mismo tiempo que normaliza las dinámicas de poder que permiten que continúen impunemente la ocupación ilegal, el apartheid y el genocidio del pueblo palestino en Gaza por Israel.
A la luz de los registros históricos y las conclusiones autorizadas de organismos de la ONU, la Corte Internacional de Justicia y organizaciones de derechos humanos sobre las violaciones del derecho internacional por parte de Israel, los Estados no pueden alegar desconocimiento del riesgo de legitimar y apoyar esta conducta ilegal.
Así, sin unas garantías firmes en torno a los derechos humanos, transparencia y supervisión multilateral, la participación en la Junta de Paz para Gaza puede llegar a legitimar prácticas que debiliten aún más la universalidad del derecho internacional.
Si bien es cierto que la UE no forma parte de la Junta, la Comisión Europea asistió como observadora a su presentación. Hace casi un año, el 24 de febrero de 2025, la UE acogió a Gideon Sa’ar, ministro de Asuntos Exteriores de Israel, en el Consejo de Asociación de la Unión Europea e Israel. La alta representante Kaja Kallas declaró que le “alegra[ba] dar la bienvenida” a Bruselas al ministro de Asuntos Exteriores y se comprometió a que la UE seguiría “siendo un socio honesto, abierto, viable y fiable para la región”.
Toda acción de la UE que no sitúe en su núcleo los derechos de la población palestina amenaza con convertirse en complicidad en las violaciones de derechos que sufren por parte de Israel. Este riesgo se incrementará en la medida en la que la Junta no se convierta urgentemente en un instrumento que respete los derechos y se alinee con el derecho internacional, y en la medida en que continúe con sus pretensiones sobre Gaza.
El derecho internacional de los derechos humanos fue concebido con un doble propósito: contener a los poderosos y proteger a las víctimas. La Junta de Trump va en contra de todo ello, pero no solo. También los Estados no miembro e instituciones como la UE, que con su tolerancia hacia los abusos de Trump e Israel corren el riesgo de convertirse en cómplices de las violaciones de derechos que se cometen en el Territorio Palestino Ocupado.
Manifestantes pro palestinos y críticos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se concentran frente al Instituto Donald J. Trump de la Paz en Washington, D.C., coincidiendo con la reunión inaugural de la llamada “Junta de Paz”, una iniciativa destinada a recaudar fondos para la reconstrucción y estabilización de Gaza. © Mehmet Eser/SIPA
¿Qué puede pasar ahora con la Junta de Paz de Trump y Gaza?
De los alrededor de 60 países invitados a la Junta, unos 35 han aceptado incorporarse, según la Casa Blanca. Otros aún lo están pensando y varios países clave han declinado directamente la invitación. La ambigüedad del alcance de este mecanismo, unido a las evidentes especulaciones de que Trump está tratando de establecer un nuevo sistema mundial, con él mismo al frente, podría condenar al ostracismo a la Junta de Paz para Gaza.
Es probable que su labor afiance las violaciones del derecho internacional humanitario por parte de Israel, además de su sistema de apartheid, incluso tolerando el incumplimiento por Israel de sus obligaciones como potencia ocupante, perpetuando la opresión de la población palestina de Gaza y unas prácticas que desembocan en su desplazamiento ilegal y posible deportación merced al genocidio en curso de Israel.
Ser parte de esta Junta podría contribuir a las violaciones de Israel y e ir en contra de las obligaciones de los terceros Estados en virtud del derecho internacional, incluidas las establecidas en las opiniones consultivas y medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia. Cualquier plan que repita los errores de iniciativas pasadas que ignoraban los derechos humanos, el derecho internacional y las causas fundamentales de la injusticia no garantizará un futuro justo y sostenible a todas las personas que viven en Israel y el Territorio Palestino Ocupado.
