Irak

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

Las personas internamente desplazadas soportaron un deterioro de sus condiciones en un contexto de desplazamiento prolongado. Fuerzas de seguridad, milicias armadas y agentes de la esfera política continuaban cometiendo violaciones graves de derechos humanos con casi total impunidad. El mal funcionamiento del sistema judicial privaba de justicia y reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos. La degradación medioambiental agravó los problemas humanitarios. El gobierno recurría cada vez más a prácticas autoritarias, como reprimir la disidencia, hostigar a periodistas y activistas y a la sociedad civil, y restringir la libertad de expresión y de reunión pacífica. La legislación amenazaba los derechos de las mujeres en un contexto de deterioro de las actitudes sociales hacia la violencia de género. La pena de muerte se aplicaba tras juicios menoscabados por graves defectos de procedimiento, al tiempo que persistía la falta de información transparente sobre las ejecuciones.

Información general

El 11 de noviembre se celebraron elecciones parlamentarias en Irak. Decenas de candidaturas, entre ellas muchas de figuras independientes y mujeres, habían sido anuladas, medida que fue criticada por la sociedad civil. A mediados de octubre, la explosión de un artefacto improvisado (bomba casera) colocado en su vehículo había matado a un candidato. Al finalizar el año, al menos dos personas habían comparecido ante un juzgado de instrucción y se encontraban en espera de juicio por este asesinato. Numerosas candidaturas que denunciaban irregularidades en la votación y los procedimientos impugnaron los resultados de las elecciones, pero, el 14 de diciembre, el Tribunal Supremo Federal los ratificó. Al finalizar el año no se había formado aún un nuevo gobierno.

Tras la firma de un acuerdo de paz entre Turquía y el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK, por sus siglas en kurdo), éste depuso las armas en una ceremonia celebrada en julio. Con todo, miles de habitantes de localidades de la Región del Kurdistán de Irak no pudieron regresar a sus hogares debido a la presencia continuada de tropas turcas.

La corrupción existente en el sector público y entre los funcionarios y los cargos políticos continuaba afectando a todos los aspectos de la vida. El incumplimiento de las normativas de seguridad debido a la corrupción de las autoridades locales acarreó incendios en hospitales y centros comerciales en los que murieron decenas de personas, entre ellas niños y niñas de corta edad.

Tras una solicitud de las autoridades iraquíes formulada en mayo de 2024, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq (UNAMI, por sus siglas en inglés) cesó oficialmente su actividad el 31 de diciembre de 2025.

Derechos de las personas internamente desplazadas

En Irak seguía habiendo más de un millón de personas internamente desplazadas, De ellas, al menos 101.000 continuaban viviendo en 20 campos de acogida de la Región del Kurdistán de Irak; el resto residían en establecimientos privados, como viviendas en alquiler y asentamientos informales, en varias gobernaciones de la Región del Kurdistán de Irak y de Irak.

Las condiciones de vida e higiene en los campos de la Región del Kurdistán de Irak para población desplazada siguieron deteriorándose. En abril, julio y septiembre se declararon varios incendios que arrasaron decenas de refugios e hirieron al menos a dos personas. Los incendios siguieron un patrón similar al de años anteriores, en el que las causas apuntaban, en gran medida, al deterioro de las condiciones de seguridad.

Las organizaciones humanitarias informaron de leves avances en la búsqueda de soluciones duraderas para el desplazamiento de larga duración y adujeron como causas la escasa financiación, la inseguridad constante, la persistencia de barreras para obtener la documentación acreditativa del estado civil y los continuos obstáculos para restablecer los medios de subsistencia y la vivienda.

Personas retornadas

Al finalizar el año, las autoridades habían facilitado el retorno de centenares de iraquíes desde el campo de Al Hol, en Siria, en el marco de los esfuerzos continuos del gobierno en materia de repatriación y reintegración. Las personas retornadas aún tenían que pasar por el Centro de Rehabilitación de Al Amal, en Nínive, antes de regresar a sus zonas de origen. Persistían los motivos de preocupación en materia de derechos humanos y protección de estas personas, que tenían dificultades para obtener la documentación acreditativa de su estado civil, lo que restringía su acceso a los servicios y el empleo, así como su libertad de circulación. El estigma social seguía estando muy presente, y algunas comunidades locales se negaban a aceptar a personas retornadas sospechosas de vinculación con el grupo armado Estado Islámico, lo que obligaba a las familias, especialmente a las encabezadas por mujeres, a ocultar su identidad o a trasladarse a lugares desconocidos para sortear la discriminación. Las dificultades económicas persistían, ya que la mayoría de las personas retornadas carecían de ingresos estables o de vivienda, siendo las mujeres y los niños y niñas los más vulnerables a la explotación y la violencia, incluido el matrimonio infantil, la violencia en el ámbito familiar y el acoso sexual.

En agosto, una iniciativa conjunta de la ONU e Irak reveló que, desde 2019, sólo el 27% de los hogares de personas retornadas registrados habían recibido las prestaciones económicas a las que tenían derecho y citó como causas de ello problemas con los datos y demoras en los procedimientos.

Desplazamiento provocado por el cambio climático

Las reservas de agua eran las más bajas registradas en Irak en más de 80 años, situación que agravaba la crisis medioambiental del país. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en septiembre había aproximadamente 186.000 personas desplazadas como consecuencia de la sequía, la escasez de agua y los efectos climáticos conexos, y muy pocas manifestaron su intención de regresar a sus zonas de origen.

Los desplazamientos afectaban principalmente a poblaciones de las gobernaciones meridionales de Di Qar, Mesena y Al Diwaniya. De la población desplazada, al menos 1.800 familias vivían en refugios precarios, temporales o improvisados, mientras que muchas personas migrantes por causas climáticas recurrían a opciones habitacionales irregulares y carecían de permiso formal para ocupar terrenos. Las autoridades iraquíes no prestaban asistencia financiera ni de ningún otro tipo a estas personas, por lo que se veían abandonadas a su suerte.

Según la OIM, la población iraquí desplazada por causas climáticas tenía graves dificultades para acceder a alimentos, agua y otros productos básicos, y su vulnerabilidad se veía agravada por la pobreza y la falta de apoyo adecuado. Por añadidura, las comunidades debían hacer frente en todo el país a la disminución de la productividad agrícola y a unas oportunidades de subsistencia insuficientes, lo que hacía más probables los desplazamientos de larga duración.

Impunidad

Las autoridades iraquíes no realizaron avances significativos para hacer rendir cuentas a quienes habían cometido graves violaciones de los derechos humanos en contextos como los largos años de conflicto armado con el Estado Islámico o las protestas de ámbito nacional de octubre de 2019 (conocidas como protestas de Tishreen) y el periodo posterior. No se hizo público el resultado de ninguna de las numerosas investigaciones anunciadas por los sucesivos gobiernos. En los tribunales, los enjuiciamientos por violaciones de los derechos humanos seguían siendo escasos y en gran medida ineficaces, dado que los presuntos autores eran absueltos por falta de pruebas. Miembros de organizaciones de la sociedad civil condenaron las injerencias políticas, la corrupción y la intimidación de testigos y de miembros de la judicatura, todo lo cual socavaba aún más la independencia y credibilidad del proceso judicial.

Las personas sobrevivientes y las familias de las víctimas de la violencia estatal cometida durante las protestas de Tishreen y los acontecimientos posteriores seguían encontrando enormes obstáculos para acceder a unas exiguas reparaciones sobre las que no se hicieron públicas cifras oficiales.

En el marco de una ofensiva que la sociedad civil describió como una “campaña de venganza” por las protestas de Tishreen, las autoridades persiguieron a decenas de activistas y manifestantes utilizando órdenes judiciales de detención emitidas en los cinco años anteriores por delitos que el Código Penal castigaba con penas graves, incluso de muerte. Sobre la base de estas órdenes de detención, a lo largo del año, las fuerzas de seguridad de la ciudad de Nasiriya irrumpieron en domicilios de activistas y, en algunos casos, agredieron y detuvieron a familiares suyos con el fin de ejercer presión y obligar a quienes se escondían a entregarse.

Seguía sin revelarse la suerte de miles de hombres y niños que habían sido detenidos de manera arbitraria y sometidos posteriormente a desaparición forzada por fuerzas de seguridad iraquíes y facciones de las Fuerzas de Movilización Popular desde 2014.

Irak no realizó avances sustantivos en la aprobación del proyecto de ley —en suspenso desde hacía tiempo— necesario para penalizar la desaparición forzada con arreglo a la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, en la que el país era Estado Parte. La falta de legislación a este respecto y la persistente impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y que se seguían cometiendo aumentaban la desconfianza de la población en las instituciones del Estado.

Derecho a un medioambiente saludable

Como en años anteriores, la contaminación del aire y el agua contribuyó a causar enfermedades respiratorias, cardiovasculares y gastrointestinales, según información del Ministerio de Medioambiente de Irak y la Organización Mundial de la Salud.

La calidad del aire en la capital, Bagdad, empeoró debido al uso de gasóleo pesado en actividades industriales, generadores privados, incineradoras de residuos y refinerías, a lo que se sumaron eventos meteorológicos como tormentas de arena y polvo.

En Basora y otras gobernaciones del sur, el incremento de la salinidad y la contaminación, agravadas por una gobernanza deficiente, desencadenó una crisis hídrica que dejó a la población prácticamente sin acceso a agua potable.

Libertad de expresión y de asociación

Las autoridades iraquíes, así como agentes políticos y miembros de las Fuerzas de Movilización Popular, continuaron hostigando, deteniendo y procesando a periodistas y a medios de comunicación y a su personal.

También intensificaron la represión de la libertad de expresión con una campaña que, amparada por imprecisas disposiciones legales que penalizaban los “contenidos indecentes” y las violaciones de la “moralidad pública”, tenía por objeto perseguir a voces críticas, activistas y medios de comunicación independientes. Los servicios encargados de hacer cumplir la ley dependientes del Ministerio del Interior llevaron a cabo decenas de detenciones durante el año. En septiembre, la campaña cambió de nombre para que pudiera aplicarse también a los “contenidos contrarios a la decencia pública y la moral”, concepto no definido previamente.

Los proyectos de legislación que se debatieron durante el año, incluida una ley sobre el derecho a la información, amenazaban con restringir aún más la libertad de los medios de comunicación y el acceso público a la información.

Los organismos gubernamentales continuaban imponiendo a las organizaciones de la sociedad civil normativas gravosas, verificaciones de antecedentes e interferencias en la programación que las obligaban a desarrollar sus actividades en condiciones cada vez más restrictivas. La retirada de la financiación internacional, incluido el desmantelamiento de USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, agravó aún más el impacto de la injerencia gubernamental en las ONG locales.

Detención y reclusión arbitrarias

A lo largo del año, las autoridades locales que actuaban junto a las facciones de las Fuerzas de Movilización Popular siguieron deteniendo y encarcelando arbitrariamente a activistas, personas dedicadas a la creación de contenido en redes sociales y destacados manifestantes y convocantes de protestas. Eran perseguidas por criticar la falta de justicia y de rendición de cuentas en relación con las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas de Tishreen, el impacto de la corrupción y el nepotismo del gobierno en materia de derechos humanos y medioambiente, la insuficiencia de servicios públicos y la falta de oportunidades de empleo.

Región del Kurdistán de Irak

En la Región del Kurdistán de Irak quienes ejercían el periodismo, sobre todo si cubrían temas relacionados con los derechos humanos y la corrupción del gobierno, sufrían detenciones, hostigamiento, agresiones y amenazas por parte de las autoridades y de particulares que reconocían su afinidad con agentes políticos, sin que hubiera apenas rendición de cuentas por ello. Entre enero y julio, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación denunciaron decenas de detenciones de profesionales de la información, a menudo acompañadas de agresiones y redadas. Las autoridades introdujeron leyes que criminalizaban la publicación de información sobre delincuencia en determinadas circunstancias, lo que generaba autocensura.

Las fuerzas de seguridad detuvieron y agredieron reiteradamente a personal de medios de comunicación en su lugar de trabajo o cuando cubría manifestaciones pacíficas o incidentes de seguridad.

A menudo, las autoridades judiciales prorrogaban la detención de periodistas, activistas y figuras críticas incoando nuevas causas en su contra. En agosto, un tribunal condenó al destacado periodista Sherwan Sherwani a una nueva pena de cuatro años y seis meses de prisión por cargos falsos pocos días antes de la fecha prevista para su liberación. En octubre, un tribunal de apelación de Erbil, la capital, confirmó su sentencia condenatoria, aunque le redujo la pena a tres años y cinco meses, castigo que seguía siendo más severo que la pena máxima de dos años prescrita por la ley. Sherwan Sherwani llevaba encarcelado desde 2020 y había sido condenado en un juicio injusto en 2021.

Libertad de reunión

Las fuerzas de seguridad emplearon repetidamente fuerza ilícita, incluida munición real, cañones de agua y gas lacrimógeno, para dispersar violentamente manifestaciones pacíficas que tuvieron lugar en Bagdad y en las gobernaciones del centro y el sur de Irak. Las protestas, a menudo desencadenadas por los agravios económicos, la corrupción y la impunidad, se saldaron con la detención arbitraria de decenas de personas y la reclusión prolongada y sin cargos y el hostigamiento de activistas y manifestantes. Las autoridades rara vez obligaron a los agentes de seguridad a rendir cuentas por estos abusos. En abril y octubre, las protestas de Nasiriya y Basora fueron dispersadas de forma especialmente violenta con munición real, gas lacrimógeno y palizas. En las gobernaciones del sur, durante las manifestaciones en demanda de agua potable y mejoras en el suministro de electricidad, se quemaron neumáticos y se bloquearon carreteras, a lo que las unidades de antidisturbios de la policía respondieron lanzando gases lacrimógenos y golpeando a manifestantes.

Región del Kurdistán de Irak

En toda la Región del Kurdistán de Irak, se dispersaron concentraciones pacíficas, en particular las convocadas para protestar contra el impago de salarios y la corrupción, recurriendo para ello al uso de gases lacrimógenos y a detenciones y reclusiones arbitrarias.

En febrero, las fuerzas de seguridad de Erbil impidieron que un grupo de docentes entrara en la ciudad para manifestarse y utilizaron tácticas violentas y gas lacrimógeno para dispersarlos. Ese mismo mes, diversas fuerzas de seguridad atacaron a manifestantes pacíficos en Arbat, subdistrito de Suleimaniya, y detuvieron a periodistas para impedirles que informaran sobre sus actuaciones. Fuerzas de la Asayish (principal organismo de seguridad e inteligencia del Gobierno Regional del Kurdistán) dispararon gas lacrimógeno y agredieron a periodistas que cubrían la protesta de Arbat, a quienes detuvieron en algunos casos, y registraron una cadena de televisión local.

En junio, la represión de múltiples manifestaciones en Suleimaniya y Erbil por unidades de seguridad se saldó con nuevas detenciones y hostigamiento a activistas y manifestantes.

Derechos de las mujeres y de las niñas

En enero, el Parlamento aprobó una reforma de la Ley del Estatuto Personal que otorgaba a una secta religiosa una mayor potestad en cuestiones del derecho de familia como el matrimonio o el divorcio, lo que aumentaba el peligro para los derechos de las mujeres y agudizaba las divisiones entre sectas. En cambio, el Parlamento seguía sin penalizar la violencia de género en el ámbito familiar y sin derogar artículos problemáticos y discriminatorios del Código Penal, como los que atenuaban la pena por los llamados “asesinatos en defensa del honor” y permitían infligir castigos corporales a la esposa y a los hijos e hijas.

La violencia en el ámbito familiar y la violencia de género seguían siendo prácticas generalizadas, y las autoridades no garantizaban la rendición de cuentas ni prestaban servicios adecuados centrados en las mujeres víctimas y sobrevivientes. Al finalizar el año, las autoridades de la Región del Kurdistán de Irak informaron de los homicidios de al menos 53 mujeres y niñas, la mayoría cometidos por familiares varones. No había datos centralizados sobre el resto de Irak. Los tribunales no hicieron rendir cuentas a los responsables, lo que desató una oleada de indignación pública en la sociedad civil. Las declaraciones y comentarios despectivos de figuras políticas y miembros del Parlamento normalizaban la violencia de género, incluido el asesinato de mujeres por varones de sus familias.

Pena de muerte

A pesar de las violaciones persistentes y profundamente arraigadas del derecho a un juicio justo, los tribunales impusieron condenas a muerte, en su mayoría por delitos relacionados con las drogas o el terrorismo. Se llevaron a cabo ejecuciones, pero la información sobre su número siguió siendo poco transparente.