China

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

Las autoridades chinas intensificaron el control de la información y el discurso público y continuaron reprimiendo la disidencia y el derecho de reunión pacífica. Se persiguió a las personas que participaban en actividades religiosas mediante vigilancia, redadas y leyes de seguridad. Continuaron las detenciones y los procesamientos de defensores y defensoras de los derechos humanos, escritores y escritoras, artistas y otros actores de la sociedad civil en virtud de disposiciones de seguridad nacional muy imprecisas, y persistió la censura y la vigilancia online de estos grupos. Las autoridades reprimieron el activismo dirigido a lograr la igualdad de género e impusieron restricciones a la libertad de expresión de mujeres y personas LGBTIQ+, especialmente en espacios digitales. China continuó utilizando la pena de muerte. Aunque la capacidad de generación de energía renovable se incrementó significativamente, el consumo de combustibles fósiles también siguió aumentando. Grupos étnicos como el uigur y el tibetano siguieron sometidos a un estricto control político y cultural. En las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, la legislación nacional erosionó aún más los derechos humanos.

Información general

Nueve altos mandos militares fueron retirados de sus puestos, teóricamente como parte de la agenda “anticorrupción” del presidente y secretario del Partido Comunista Chino Xi Jinping. En septiembre, Xi Jinping presentó la Iniciativa de Gobernanza Global, el más reciente de un conjunto de planes de desarrollo y cooperación en los que se basa su afirmación de ser líder del “auténtico multilateralismo”. Empresas chinas, a menudo con estrechos vínculos con el gobierno, estuvieron implicadas en el mantenimiento de conflictos a nivel mundial, como en Myanmar y Sudán, y en facilitar violaciones de otros Estados, como Pakistán.

Hubo varios incidentes que indicaron una creciente represión transnacional por parte de las autoridades chinas mediante vigilancia, censura, hostigamiento, acciones legales e influencias sobre otros Estados para que devolvieran personas a China. Estos incidentes afectaron a defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas, artistas y miembros de la diáspora uigur y tibetana.¹ También hubo informes de que personas dedicadas a la investigación o al activismo en otros países se enfrentaban a recortes de financiación relacionados con su trabajo y a acusaciones falsas de difamación presentadas por empresas chinas por publicar material que criticaba sus prácticas comerciales.

Libertad de expresión y de asociación

Las autoridades intensificaron el control de la información, el discurso público y la libertad de asociación mediante nuevas normativas, censura e intimidación.

El 5 de febrero, la Administración Nacional de Radio y Televisión introdujo un nuevo sistema de concesión de autorizaciones para todos los microdramas online (vídeos breves guionizados), que exigía que fueran aprobados antes de su publicación. La medida se extendió a los contenidos de las grandes plataformas de redes sociales, como WeChat, Douyin y RedNote. El 8 de febrero, la Administración del Ciberespacio de China, junto con otros 11 organismos, entre ellos el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Seguridad del Estado, publicaron las Medidas para la Gestión de la Difusión de Información Militar en Internet, que prohibían la producción o el intercambio en línea de toda información sobre la defensa nacional o las fuerzas armadas que no fuera ya pública.

Continuó la censura de periodistas y medios de comunicación. En junio, la web de noticias Caixin y el periódico semanal Southern Weekly publicaron sendos informes de investigación sobre una presunta muerte bajo custodia policial. Ambos informes fueron eliminados rápidamente de las redes sociales y las páginas web oficiales.

El 22 de septiembre, la Administración del Ciberespacio de China lanzó una campaña nacional de dos meses centrada en los contenidos de las plataformas de redes sociales y vídeos cortos que “incitaran a la hostilidad” o “propagaran el pesimismo”. Se advirtió a las plataformas que debían eliminar este tipo de material y cualquier otro que se considerara que desacreditaba a las instituciones públicas. Otro ejemplo del aumento del control se produjo cuando, tras el fallecimiento del actor Yu Menglong, las publicaciones de sus fans lamentando su muerte y las críticas a la censura online fueron eliminadas rápidamente de las redes sociales.

Los trabajadores y trabajadoras y las personas que defienden sus derechos siguieron sin poder ejercer la libertad de asociación. El 10 de febrero, en su informe anual de 2025, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) expresó su preocupación por que continuaran prohibidos los sindicatos independientes y por otras restricciones de la libertad de asociación en China.

Libertad de reunión pacífica

Las autoridades continuaron restringiendo el derecho de reunión pacífica mediante el uso de la fuerza policial y la censura en Internet.

En abril y mayo, trabajadores y trabajadoras de varias provincias, incluidas Sichuan, Shaanxi, Hunan y Hebei, llevaron a cabo protestas en las que exigían el pago de salarios atrasados. En las labores de observación de los derechos laborales se documentó la eliminación de publicaciones en Internet relacionadas con las protestas, así como el hostigamiento de quienes las organizaban, lo que refleja la intolerancia de las autoridades frente a la acción colectiva.

En agosto, según los informes, el vídeo de un incidente de acoso escolar que se hizo viral provocó la concentración de más de mil personas ante unas dependencias gubernamentales en Jiangyou (provincia de Sichuan). La policía utilizó porras y picanas eléctricas para dispersarlas y las imágenes de vídeos verificados mostraban a agentes arrastrándolas y golpeándolas. El debate sobre este incidente en Internet fue censurado rápidamente y hubo residentes en Jiangyou que denunciaron haber recibido advertencias de no hacer declaraciones a los medios de comunicación extranjeros.

Ese mismo mes, en la ciudad de Chongqing, se proyectaron en el muro de un edificio consignas contra el gobierno a modo de protesta durante casi una hora hasta que intervino la policía. Los vídeos de la proyección fueron eliminados rápidamente de las redes sociales.

Libertad de religión o de creencias

Las autoridades intensificaron el control de las actividades religiosas mediante vigilancia, redadas e interposición de acciones judiciales en aplicación de disposiciones sobre seguridad y contra los “cultos”. El 5 de marzo, el Departamento de Asuntos Étnicos y Religiosos tomó por la fuerza una iglesia en la ciudad de Huainan, en la provincia de Anhui. El pastor Zhao Hongliang fue condenado a un año y un mes de prisión. El 10 de marzo, en la provincia de Anhui, la policía detuvo a dos personas cristianas acusándolas de “organizar y utilizar un culto para menoscabar el cumplimiento de la ley”.

A lo largo de todo el año se siguió encarcelando a practicantes de Falun Gong, movimiento espiritual prohibido en China, incluida una mujer de 80 años que fue condenada en Pekín a cinco años de cárcel en marzo.

En octubre, las autoridades lanzaron una operación a nivel nacional contra la Iglesia de Sión, no autorizada, en la que se detuvo a casi 30 personas, tanto pastores como miembros, en al menos siete ciudades, entre ellas Pekín y Shanghái. Al acabar el año, al menos 18 personas continuaban en detención penal. La campaña reflejaba un constante esfuerzo por eliminar la actividad religiosa no reconocida y ejercer el control estatal sobre las creencias y las prácticas religiosas.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las autoridades siguieron atacando a defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales del derecho y activistas en aplicación de disposiciones imprecisas sobre seguridad nacional y orden público. Estas medidas se utilizaban habitualmente para reprimir la labor de activismo y defensa jurídica, con prolongadas detenciones en espera de juicio, actuaciones a puerta cerrada y acceso restringido a asistencia letrada.² Las autoridades continuaron utilizando la “vigilancia domiciliaria en un lugar designado”, una forma de detención secreta que equivalía a desaparición forzada, especialmente contra defensores y defensoras de los derechos humanos, abogados y abogadas de derechos humanos y particulares investigados por delitos contra la seguridad nacional.

Abogados y abogadas de derechos humanos y sus familias sufrieron continuos ataques. La activista Xu Yan fue excarcelada a principios de enero tras haber cumplido su condena de un año y nueve meses por “incitar a la subversión”. El recurso presentado por su esposo, el abogado de derechos humanos Yu Wensheng, condenado por el mismo delito, fue rechazado el 6 de enero.³ El abogado Lu Siwei fue condenado a 11 meses de cárcel en abril por “cruzar ilegalmente las fronteras nacionales”. Tras quedar libre en agosto, siguió sometido a restricciones para viajar al extranjero. El 30 de julio, tras más de tres años detenido en espera de juicio, el abogado Xie Yang fue juzgado a puerta cerrada por “incitar a la subversión del poder del Estado”.

Los defensores y defensoras de los derechos laborales y sociales continuaron sometidos a una estricta vigilancia. El 18 de marzo, el abogado defensor de los derechos laborales Wang Jianbing fue excarcelado tras cumplir una pena de tres años y medio. Sin embargo, quedó sometido a “privación de derechos políticos”, una pena complementaria ambigua que violaba las normas internacionales, y permaneció bajo vigilancia. En abril fue desestimado el recurso que la defensora de la seguridad de las vacunas He Fangmei había presentado contra su sentencia penal.

Escritores y escritoras, periodistas y artistas continuaron arriesgándose a ser procesados penalmente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y por su labor de derechos humanos. El 6 de enero, el director de cine Chen Pinlin fue declarado culpable del impreciso delito de “provocar peleas y crear problemas” y condenado a tres años y medio de cárcel. El 19 de septiembre, la periodista Zhang Zhan fue juzgada, declarada culpable y condenada a una segunda pena de prisión de cuatro años por su labor de derechos humanos.⁴ El destacado artista Gao Zhen, que llevaba detenido desde agosto de 2024 por “difamar a los héroes y mártires de China”, continuaba detenido en espera de juicio al acabar el año.

También se atacó a estudiantes y personas más jóvenes. El 31 de julio, Zhang Yadi (Tara), estudiante de 22 años, fue puesta bajo custodia por agentes de la seguridad del Estado en la provincia de Yunnan tras regresar de sus estudios universitarios en Francia. Según informes, quedó detenida bajo la acusación de “incitar al separatismo” por su trabajo pacífico como voluntaria en el extranjero. El 28 de diciembre, la estudiante universitaria uigur Kamile Wayit quedó en libertad tras cumplir tres años de condena por supuesta “promoción del extremismo” al compartir publicaciones en redes sociales.

Derechos de las mujeres

Las autoridades continuaron reprimiendo el activismo feminista y el debate online sobre la igualdad de género. En agosto y septiembre, varias cuentas de activistas feministas y en favor de los derechos de las mujeres fueron eliminadas permanentemente de la red social Weibo por “incitar al antagonismo entre géneros”. Medios de comunicación vinculados al gobierno informaron de que la medida iba dirigida a cuentas en las que se hablaba sobre discriminación y acoso sexual.

En octubre se celebró en Pekín la Conferencia de Líderes Mundiales sobre la Mujer para conmemorar el 30 aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, donde las autoridades promovieron lo que denominaron “logros históricos” en igualdad de género y participación de las mujeres. Las voces feministas independientes fueron excluidas del evento.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

En enero, la cancelación de las actuaciones de la reconocida artista transgénero Jin Xing hizo temer un control gubernamental más estricto sobre las actuaciones públicas de artistas LGBTIQ+. En varias provincias, la policía detuvo o interrogó a autoras de historias de “amor entre chicos” (género de ficción conocido como danmei) por publicar historias homoeróticas en Internet. Según informes de medios de comunicación y personas dedicadas a labores de observación, al menos 30 escritores y escritoras, en su mayoría mujeres, fueron multados o sometidos a detención administrativa en el marco de una campaña en junio.

En septiembre, los distribuidores de la película Together suspendieron su entreno en China continental a raíz de que las redes sociales desvelaran que la escena de una boda entre personas del mismo sexo había sido modificada digitalmente mediante IA para que pareciera una boda heterosexual. La decisión fue muy criticada en redes antes de que se censuraran las publicaciones relativas al tema.

Ese mismo mes, la Administración del Ciberespacio de China ordenó que RedNote, una red social sobre estilo de vida, “rectificara” presuntos errores en la gestión de publicaciones sobre temas LGBTIQ+ y sobre mujeres que decidían permanecer solteras. La agencia reguladora señaló que ese contenido “distorsionaba los valores” y dañaba el “civismo online”.

Plataformas de Internet como Douyin, Bilibili y RedNote siguieron eliminando los grupos y los debates de temática LGBTIQ+ en virtud de amplias prohibiciones sobre contenidos “vulgares” o “nocivos”, lo cual reflejaba la represión constante de la expresión queer en los espacios digitales. En noviembre, las autoridades ordenaron la eliminación de dos populares aplicaciones de citas gays de las plataformas online.

Pena de muerte

China seguía imponiendo condenas a muerte y llevando a cabo ejecuciones por gran diversidad de delitos, entre ellos varios que no alcanzaban el umbral de “los más graves delitos” establecido por el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Los datos oficiales sobre condenas a muerte y ejecuciones siguieron clasificados como secreto de Estado, y esto hacía muy difícil valorar la afirmación del gobierno de que la pena capital se estaba aplicando “de manera prudente”.

A pesar de las restricciones estatales respecto a la información sobre la pena de muerte, las autoridades continuaron dando difusión en los medios de comunicación a ciertos casos con fines disuasorios. En enero, el Tribunal Superior Popular de la Provincia de Guizhou confirmó la ejecución de Yu Huaying, condenado por tráfico de menores, un caso que recibió mucha difusión en los medios de comunicación estatales como prueba de la existencia de “tolerancia cero” para el tráfico de mujeres y menores. El 29 de septiembre, el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Wenzhou, en la provincia de Zhejiang, condenó a muerte a 11 miembros de una familia por delitos como “estafa en telecomunicaciones”, “dirigir un negocio de apuestas ilegales”, “tráfico de drogas” y “homicidio intencional”, relacionados con las operaciones de estafas transfronterizas en Myanmar. Las autoridades continuaron utilizando la pena de muerte para casos de corrupción y en diciembre ejecutaron a un exejecutivo financiero por sobornos a gran escala.

Derecho a un medioambiente saludable

China seguía siendo el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, a pesar de su crecimiento sin precedentes en la producción de energías renovables. Entre enero y mayo se incrementó en 198 GW la capacidad de producción de energía solar y en 46 GW la de energía eólica. El consumo de carbón continuó aumentando.

En mayo, por primera vez tras el periodo de pandemia, hubo un descenso interanual de las emisiones de carbono del país que los analistas atribuyeron a un cambio estructural, a la rápida expansión de las renovables y a la sustitución del carbón por la energía nuclear. Asimismo, continuó habiendo informes que ponían de relieve los peligros del trabajo forzoso en la cadena de suministro de paneles solares, lo que cuestionaba la sostenibilidad de la transición a energías renovables.

La protección ambiental se enmarcó en la política gubernamental de crear una “civilización ecológica” y en el 14 Plan Quinquenal, que reafirmó el compromiso de alcanzar los niveles máximos de emisión de carbono antes de 2030 y lograr la neutralidad en emisiones para 2060. Sin embargo, Climate Action Tracker calificó de “deficiente” el objetivo de “neutralidad en carbono” de China para 2060, señalando la ausencia de una estrategia integral a largo plazo y la duda de si el objetivo se refiere sólo al CO₂ o a todos los gases de efecto invernadero. La participación en la toma de decisiones sobre el medioambiente y la transparencia en los grandes proyectos de infraestructura continuaron siendo muy limitadas.

Regiones autónomas

El gobierno mantuvo un estricto control político y cultural sobre las poblaciones étnicas y continuó con campañas ideológicas que promovían la “unidad étnica” y la “identidad nacional”. Las políticas siguieron suprimiendo el espacio para la expresión de las peculiaridades culturales y religiosas, especialmente en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang y la Región Autónoma del Tíbet, así como en otras áreas autónomas.

El 8 de septiembre, las autoridades publicaron una Ley sobre la Unidad Étnica que exigía una educación ideológica integral para “fomentar un fuerte sentimiento de comunidad nacional china”. La Ley establecía amplios mecanismos de supervisión e información sobre el “fomento de la unidad” a todos los niveles administrativos. Las modificaciones propuestas ese mismo mes a la Ley sobre el Idioma Chino Estándar Hablado y Escrito parecían dar mayor importancia al uso en todo el país del chino mandarín, especialmente en “las regiones de minorías étnicas, rurales y marginadas”. Esto reforzaba la homogeneización lingüística impulsada por el Estado y reducía el espacio para la diversidad cultural.

Región Autónoma Uigur de Xinjiang

La población uigur continuó sufriendo graves restricciones de sus derechos, incluido el derecho a la libertad de circulación. Según informes, las políticas oficiales disuadían a las personas uigures de viajar al extranjero y al mismo tiempo obligaban a las que se encontraban fuera a elegir entre ver a sus familiares en China o ejercer su derecho a la libertad de expresión.

En marzo, junio y septiembre, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) reiteró su preocupación por las violaciones que se cometían en Xinjiang e instó a China a poner en práctica sus recomendaciones de 2022, entre las que figuraba poner fin a la detención arbitraria, aclarar la suerte y el paradero de las personas privadas de libertad y garantizar la rendición de cuentas. El gobierno rechazó estos llamamientos y no tomó ninguna medida para garantizar la rendición de cuentas o crear un mecanismo de seguimiento independiente.

En septiembre, mecanismos expertos de la ONU enviaron una comunicación oficial a las autoridades en la que expresaban su preocupación por los informes sobre la desaparición forzada de la intelectual uigur Rahile Dawut y por la detención arbitraria del artista Yaxia’er Xiaohelaiti, y afirmaban que esos casos reflejaban la amplia represión sistemática de la expresión cultural e intelectual de la población uigur.

Tíbet

En marzo, la Oficina de Información del Consejo de Estado publicó el documento Los derechos humanos en Xizang (Tíbet) en la Nueva Era, en el que se promovía explícitamente la “enseñanza bilingüe” y el mandarín como principal lengua vehicular en la enseñanza. El documento promovía la escolarización como medio para “reforzar la unidad nacional”, incluida, por ejemplo, la educación política. En agosto, durante una de sus poco frecuentes visitas al Tíbet, el presidente Xi subrayó “la unidad y el desarrollo” y puso la primera piedra de la construcción de una polémica presa vinculada a daños ambientales y al desplazamiento forzado de las comunidades locales.

Continuó la injerencia de las autoridades en los asuntos religiosos del budismo tibetano. En julio, tras anunciar el Dalai Lama los planes para su futura sucesión, autoridades y medios de comunicación de China afirmaron que cualquier proceso de reencarnación debería desarrollarse “de acuerdo a las leyes chinas” y bajo la autoridad del Partido Comunista.⁵

Región Administrativa Especial de Hong Kong

El 26 de noviembre se declaró un incendio en el complejo de viviendas Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, en el que murieron 168 personas, lo que lo convirtió en el tercer incendio con más víctimas mortales registrado en Hong Kong. Las autoridades se apresuraron a acallar las voces que exigían la rendición de cuentas deteniendo al menos a cuatro personas y obstaculizando los esfuerzos por informar públicamente del incidente y de la respuesta de las autoridades, o intimidando a quienes lo intentaban.⁶

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Seguían sin reconocerse jurídicamente el matrimonio y las parejas de personas del mismo sexo. A raíz de una sentencia de 2023 del Tribunal de Última Instancia que exigía al gobierno elaborar y tener listo antes de octubre de 2025 un marco para el reconocimiento jurídico de las uniones entre personas del mismo sexo, éste propuso un proyecto de ley sobre el registro de uniones de personas del mismo sexo que concedía derechos limitados a las uniones registradas en el extranjero. La asamblea legislativa lo rechazó en septiembre.⁷

Libertad de expresión

Las autoridades continuaron utilizando la Ley de Seguridad Nacional y otras leyes relacionadas, y siguieron ampliando su ámbito de aplicación para criminalizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. De los casos enjuiciados entre julio de 2020 y junio de 2025 en aplicación de la legislación relativa a la seguridad nacional, el 85% estaban relacionados con el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, que no debería haber sido criminalizado; en el 89% de los casos se denegó la libertad bajo fianza, y la duración media de la detención en espera de juicio fue de 11 meses.⁸

En abril, el padre y el hermano de la activista en el exilio Anna Kwok fueron detenidos por la policía de seguridad nacional. El padre fue acusado posteriormente, en aplicación de la Ley de Salvaguardia de la Seguridad Nacional de 2024, de manejar “directa o indirectamente” las finanzas de una persona fugitiva. El caso fue ampliamente considerado una represalia por el discurso crítico y el activismo de Anna Kwok en el extranjero.

En mayo, el gobierno de Hong Kong promulgó legislación subsidiaria en virtud de la Ley de Salvaguardia de la Seguridad Nacional e introdujo seis nuevos delitos. La legislación también declaró “lugares prohibidos” seis ubicaciones de las oficinas de la seguridad nacional china, y prohibió que la ciudadanía se acercara a ellos o los atravesara. También en mayo, el Departamento de Educación actualizó su política para integrar la seguridad nacional en el plan de estudios primarios y secundarios, imponiendo la supervisión estricta de los materiales y actividades docentes y restringiendo significativamente la libertad de expresión en los centros educativos.

En junio se presentó un nuevo cargo —“conspirar para actuar en connivencia con fuerzas extranjeras”— contra el activista encarcelado Joshua Wong en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional por su presunta labor de incidencia para instar a gobiernos extranjeros a que impusieran sanciones a Hong Kong o a China.⁹ En julio y agosto, se acusó de sedición a dos jóvenes de 18 y 19 años; en el primer caso, por escribir consignas “sediciosas” en la pared de los aseos de un centro comercial, y en el segundo, por grabar vídeos promocionales del grupo radicado en el extranjero Hong Kong Parliament, calificado de “subversivo” por las autoridades.

El 15 de diciembre, Jimmy Lai, de 78 años, fundador del periódico prodemocrático Apple Daily, fue condenado en una causa histórica sobre seguridad nacional. El Tribunal Superior lo declaró culpable de conspirar para actuar en connivencia con fuerzas extranjeras y de sedición, a pesar de haberse declarado inocente. Lai llevaba más de cinco años encarcelado, gran parte de ellos en régimen de aislamiento. Durante los 156 días de juicio, Lai argumentó que la postura abiertamente crítica de Apple Daily era una forma de expresión protegida. El tribunal rechazó su defensa y lo describió como el “cerebro” de conspiraciones para desestabilizar el gobierno chino. Estaba previsto que la pena —que podía ser hasta de cadena perpetua— se diera a conocer a principios de 2026.

Las sentencias judiciales también tuvieron impacto sobre la libertad de expresión con respecto a otras leyes. En marzo, el Tribunal Superior confirmó la legalidad del artículo 27.a de la Ordenanza Electoral (Conducta Corrupta e Ilegal), considerando que tipificar como delito la incitación pública a la abstención o a emitir votos nulos en las elecciones era constitucional en aras de preservar la “integridad electoral”.

Libertad de reunión pacífica

Las autoridades continuaron obstaculizando las reuniones públicas pacíficas. El 4 de junio, la policía desplegó patrullas fuertemente armadas y llevó a cabo registros en los alrededores de Victoria Park, lugar tradicional de conmemoración de la represión de Tiananmen de 1989. Fueron arrestadas dos personas y otras 10 fueron llevadas a distintas comisarías por intentar expresar su duelo, en algunos casos portando flores o velas.

En julio, Pink Dot Hong Kong canceló su acto del Orgullo anual alegando que las autoridades se habían negado a permitir el uso del lugar habitual de celebración del evento.

Libertad de asociación

Los dos grandes partidos prodemocráticos que quedaban en la ciudad de Hong Kong, el Partido Democrático y la Liga de Socialdemócratas, se disolvieron oficialmente en abril y junio, respectivamente, en medio de presiones políticas. También en junio, el Consejo Legislativo aprobó el proyecto de ley de enmienda de la ley sobre sindicatos. El proyecto de ley prohibía que una persona condenada por delitos de seguridad nacional desempeñara funciones sindicales; facultaba al gobierno para rechazar la inscripción de un sindicato por motivos de seguridad nacional y exigía a los sindicatos que solicitaran aprobación antes de recibir financiación extranjera.

En julio, la policía emitió órdenes de arresto y ofreció recompensas por 15 activistas radicados en el extranjero por su participación en el grupo Hong Kong Parliament. También en julio, cuatro personas, una de ellas un muchacho de 15 años, fueron arrestadas en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional por “conspirar para subvertir el poder del Estado” debido a sus presuntas conexiones con el sindicato Hong Kong Democratic Independence Union. El 2 de diciembre, las autoridades prohibieron oficialmente a los dos grupos que operaran en la ciudad, alegando que suponían una amenaza para la seguridad nacional con arreglo a la Ley de Protección de la Seguridad Nacional.

Condiciones de reclusión inhumanas

En julio, el gobierno modificó las Normas Penitenciarias, otorgando al Departamento de Servicios Penitenciarios amplias facultades para restringir las visitas a las personas presas y las reuniones con sus abogados por razones poco claras de “seguridad nacional”.

Entrevistas con nueve expresidiarios y expresidiarias revelaron que habían sufrido violaciones de derechos humanos bajo custodia durante su encarcelamiento en 11 centros penitenciarios, como violencia física, reclusión prolongada en régimen de aislamiento, condiciones insalubres y temperaturas peligrosamente altas en verano.¹⁰

En octubre, Chow Hang-tung estuvo 18 días en régimen de aislamiento por haber pronunciado un discurso online con ocasión de su nominación para el premio Nobel de la Paz de 2025.

Derechos laborales

En junio, el Tribunal de Última Instancia desestimó una revisión judicial solicitada por una empleada doméstica migrante que argumentaba que, al no existir en Hong Kong una ley específica sobre trabajo forzoso, la policía no había investigado de forma efectiva su denuncia de trabajo forzoso. El Tribunal sostuvo que no era necesario promulgar una ley específica que tipificara como delito el trabajo forzoso para proteger de manera práctica y efectiva los derechos del personal doméstico migrante.

Región Administrativa Especial de Macao

En Macao, las autoridades aplicaron la Ley de Seguridad Nacional por primera vez para detener en julio al exlegislador Au Kam-san por presunta “connivencia con fuerzas extranjeras”, lo que suscitó honda preocupación por la criminalización de la actividad política pacífica. En vísperas de la elección de miembros de la Asamblea Legislativa en septiembre, se inhabilitó a 12 de las personas candidatas por “no respetar la Ley Básica” y “no jurar lealtad a Macao” tras haber sido investigadas por las autoridades. Esta medida, que reproducía la represión de la disidencia en Hong Kong, redujo aún más la participación en política.