Londres.- Aumenta la preocupación por dos mujeres y otros presos que podrían correr peligro de ejecución inminente, y Amnistía Internacional ha vuelto a hacer un llamamiento a las autoridades iraníes para que paralicen de inmediato todas las ejecuciones y conmuten todas las penas de muerte.
La organización ha pedido también a las autoridades que reformen o deroguen las leyes sobre pena de muerte, revelen todos los datos relativos a sentencias de muerte y ejecuciones y se sumen a la tendencia internacional creciente hacia la abolición.
Se teme que haya dos mujeres en peligro de ejecución inminente. Zeynab Jalalian, activista política perteneciente la minoría kurda, fue condenada a muerte a principios de 2009 tras ser declarada culpable de “enemistad con Dios”, mientras que Sakineh Mohammadi Ashtiani, cuya condena por “adulterio” fue ratificada en mayo de 2007, podría ser ejecutada por lapidación en cualquier momento.
Con frecuencia no se informa a los condenados a muerte del momento previsto para su ejecución hasta el último minuto, lo que agrava su sufrimiento y el de sus familiares. En ocasiones tampoco se informa a los abogados con 48 horas de antelación como exige la legislación iraní.
Otros condenados a muerte son dos miembros de la minoría baluchi, comunidad musulmana predominantemente sunní, en la provincia de Sistán-Baluchistán. El 31 de mayo de 2010, el fiscal de Zahedán afirmó que ambos habían sido condenados a muerte por su presunta participación en los enfrentamientos entre musulmanes sunníes y chiíes en los que habían muerto seis personas. Los enfrentamientos habían estado precedidos de un atentado con bomba en una mezquita chií perpetrado en mayo de 2009 y que había causado la muerte de al menos 25 personas y cuya autoría había sido reivindicada por el Movimiento Popular de Resistencia de Irán, grupo armado baluchi que se opone al gobierno iraní.
El máximo dirigente de este grupo armado, Abdolmalek Rigi, fue ahorcado por las autoridades iraníes el 20 de junio de 2010 en Zahedán. A su hermano, Abdolhamid Rigi, también lo habían ahorcado en Zahedán en mayo de este año.
En la provincia de Kurdistán, hogar de muchos miembros de la minoría kurda, una autoridad del gobierno afirmó el 27 de junio de 2010 que allí había al menos 20 presos condenados a muerte por contrabando de drogas. Al menos hay otros 15 miembros de la minoría kurda condenados a muerte en la provincia, todos ellos presos políticos, y en peligro de ejecución. Parece ser que dos de ellos van a ser ejecutados por un pelotón de fusilamiento. En Irán, la mayoría de las ejecuciones son por ahorcamiento.
Muchos condenados a muerte han sido juzgados sin las debidas garantías y condenados en función de acusaciones imprecisas y “confesiones” que, según afirman, les arrancaron mediante tortura o coacción durante su reclusión en régimen de incomunicación antes del juicio. Algunos no tuvieron acceso a un abogado.
Pese a estas graves deficiencias, las autoridades iraníes siguen efectuando un número de ejecuciones superior a la suma de las que llevan a cabo la mayoría de los otros Estados ejecutores. Este año, Amnistía Internacional documentó no menos de 126 ejecuciones en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 6 de junio. Entre los ahorcados había cinco presos políticos que fueron ejecutados el 9 de mayo. Es posible que las autoridades tuvieran la intención de utilizar las ejecuciones como advertencia a posibles manifestantes con antelación al aniversario del 12 de junio, fecha de las elecciones presidenciales de 2009, que fueron motivo de grave polémica y desencadenaron manifestaciones multitudinarias y una campaña de represión estatal.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos porque es una violación del derecho a la vida y la máxima expresión de castigo cruel e inhumano. En 2008, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución por la que pedía una moratoria mundial sobre las ejecuciones. Irán estaba entre la minoría de Estados que votaron en contra de la resolución.
Información complementaria Actualmente recluida en la cárcel de Evín (Teherán), Zeynab Jalalian, kurda iraní, fue detenida en 2007 y declarada culpable de “enemistad con Dios” en enero de 2009 –o en torno a esas fechas– en relación con su presunta pertenencia a un grupo kurdo de oposición armada. Al parecer fue torturada. Según informes, no ha tenido acceso a su abogado durante el juicio, que sólo duró unos minutos y en el cual no se presentaron pruebas contra ella. La sentencia a muerte dictada contra Zeynab Jalalian fue ratificada en apelación y confirmada por el Tribunal Supremo el 26 de noviembre de 2009. Sus familiares no tuvieron noticias de ella durante un mes, y las autoridades les han dicho que el expediente de su caso “se ha perdido”. Circulan ampliamente informes sin confirmar de que su ejecución podría tener lugar en cualquier momento.
El 13 de junio, el abogado de Sakineh Mohammadi Ashtiani, Mohammad Mostafaei, publicó un artículo, Sakineh on the threshold of stoning (Sakineh, a las puertas de la lapidación), en el que señalaba que no existen obstáculos legales para que su ejecución se lleve a cabo en cualquier momento. Sakineh está presa desde 2005. En mayo de 2006 fue declarada culpable de mantener una “relación ilícita” con dos hombres y condenada a recibir 99 latigazos. Con posterioridad fue declarada culpable también de “relación extramatrimonial”, lo cual ella negó, y condenada a morir por lapidación.
Sakineh Mohammadi Ashtiani se ha retractado de la “confesión” que hizo durante su interrogatorio alegando que había sido coaccionada para hacerla. Sin embargo, la mayoría de los magistrados que formaban el tribunal (tres de cinco) la declararon culpable basándose en el “conocimiento del juez”, principio de la legislación iraní que permite a los jueces adoptar una decisión subjetiva y posiblemente arbitraria en relación con la culpabilidad del acusado aun en ausencia de pruebas claras o concluyentes.
La sentencia de muerte fue confirmada por el Tribunal Supremo el 27 de mayo de 2007. La causa de Sakineh Mohammadi se ha remitido a la Comisión de Amnistía e Indulto en dos ocasiones, pero en ambas se ha rechazado su solicitud de indulto. Sakineh tiene dos hijos.
Los actos sexuales mantenidos de mutuo acuerdo como los que la legislación iraní tipifica como delitos en sus disposiciones sobre “adulterio” no pertenecen a la categoría de “delitos más graves”, que, según el derecho internacional, justificarían la imposición de la pena de muerte sólo como “medida excepcional” si “hubo la intención de matar” y “tuvo como consecuencia la pérdida de vida”.
Los mecanismos de derechos humanos de la ONU –entre ellos el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y el Comité de Derechos Humanos de la ONU han concluido que aplicar la pena de muerte por delitos relacionados con drogas tampoco cumple la condición de aplicarla a los “delitos más graves”A/HRC/4/20, 29 de enero de 2007, párr. 53. Asimismo, el alto comisionado de para los derechos humanos y el director de la Oficina contra la Droga y el Delito, ambos de la ONU, se han mostrado profundamente preocupados por la aplicación de la pena de muerte por delitos relacionados con drogas.
El Movimiento Popular de Resistencia de Irán, antes llamado Jondallah, es un grupo armado baluchi que afirma apoyar los derechos de la comunidad sunní de Irán. Ha cometido abusos contra los derechos humanos, incluidos ataques indiscriminados y desproporcionados, ataques a civiles, secuestros y toma de rehenes, así como ejecuciones sumarias de miembros de las fuerzas de seguridad capturados.
