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Se desmantela el poblado de Puerta de Hierro en Madrid

Restos del poblado Puerta de Hierro. 27 de febrero de 2013. © Amnistía Internacional
  • El Ayuntamiento desoye las recomendaciones de organismos internacionales
Madrid.- Hoy se ha producido el desmantelamiento final del poblado de Puerta de Hierro, del cual ya únicamente quedaban en pie dos edificios. El culto, donde vivían 9 personas, 5 de ellas menores, y otra vivienda donde residían al menos 5 personas. Las personas residentes, ante la información de que hoy el Ayuntamiento de Madrid procedería al desalojo del culto, iniciaron ayer al derribo parcial de ambos edificios de manera voluntaria. Asimismo, Amnistía Internacional ha recibido información por la cual las autoridades municipales habrían comunicado ayer a los menores que hoy día se suspendería la ruta escolar al poblado.

Esta misma mañana, un operativo de funcionarios del área de gobierno de urbanismo y vivienda del Ayuntamiento de Madrid y cuatro dotaciones de la Policía Municipal han procedido a derribar totalmente esos dos edificios. El Ayuntamiento de Madrid, según testimonios, se habría personado sin el Samur Social, encargado de atender a las personas que sufren desalojos. En el caso del culto, y según las familias afectadas, el Ayuntamiento de Madrid no ha facilitado alojamiento alternativo adecuado a estas personas, ni siquiera un alojamiento de emergencia. Asimismo, según la información recibida por Amnistía Internacional, el Ayuntamiento tampoco habría facilitado una solución para las familias que se habían visto obligadas a residir en furgonetas en el poblado tras haber sido desalojadas en ocasiones anteriores.

Amnistía Internacional ha solicitado entrar en el poblado y los funcionarios presentes han impedido su acceso. Han asegurado que el terreno formaba parte ya de una “obra municipal” a la cual no se permite el acceso, que existían materiales peligrosos, y que no podrían garantizar la seguridad de las personas que entrasen.


Violaciones graves de derechos humanos

Amnistía Internacional ha venido denunciando los desalojos sin garantías de derechos humanos producidos en el poblado Puerta de Hierro que se han llevado a cabo entre 2010 y 2013. La organización ha calificado estos desalojos como desalojos forzosos, ya que se han producido sin respetar las garantías de protección de derechos humanos que todo desalojo debe asegurar.
El derecho internacional exige que los desalojos pueden ser llevados a cabo sólo como último recurso, y sólo después de que se hayan dispuesto las garantías procesales y legales. Los desalojos sin salvaguardas de derechos humanos han sido calificados como violaciones graves de derechos humanos por organismos de Naciones Unidas y son por tanto contrarios a la legalidad internacional.

Según los estándares internacionales, el Gobierno debe asegurar que ninguna persona se queda sin hogar como consecuencia de un desalojo y debe proveer a las personas de un alojamiento alternativo adecuado. En opinión de Amnistía Internacional el alojamiento facilitado por las autoridades en desalojos anteriores de Puerta de Hierro ha sido un alojamiento temporal de emergencia, que no satisface los requerimientos del derecho a una vivienda adecuada, y que dejan a las  personas en una situación de total desproteción. Únicamente las personas registradas en un censo desactualizado de 1989 han recibido alojamiento alternativo.

Este hecho está provocando que las personas hayan recurrido a las redes familiares, provocando situaciones de hacinamiento habitacional. Algunas familias están siendo objeto de inspecciones por parte de los servicios sociales, que les alertan de que es ilegal que vivan un número tan elevado de personas en unos espacios tan pequeños. Otras familias se han visto obligadas a vivir en furgonetas en la calle.

Oídos sordos a las recomendaciones internacionales

La organización recuerda que hace tan solo dos meses el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la resolución de una medida cautelar, supeditó el desalojo de una familia que residía en Cañada Real, a que las autoridades garantizasen a la familia de un alojamiento alternativo adecuado.

Igualmente, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia destacó en su visita oficial a España que era necesario atender con carácter urgente la situación de los desalojos forzados de Puerta de Hierro y subrayó que esta situación era simplemente inaceptable. Exigían que España encontrara una solución integral para estas víctimas.

Con respecto a otros organismos internacionales, Amnistía Internacional ha denunciado estos desalojos al Comité de DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) de Naciones Unidas, quien ya exigió en mayo de 2012 al Estado español que pusiese fin a todos los desalojos forzosos y que estableciese una regulación que prohibiera los mismos.

El desmantelamiento del poblado Puerta de Hierro pone el broche final a unos desalojos llevados a cabo sin garantizar el respeto de los derechos humanos.

Amnistía Internacional exige al Ayuntamiento de Madrid que cumpla con sus obligaciones en materia del derecho a la vivienda, que actualice el censo de 1989 y facilite un alojamiento alternativo adecuado a todas las familias residentes en el poblado de Puerta de Hierro.

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