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Nigeria

Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

Miles de personas civiles murieron, resultaron heridas o se vieron desplazadas por el conflicto armado entre los grupos armados Boko Haram y Estado Islámico en la Provincia de África Occidental y las fuerzas armadas de Nigeria en el nordeste del país. Todas las partes en el conflicto armado cometieron con impunidad violaciones del derecho internacional, incluidos crímenes de guerra. En otras zonas del país, los homicidios ilegítimos y la violencia fueron perpetrados por bandidos, y las autoridades respondieron con desapariciones forzadas, tortura, detenciones arbitrarias y severas restricciones de la libertad de expresión y de reunión pacífica. Las autoridades restringieron la libertad de expresión de medios de comunicación y periodistas. Se limitó el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica de activistas y manifestantes. Más de 60.000 personas fueron desalojadas forzosamente de sus viviendas. La ausencia de medidas para proteger a la población de los efectos del cambio climático dio lugar a muertes y desplazamiento.

Violaciones del derecho internacional humanitario

Abusos cometidos por grupos armados

El Estado incumplió su responsabilidad de proteger a la población frente a diversos abusos cometidos por Boko Haram y Estado Islámico en la Provincia de África Occidental y por hombres armados no identificados. Según informaciones de medios de comunicación, estos grupos y hombres mataron al menos a 6.907 personas, secuestraron a 6.157 y trasladaron por la fuerza o desplazaron internamente a un mínimo de 2.000.

Los ataques de Boko Haram, que antes tenían lugar sobre todo en el nordeste del país, se extendieron a algunos estados de la región septentrional-central y del noroeste de Nigeria durante el año. Los atentados de este grupo armado dirigidos contra civiles, como los perpetrados contra residentes en localidades de la zona, comunidades agrícolas y personas que viajaban por carretera o en tren, eran constitutivos de crímenes de guerra.

Las organizaciones de la sociedad civil informaron de que Boko Haram había matado el 26 de mayo al menos a 60 personas en la comunidad de Rann, estado de Borno.

El 5 de julio, unos hombres armados atacaron la prisión de Kuje, en Abuya, y liberaron a más de 60 presuntos miembros de Boko Haram.

Según publicaron medios de comunicación, el 15 de noviembre, Boko Haram mató al parecer a más de 15 mujeres en la comunidad de Gwoza, estado de Borno, tras acusarlas de ser brujas.

De los cientos de niñas escolares secuestradas por Boko Haram en años anteriores, 110 seguían en cautividad al terminar el año.

Fuerzas de seguridad

Las fuerzas de seguridad cometieron sistemáticamente violaciones de derechos humanos en el contexto de operaciones militares contra Boko Haram en el nordeste de Nigeria.

En diciembre, Reuters informó de que militares nigerianos habían llevado a cabo desde 2013 un programa secreto de abortos forzados en el nordeste por el que se puso fin a un mínimo de 10.000 embarazos sin el consentimiento o conocimiento previo de las mujeres y niñas afectadas, actos que podrían constituir crímenes de guerra y crimen de lesa humanidad.

Las autoridades nigerianas se abstuvieron sistemáticamente de hacer rendir cuentas a los agentes de seguridad por delitos cometidos contra la población civil.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

El 13 de enero, el gobierno levantó la prohibición de siete meses impuesta a la plataforma de redes sociales Twitter. El 14 de julio, el Tribunal de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental declaró que la prohibición de Twitter había sido ilícita y ordenó al Estado nigeriano respetar, proteger, promover y hacer efectivos el derecho a la libertad de expresión, de información y de medios de comunicación.

El 2 de febrero, la Comisión Nacional de Radiodifusión (NBC) suspendió un programa de la emisora de radio Vision FM por hablar de la presunta incompetencia del máximo responsable de la Agencia Nacional de Inteligencia, Rufai Abubakar. El 3 de agosto, la NBC sancionó a cuatro medios de comunicación por emitir un documental que a su juicio “promovía” el terrorismo.

El 16 de octubre, el gobierno del estado de Zamfara cerró cinco medios de comunicación por emitir un acto de campaña de un partido de la oposición.

El 7 de noviembre, un tribunal de Kano condenó a dos personas famosas en las redes sociales, Mubarak Muhammad —conocido como Uniquepikin— y Nazifi Muhammad, a una semana de detención, a flagelación y al pago de una multa por difamar presuntamente al gobernador del estado en un sketch cómico.

Activistas y manifestantes

El gobierno siguió reprimiendo las protestas. El 5 de abril, Mubarak Bala, presidente de la Asociación Humanista de Nigeria, fue condenado en Kano a 24 años de prisión por cargos de alteración de la paz. Los cargos estaban relacionados con unas publicaciones en Facebook de abril de 2020 en las que presuntamente insultaba al profeta Mahoma.

El 14 de mayo, el gobernador del estado de Kaduna, Nasir el Rufai, prohibió las protestas religiosas en el estado.

El 27 de julio, el presidente del poder judicial del estado de Akwa Ibom ordenó, sin juicio, el ingreso en prisión por un mes del activista Inibehe Effiong por “desacato”.

Los presos de conciencia Omoyele Sowore y Olawale Bakare siguieron haciendo frente a cargos falsos y a juicios prolongados por organizar protestas pacíficas para reclamar el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho.

El 20 de octubre, la policía usó gas lacrimógeno contra manifestantes durante la conmemoración del segundo aniversario de las protestas de #EndSARS (“Acaben con la Unidad Especial Antirrobos de la policía”) en el peaje de Lekki. Al menos cuatro hombres fueron detenidos y recluidos.

Periodistas

El 21 de marzo, un Tribunal Superior Federal de Calabar desestimó los cargos falsos de traición formulados contra el periodista Agba Jalingo. El periodista había estado detenido más de 179 días.

El 13 de mayo, el bloguero Bashiru Hameed fue detenido por publicar los presuntos antecedentes penales del gobernador del estado de Ogun. Quedó en libertad tras ser obligado a retirar la publicación.

El 13 de octubre, los periodistas Abdulrasheed Akogun, del canal Fresh Insight TV, y Dare Akogun, de la emisora de radio Sobi FM, fueron detenidos por la policía en el estado de Ilorin Kwara por un mensaje de WhatsApp en el que se denunciaba la apropiación indebida de fondos públicos por el gobernador del estado de Kwara.

El 22 de julio, cinco miembros del personal de Peoples Gazette fueron detenidos en Abuya tras publicar el periódico una información presuntamente difamatoria sobre el exjefe del Estado Mayor del Ejército.

Umaru Maradun, corresponsal del periódico Leadership en el estado de Zamfara, fue detenido por motivos no revelados el 23 de julio y puesto en libertad sin cargos al día siguiente.

El 4 de agosto, Casmir Uzomah, trabajador radiofónico en el estado de Imo, estuvo detenido durante más de dos meses bajo custodia del Servicio de Seguridad del Estado por emitir una canción que se consideró “ofensiva” para el gobernador del estado.

Detención y reclusión arbitrarias

Al menos 40 manifestantes permanecían detenidos sin juicio en la prisión de Agodi, en Ibadan, y en la prisión de Kirikiri, en Lagos, dos años después de haber participado en las protestas del movimiento #EndSARS contra las fuerzas de seguridad nigerianas. El 4 de febrero quedaron en libertad sin cargos 21 manifestantes de este movimiento que llevaban 15 meses recluidos en régimen de incomunicación en la prisión de Afaraukwu, en Umuahia.

El 23 de junio, el Tribunal Superior de Abuya concedió una indemnización por daños y perjuicios a Glory Okolie por haber estado detenida durante 150 días por denuncias de espionaje para el grupo separatista Pueblo Indígena de Biafra (IPOB).

El 13 de octubre, el Tribunal de Apelación absolvió de cargos penales a Nnamdi Kanu, líder de IPOB, y declaró que su secuestro y traslado de Kenia a Nigeria había sido ilegal y una violación de su derecho a un juicio justo.

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados en el sistema de justicia penal. Al menos 21 manifestantes de #EndSARS sufrieron tortura bajo custodia. En el Departamento de Investigación Criminal de Umuahia y en otras instalaciones policiales, agentes de policía torturaron a los manifestantes detenidos atándoles las manos a barras de hierro y azotándoles los tobillos con varas. Algunas víctimas informaron a Amnistía Internacional de que al menos dos participantes en las protestas murieron a causa de la tortura.

Desapariciones forzadas

Varios hombres fueron víctimas de desaparición forzada a manos de las autoridades como respuesta a las actividades del Pueblo Indígena de Biafra.

Sunday Nwafor, Uzonwanne Ejiofor y Wilfred Dike, que estaban detenidos en secreto bajo custodia de las fuerzas armadas, sin cargos ni juicio, desde el 27 de febrero de 2020, fueron puestos en libertad el 14 de septiembre.

Abubakar Idris, que mantenía una postura crítica hacia el gobierno, continuaba desaparecido desde su secuestro por presuntos agentes del Estado en 2019.

Uso excesivo e innecesario de la fuerza

Las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza para dispersar protestas y reuniones pacíficas. El 19 de octubre, la policía disparó gas lacrimógeno contra deportistas paralímpicos que protestaban en el distrito de Surulere (estado de Lagos) por su exclusión del Festival Deportivo Nacional.

El 17 de octubre, un tribunal forense concluyó que la policía había matado por disparos a Jumoke Oyeleke durante una concentración de Nación Yoruba en Ojota, estado de Lagos. El 4 de octubre, la policía mató a una persona e hirió a otras dos que protestaban contra el hostigamiento por parte de funcionarios de la Comisión de Delitos Financieros y Económicos en la ciudad de Ughelli, estado de Delta.

Ejecuciones extrajudiciales

Las fuerzas de seguridad nigerianas mataron al menos a 122 personas como respuesta al aumento de la violencia y de los homicidios de agentes suyos en el sudeste de Nigeria.

El 17 de julio, al menos siete personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por agentes paramilitares de Ebubeagu patrocinados por el Estado en la localidad de Awo-Omamma, estado de Imo.

Desalojos forzosos

El 17 de agosto, unos agentes de la Administración de la Unidad Territorial de la Capital Federal (FCTA) y de organismos de seguridad demolieron unas 100 construcciones en la comunidad indígena Dubaidna Durumi 3, en Abuya. Los agentes de seguridad usaron fuerza innecesaria y excesiva, lanzaron gas lacrimógeno y agredieron físicamente a residentes. Algunos de éstos sufrieron heridas, y varios niños y niñas estuvieron expuestos a gas lacrimógeno, como consecuencia de lo cual dos de ellos perdieron el conocimiento. Persistió la presión sobre la comunidad indígena para que desalojara sus tierras ancestrales.

Otras comunidades de la Unidad Territorial de la Capital Federal —como las de la zona de la carretera del aeropuerto, Gishiri y Banana Village— fueron demolidas, en tanto que varias más estaban amenazadas de desalojo forzoso por la FCTA.

El 29 de enero, las autoridades del estado de Ríos desalojaron por la fuerza de sus hogares a miles de residentes de las comunidades ribereñas de Diobu, en Port Harcourt. Los desalojos forzosos se llevaron a cabo sin notificación adecuada y sin consulta.

Derecho a la vida y a la seguridad de la persona

Las autoridades hicieron caso omiso de las predicciones tempranas de intensas lluvias e inundaciones, que según la ONU se agravaron a causa del cambio climático, y no tomaron suficientes medidas para mitigar sus efectos. Según la ONU, más de 1,9 millones de personas se vieron afectadas por inundaciones en 25 estados, al menos 500 personas murieron y más de 1,4 millones tuvieron que desplazarse internamente en todo el país. Las inundaciones desencadenaron un brote de enfermedades transmitidas por el agua, especialmente en los estados del nordeste. Se informó de más de 320 muertes por cólera en los estados de Yobe, Borno y Adamawa.

Las actividades de bandidaje se intensificaron en el noroeste del país, incluidos los ataques y los secuestros. Debido a la ausencia de medidas de las autoridades para proteger a las comunidades, varios grupos armados enfrentados se hicieron de hecho con el control de algunas zonas de Nigeria, impusieron tributos y toques de queda y limitaron la circulación y la búsqueda de medios de subsistencia de las personas. En el sudeste, hombres armados no identificados llevaron a cabo ataques relámpago, homicidios y robo de bienes que causaron penurias en las comunidades locales.

Se llevaron a cabo operaciones militares contra el bandidaje en el noroeste, y contra la Red de Seguridad Oriental del Pueblo Indígena de Biafra en el sudeste. Las fuerzas de seguridad cometieron sistemáticamente violaciones de derechos humanos en el contexto de estas operaciones. Según informaciones de medios de comunicación, el 17 de abril unos militares abrieron fuego contra residentes civiles en Orlu, estado de Imo, y se calculaba que habían matado a cuatro personas.

Los ataques de paramilitares fueron cada vez más habituales. Entre enero y diciembre se informó de más de 75 muertes por ataques de paramilitares en Nigeria. Según personas expertas en seguridad, la creciente incidencia de estos ataques se debía a la falta de confianza de la población en el sistema de justicia.

El 28 de marzo, al menos 65 personas fueron secuestradas y 8 resultaron muertas a manos de hombres armados que atacaron un tren que circulaba entre la capital, Abuya, y la ciudad de Kadunaque.1

Rendición de cuentas de las empresas

La contaminación relacionada con el petróleo y los daños ambientales seguían menoscabando los derechos humanos de la población en el delta del Níger. El 16 de junio, el Tribunal Supremo de Nigeria confirmó una sentencia de un tribunal inferior que impedía a Shell vender sus activos en Nigeria hasta que se resolviera un litigio en relación con la indemnización a la comunidad del delta del Níger por un vertido de petróleo que había tenido lugar en 2019. La limpieza realizada por Shell seguía siendo inadecuada.

Derechos de la infancia

Más de 1.776 escolares habían sido secuestrados por grupos armados desde 2014. Las autoridades nigerianas seguían sin investigar esos ataques y sin proteger a la infancia.

Según la UNESCO, unos 20 millones de niños, niñas y jóvenes no asistían a centros escolares en Nigeria a causa de barreras económicas y prácticas socioculturales que desincentivaban la educación formal. El elevado nivel de inseguridad y el secuestro de escolares agravaban esta situación.

Derechos de las mujeres y de las niñas

En marzo, la Asamblea Nacional votó en contra de 5 proyectos de ley que pretendían promover la igualdad de género. Después de varias protestas de grupos de mujeres y organizaciones de la sociedad civil, la Asamblea se comprometió a reconsiderar 3 de ellos.

El Poder Judicial de la Capital Federal designó a cuatro jueces para enjuiciar todos los casos de violencia sexual y de género en la Unidad Territorial de la Capital Federal —la zona del centro de Nigeria que incluía la capital, Abuya— para acelerar las vistas de este tipo de causas y garantizar el acceso de las víctimas a la justicia.

Borno, Taraba, Gombe y Zamfara aprobaron durante el año la Ley de Prohibición de la Violencia contra las Personas, con lo que ésta estaba aprobada por 35 de los 36 estados. No obstante, la violencia contra las mujeres y las niñas seguía siendo endémica y aumentaron las denuncias de violencia intrafamiliar y sexual.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En junio, tres hombres gays —Abdullahi Beti, Kamilu Ya’u y Mallam Haruna— fueron detenidos en virtud de la Ley (de Prohibición) del Matrimonio de Personas del Mismo Sexo de 2013 y después fueron condenados a muerte por un tribunal de la sharia (ley islámica) en Ningi, estado de Bauchi.

El 1 de mayo, unos 50 activistas LGBTI protestaron en Abuya contra un proyecto de ley que penalizaba el “travestismo”.

Derechos de las personas internamente desplazadas

Seguía habiendo más de 2,4 millones de personas internamente desplazadas en el nordeste de Nigeria. En un intento de reasentar a todas las personas internamente desplazadas que vivían en Maiduguri, el gobierno del estado de Borno cerró cuatro campos de población desplazada interna en julio y reasentó a 11.000 familias. La mayoría de estas personas carecían de suficientes alimentos y acceso a servicios básicos.

Pena de muerte

Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte en todo el país. No se llevaron a cabo ejecuciones. El 28 de junio, el estado de Zamfara modificó sus leyes para permitir la pena de muerte por secuestro.

En agosto, el Tribunal de Apelación ordenó la celebración de un nuevo juicio del músico Aminu Yahaya-Sharif, condenado a muerte por blasfemia en 2020.

  1. Nigeria: 50 days into their abduction, at least 62 Kaduna-Abuja train passengers remain in captivity, 17 de mayo
República Federal de Nigeria
Jefe del Estado y del gobierno: Muhammadu Buhari