Nigeria

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

Se detuvo, acusó formalmente y recluyó arbitrariamente a periodistas y otras personas críticas con las autoridades. Hubo agentes de seguridad y encargados de hacer cumplir la ley que hicieron uso excesivo de la fuerza para dispersar manifestaciones pacíficas y durante su actuación mataron a varias personas y realizaron detenciones arbitrarias. Las autoridades no protegían a las niñas de los secuestros ni a la población de los homicidios cometidos por hombres armados. La población civil fue blanco de ataques aéreos ilícitos de las fuerzas armadas. El grupo armado Boko Haram continuó matando a civiles. En todo el país se mantuvieron unas tasas elevadas de inseguridad alimentaria y nutricional severa. Se llevaron a cabo desalojos forzosos en varios estados. El Tribunal Superior de Reino Unido confirmó la sentencia del Tribunal de Apelación que permitía a las comunidades del estado de Rivers responsabilizar a Shell por daños ambientales.

Información general

El 18 de marzo, el gobierno declaró el estado de excepción en el estado de Rivers durante seis meses, tiempo durante el cual se suspendió de sus cargos a las autoridades elegidas democráticamente. Las nuevas autoridades incrementaron la militarización, lo que dio lugar a un aumento de la marginación de las minorías políticas. Continuó el conflicto armado entre Boko Haram y las fuerzas armadas. La inacción de las autoridades a la hora de proteger vidas y bienes frente a los ataques diarios de grupos armados y bandidos costó miles de vidas y alimentó una crisis humanitaria en potencia en muchos estados del norte del país.

En mayo, al menos 110 personas murieron cuando unas inundaciones sumergieron y arrastraron más de 50 viviendas y a sus ocupantes en la localidad de Mokwa, estado de Níger.

Libertad de expresión

Las autoridades continuaron deteniendo y recluyendo a periodistas y otras personas que expresaban opiniones disidentes. El 27 de enero, la policía detuvo y recluyó a Omoyele Sowore, editor del sitio web de noticias Sahara Reporters, por unas publicaciones que éste había realizado en X en las que afirmaba que Kayode Egbetokun, inspector general de la policía, ocupaba su cargo ilegalmente. Omoyele Sowore fue acusado en virtud de la Ley de Delitos Informáticos de 2024 y quedó en libertad bajo fianza.

El 2 de marzo, Haruna Mohammed, un hombre de 19 años conocido por exponer sus opiniones críticas en las redes sociales bajo el nombre de Abale Borno, fue detenido y recluido tras realizar una publicación viral sobre el deplorable estado de las escuelas públicas en el estado de Borno. La policía lo acusó de “difamar y degradar la personalidad del gobernador”. El magistrado le concedió la libertad bajo fianza y, aunque al terminar el año la causa no se había retirado formalmente, la policía ya no estaba actuando al respecto.

El 7 de marzo se celebraron manifestaciones pacíficas en la ciudad de Port Harcourt contra la creciente represión del derecho a la libertad de expresión mediante la Ley de Delitos Informáticos. Durante las protestas, la policía agredió a los periodistas Charles Opurum, de Channels Television; Allwell Ene, de Naija FM; Soibelemari Oruwari, de Nigeria-Info; Ikezam Godswill, de AIT, y Femi Ogunkhilede, de Super FM. La policía lanzó gas lacrimógeno contra personas que se manifestaban pacíficamente, confiscó cámaras y ordenó a punta de pistola a periodistas que borraran las grabaciones de vídeo de las actuaciones policiales.

El 16 de marzo, Ushie Uguamaye, conocida como Raye, miembro del Cuerpo Nacional de Servicio Juvenil (NYSC, por sus siglas en inglés), fue objeto de amenazas e intimidación por parte de representantes de dicho cuerpo por publicar un vídeo en TikTok en el que se quejaba de las crecientes dificultades económicas en todo el país. Tras negarse a borrar el vídeo, el NYSC no le entregó el certificado de licenciamiento al término de su servicio obligatorio en agosto y amplió su servicio dos meses como castigo.

El 25 de marzo, la policía arrestó a Buhari Abba, editor digital de Kano Times, y a Ismail Auwal, periodista independiente, por un reportaje considerado crítico con el comisario de Información del estado de Kano, Ibrahim Waiya. Ambos estuvieron detenidos durante varias horas antes de quedar en libertad, y no había constancia de que hubiera un juicio pendiente.

En abril, la Comisión Nacional de Radiodifusión prohibió la canción del cantante Eedris Abdulkareem Tell your papa por ser crítica con el gobierno y la catalogó como “no apta para ser difundida”.¹

El 23 de septiembre se ordenó el ingreso en prisión del abogado y activista Chinedu Agu tras una vista incoatoria por cargos de difamación derivados de unos artículos de opinión suyos en los que criticaba a Hope Uzodimma, gobernador del estado de Imo. Chinedu Agu quedó en libertad en espera de juicio tras pasar 28 días en prisión. Al terminar el año, el tribunal aún no había fijado la fecha del juicio.

Libertad de reunión pacífica

El 27 de marzo, unos miembros de las fuerzas armadas dispararon munición real contra simpatizantes del Movimiento Islámico de Nigeria durante una manifestación en la capital, Abuya, que celebraba el fin del ayuno del Ramadán. Mataron al menos a cinco personas y causaron lesiones potencialmente mortales a varias más.² Trece personas, entre ellas el activista en favor de la democracia Omoyele Sowore y el abogado Aloy Ejimakor, fueron arrestadas el 20 de octubre en Abuya por participar en una manifestación pacífica que pedía la liberación de Nnamdi Kanu, líder del Pueblo Indígena de Biafra. Fueron procesadas por múltiples cargos, entre los que figuraban concierto para delinquir, desobediencia de una orden legítima, incitación a disturbios públicos y alteración del orden público. El 24 de octubre se les concedió la libertad bajo fianza, y su juicio seguía en curso al terminar el año.

Derecho a la vida

Las autoridades no cumplieron sus obligaciones de prevenir los ataques contra personas y comunidades, salvaguardar el derecho a la vida y a la integridad física, y garantizar justicia investigando y enjuiciando a los responsables de la violencia.³

El 2 de febrero, unos ganaderos atacaron Amagu, pueblo de la zona de gobierno local de Ishielu, en el estado de Ebonyi, donde mataron al menos a 15 personas y destruyeron varias propiedades. El 27 de marzo, en la ciudad de Uromi, estado de Edo, un grupo local parapolicial y de jóvenes armados interceptó un vehículo en el que viajaban al menos 16 hombres —cazadores que se dirigían a la ciudad de Kano desde el estado de Rivers para celebrar con sus familiares la festividad del Eid—, los arrastraron uno a uno, los golpearon y después les prendieron fuego.

Entre el 27 de marzo y el 2 de abril, al menos 60 personas perdieron la vida a manos de hombres armados en un ataque coordinado contra varias comunidades —Mangor Tamiso, Daffo, Manguna, Hurti y Tadai— en la zona de gobierno local de Bokkos, estado de Plateau. El 4 de marzo, unos hombres armados secuestraron y mataron a Sylvester Okechukwu, sacerdote que ejercía su ministerio en el pueblo de Tachiri, en la zona de gobierno local de Kaura, estado de Kaduna. El 13 de abril, al menos 51 personas murieron a manos de unos hombres armados que invadieron el pueblo de Zikke en la zona de gobierno local de Bassa, estado de Plateau.⁴ El 24 de abril, unos hombres armados invadieron el pueblo de Gobirawa Chali, distrito de Dan Gulbi, en la zona de gobierno local de Maru, estado de Zamfara, y mataron a más de 20 personas.

El 8 de mayo, unos hombres armados mataron al menos a 30 personas y quemaron más de 20 vehículos de transporte y camiones a lo largo de la carretera de Okigwe-Owerri, en el estado de Imo. Entre el 25 de mayo y el 1 de junio, al menos 85 personas perdieron la vida a manos de hombres armados en la comunidad de Tse Antswam, cerca de Naka, en la zona de gobierno local de Gwer West, y en el pueblo de Edikwu Ankpali, en la zona de gobierno local de Apa, estado de Benue. El 14 de junio, varios hombres armados irrumpieron en la localidad de Yelewata, estado de Benue, donde mataron a más de 100 personas y obligaron al menos a 3.941 a huir de sus hogares.⁵ El 20 de junio, al menos 12 nómadas del pueblo de Basawa, de la zona de gobierno local de Zaria, estado de Kaduna, perdieron la vida de manera violenta, y 11 personas sufrieron lesiones a manos de una turba en la zona de gobierno local de Mangu, estado de Plateau.

El 15 de julio, unos hombres armados atacaron Bindi-Jebbu, de la comunidad Tahoss, en la zona de gobierno local de Riyom, estado de Plateau, y mataron al menos a 27 personas: encerraron a familias en sus habitaciones y las asesinaron una a una. El 19 de agosto, unos hombres armados atacaron una mezquita y las casas cercanas, mataron al menos a 50 personas y secuestraron a 60 en la comunidad Unguwan Mantau, en la zona de gobierno local de Malumfashi, estado de Katsina.

El 18 de noviembre, unos hombres armados atacaron a las personas congregadas en un templo de la Iglesia Apostólica de Cristo Oke-Isegun en la localidad de Eruku, estado de Kwara; mataron a tres personas y secuestraron a 38, que fueron liberadas el 23 de noviembre.

Homicidios y ataques ilícitos

Las fuerzas armadas siguieron perpetrando ataques indiscriminados o desproporcionados contra civiles. El 11 de enero, un ataque aéreo militar mató al menos a 20 personas en el pueblo de Tungar Kara, en la zona de gobierno local de Maradun, estado de Zamfara. El 15 de febrero, otro ataque aéreo militar mató al menos a seis civiles en el pueblo de Zakka, y a otros seis civiles en la comunidad de Yauni en la zona de gobierno local de Safana, estado de Katsina. El 31 de mayo, unos ataques aéreos militares mataron a 20 personas e hirieron a decenas más en los pueblos de Maraya y Wabi, en la zona de gobierno local de Maru, estado de Zamfara; entre las víctimas había miembros de grupos parapoliciales locales que se habían unido para enfrentarse a los bandidos que atacaban sus pueblos.

Violaciones del derecho internacional humanitario

Según la ONU, Boko Haram continuó lanzando ataques indiscriminados y tomando como blanco a la población civil. El 15 de mayo, unos combatientes de Boko Haram mataron a 23 personas que se dedicaban a la agricultura y a la pesca en el pueblo de Malam Karanti, estado de Borno. En septiembre, al menos 60 personas murieron en un ataque nocturno lanzado contra el pueblo de Darul Jamal, estado de Borno, por combatientes de Boko Haram que destruyeron 20 casas y quemaron 10 autobuses.

Derechos económicos, sociales y culturales

El aumento del precio de los alimentos sumió aún más en la pobreza a millones de personas, y las familias tenían cada vez más dificultades para hacer frente a los costes de la atención sanitaria y la educación. Se preveía que la nueva Ley Tributaria de 2025, que iba a entrar vigor en enero de 2026 e imponía un impuesto del 5% a los productos derivados de combustibles fósiles —concretamente a la gasolina y el gasóleo—, incrementara aún más la pobreza. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Ministerio de Agricultura y Seguridad Alimentaria de Nigeria, se estimaba que 30,6 millones de personas sufrían inseguridad alimentaria y nutricional severa.

Los recortes en los fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) afectaron a los programas de salud y dejaron en una situación de incertidumbre a miles de personas que vivían con el VIH.

Los ataques efectuados por hombres armados en el estado central de Benue causaron el desplazamiento interno de 500.000 personas. Mucha gente seguía viviendo en campamentos precarios con escasez de saneamiento, alimentos y atención de la salud, y sin acceso a agua suficiente.

Desalojos forzosos

El 3 de febrero, al menos cuatro personas murieron durante un desalojo forzoso violento realizado por el gobierno del estado de Kano en Rimin Auzinawa, suburbio de la zona de gobierno local de Ungogo. El desalojo se llevó a cabo sin una consulta auténtica, aviso previo adecuado, indemnización ni viviendas alternativas para la población residente afectada.

El 7 de marzo, el gobierno del estado de Lagos efectuó el desalojo forzoso violento de la comunidad de Ilaje-Otumara, en Lagos, y dejó sin hogar a más de 10.000 personas.⁶ El 25 de octubre, el gobierno del estado de Lagos llevó a cabo desalojos forzosos violentos en la comunidad de Oworonshoki, donde demolió más de 70 edificios residenciales, pese a que el tribunal superior del estado había dictado una orden contra la demolición. Algunas viviendas fueron destrozadas por las excavadoras mientras sus habitantes seguían en su interior y agentes de seguridad lanzaban botes de gas lacrimógeno con los que dispersaron a cientos de familias.

Derecho a un medioambiente saludable

Las deficiencias de implementación siguieron socavando las políticas climáticas de Nigeria en el sector no vinculado a la energía. El gobierno no puso fin a la financiación de proyectos que generaban grandes emisiones de carbono. El suministro de energía del país seguía dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles: muchas personas necesitaban generadores a gasolina para tener electricidad.

El 20 de junio, el Tribunal Superior de Reino Unido resolvió que cabía exigir responsabilidades a Shell por sus vertidos de petróleo en el delta del Níger.⁷ La celebración del juicio estaba prevista para 2027.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Las autoridades no tomaron medidas efectivas para impedir los ataques contra mujeres y niñas en varias comunidades. El 27 de febrero, unos hombres armados secuestraron a cuatro alumnas en su alojamiento de la Universidad Joseph Sarwuan Tarka, en la ciudad de Makurdi, estado de Benue. El 15 de abril, unos agentes de la Hisbah (policía religiosa autorizada por el gobierno) agredieron a Hauwau Lawal Suleiman y sus hermanas en el estado de Katsina por unas supuestas “reuniones inmorales”. Las autoridades no investigaron las denuncias de acoso sexual realizadas por la senadora Natasha Akpoti-Uduaghan contra el presidente del Senado, Godswill Akpabio.

El 17 de noviembre, unos hombres armados secuestraron a 25 niñas en su escuela de la localidad de Maga, estado de Kebbi, y mataron al subdirector de la escuela. Las alumnas quedaron en libertad el 25 de noviembre.

El 21 de noviembre, unos hombres armados secuestraron a 303 niñas y a 12 miembros del personal de una escuela de la comunidad de Papiri, en la zona de gobierno local de Agwara, estado de Níger. Posteriormente, 50 niñas lograron escapar.