Andorra

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

La prohibición total del aborto continuaba en vigor. Una activista que había criticado la prohibición fue absuelta tras un dilatado proceso judicial. Aunque fue bien recibido, se consideró insuficiente un proyecto de ley que abordaba los motivos de preocupación relativos a la falta de acceso a una vivienda asequible.

Derechos sexuales y reproductivos

Continuaba en vigor la prohibición total del aborto, que violaba el derecho a servicios de aborto sin riesgos; quien necesitara recurrir a ellos no tenía más opción que viajar al extranjero, si podía, para recibir atención médica esencial.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

En enero, tras más de cuatro años de juicio, Vanessa Mendoza Cortés, presidenta de la organización pro derechos de las mujeres Associació Stop Violències, resultó absuelta. Había sido acusada de un delito “contra el prestigio de las instituciones” por pronunciarse en favor de los derechos de las mujeres y contra los efectos perjudiciales de la prohibición del aborto en Andorra en una sesión del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 2019.¹

Derecho a la vivienda

Según un informe del Comité Europeo de Derechos Sociales publicado en marzo, Andorra incumplía la Carta Social Europea, ya que su legislación no prohibía los desalojos en invierno ni establecía indemnizaciones en caso de desalojo ilegal.

En julio, el gobierno presentó un proyecto de ley enfocado en el crecimiento sostenible y la protección del derecho a la vivienda. Aunque fue bien recibido, el proyecto no incluía objetivos concretos para aumentar el parque de vivienda social. Al final del año, aún no se había debatido en el Parlamento.

En octubre, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia recomendó que Andorra reformara el requisito de tener cinco años de residencia en el país para acceder a una vivienda social, a fin de garantizar igualdad de acceso a la vivienda a las personas extranjeras en situación de vulnerabilidad.

Libertad de expresión

En contravención del derecho internacional de los derechos humanos, seguía en vigor la legislación sobre difamación, que penalizaba la crítica a las autoridades e instituciones andorranas.