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Venezuela: Aumentan detenciones de opositores en nueva cacería de brujas

Manifestación de la oposición en Caracas el 27 de julio de 2016. JUAN BARRETO/AFP/Getty Images)

Las más recientes detenciones de líderes y miembros de un partido de la oposición apuntan a un patrón sistemático de abusos contra quienes se atreven a expresar una opinión contraria a la del gobierno, dijo hoy Amnistía Internacional.

Entre el 11 y 12 de enero, el Diputado Gilber Caro, del partido político de oposición Voluntad Popular, junto con los concejales Roniel Farias, Jorge González y los activistas políticos Stacy Escalona e Irwin Roca, fueron privados de libertad bajo acusaciones públicas de altas autoridades quienes vinculan a estos líderes junto a Lilian Tintori, esposa del prisionero de conciencia Leopoldo López, de llevar a cabo “actividades terroristas”.

El gobierno de Maduro continúa con su cacería de brujas contra quien se atreva a emitir una opinión contraria a sus políticas
Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional
"Al parecer el gobierno del Presidente Maduro continúa con su cacería de brujas contra cualquiera que se atreva a emitir una opinión contraria a sus políticas. La utilización de absurdos argumentos conspirativos para justificar detenciones irregulares demuestran la falta de compromiso de Venezuela con la promoción y protección de los derechos humanos básicos de todas las personas en el país,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Las autoridades venezolanas deben garantizar los derechos procesales de las personas detenidas, en particular la presentación ante jueces civiles con cargos y pruebas fehacientes en un tiempo expedito, así como el acceso inmediato a sus familiares y representantes legales. “En vez de perseguir a quienes opinan distinto, el gobierno de Venezuela debe enfocar sus esfuerzos en la búsqueda de soluciones efectivas y justas para superar la grave crisis humanitaria y de derechos humanos que afecta a la población”.

Amnistía Internacional exige a las autoridades venezolanas garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pública y pacífica, sin discriminación de ninguna índole.

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