Uzbekistán persigue a los refugiados en Kirguistán

Cientos de refugiados huyeron de la ciudad de Andizhan, situada en el este de Uzbekistán, al vecino Kirguistán tras los sucesos del 13 de mayo de 2005, cuando, según los informes, tropas del gobierno dispararon contra miles de manifestantes, la mayor parte de ellos desarmados y pacíficos, matando a cientos de personas. Unos 541 hombres, mujeres y niños que a primeras horas de la mañana del 14 de mayo habían atravesado la frontera con Kirguistán –la mayoría cruzando el puente de Teshik Tosh, otros atravesando el río– para pedir protección internacional fueron asentados por el ejército kirguís en un campo improvisado en tierra de nadie junto a la frontera con Uzbekistán. El 4 de junio, estos refugiados fueron trasladados a un campo más grande en Besh-Kana. Todo esto y la búsqueda de refugio de los solicitantes de asilo se describe en el informe de Amnistía Internacional Kyrgyzstan: Refugees in Need of a Safe Haven (Índice AI: EUR 58/008/2005), publicado el 30 de junio de 2005. El informe presentado hoy por Amnistía Internacional, Kyrgyzstan: Uzbekistan in Pursuit of Refugees in Kyrgyzstan: A Follow-up Report (Índice AI: EUR 58/016/2005), actualiza el anterior y se basa en información recogida en entrevistas y en documentos conseguidos por un delegado de Amnistía Internacional que visitó Kirguistán del 21 al 30 de julio de 2005. Muchas de las personas que hablaron con Amnistía Internacional estaban en la clandestinidad y pidieron que no se revelara su identidad. Amnistía Internacional recibió inquietantes informes según los cuales los funcionarios uzbekos encargados de hacer cumplir la ley habían seguido persiguiendo en territorio kirguís a los refugiados que huyeron de Uzbekistán tras los acontecimientos del 13 de mayo, en algunos casos con la colaboración demostrable de las autoridades de Kirguistán. El informe también proporciona información sobre personas que solicitaron protección internacional en el campo de refugiados en Kirguistán y sobre refugiados que huyeron de Andizhan desde el 13 de mayo y que al parecer ahora están en la clandestinidad en diversos lugares de Kirguistán. En su informe de junio, Amnistía Internacional expresó su preocupación por la falta de acceso adecuado a los procedimientos de concesión de asilo de personas en busca de protección internacional que tal vez hayan cruzado la frontera de Uzbekistán con Kirguistán en lugares distintos de Teshik Tosh y en otras fechas tras el 13 de mayo. Incluso en poblaciones importantes, como las meridionales Osh y Jalalabad y la capital del país, Bishkek, en el norte de Kirguistán, hay poca o ninguna información accesible que explique los derechos de un solicitante de asilo, por no hablar de instrucciones para rellenar una petición de asilo. Los que llegan a lugares más pequeños se enfrentan a más dificultades aún para ejercer sus derechos. Al tratarse de un movimiento de población oculto, es difícil evaluar el número de personas afectadas. Informes de activistas de derechos humanos, agencias de noticias, oficinas del defensor del pueblo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y entrevistas de primera mano de Amnistía Internacional, así como de particulares que han proporcionado lugares donde esconderse a los refugiados, hacen pensar que el problema va en aumento y afecta ahora tanto a zona sur de la frontera como al norte de Kirguistán. Grupos locales de derechos humanos creen que entre los trabajadores temporeros de verano y los turistas en Kirguistán hay refugiados. El 13 de julio, la agencia de noticias rusa Interfax reproducía las declaraciones de la organización de derechos humanos con sede en Jalalabad “Justicia”, según las cuales el número de refugiados de Andizhan ocultos en Kirguistán podía llegar al millar. Grupos de derechos humanos consultados por Amnistía Internacional en Osh a finales de julio se mostraron de acuerdo con esta cifra. El representante para la zona sur del Defensor de los Derechos Humanos informó saber de casos en la capital, Bishkek. Según los informes de que dispone hasta ahora Amnistía Internacional, entre los refugiados ‘clandestinos’ hay personas que resultaron heridas en Andizhan el 13 de mayo, que participaron de alguna forma en las manifestaciones o que las presenciaron. También figuran personas que han sufrido presiones en Andizhan porque tienen familiares de los que no se ha sabido nada desde el 13 de mayo, personas que han informado de los sucesos a los medios de comunicación o a grupos de derechos humanos, gente que ha estado encarcelada por motivos religiosos y a la que se hostigaba por asociación después del 13 de mayo y personas con familiares en Kirguistán. Todas las personas entrevistadas por Amnistía Internacional habían temido contactar con las autoridades kirguises por temor a ser detenidas y devueltas a Uzbekistán, donde preveían que serían torturadas o maltratadas. Algunas afirmaron que antes de huir habían sido objeto de violencia y amenazas por parte de los funcionarios uzbekos encargados de hacer cumplir la ley. La mayoría estaban en la clandestinidad en Kirguistán sin estar registradas adecuadamente, lo que las hacía vulnerables a los registros aleatorios de la policía y les impedía acceder a alojamiento y atención médica adecuados. El 3 de agosto, el ACNUR afirmó que habían registrado las solicitudes de asilo de tres refugiados que habían estado en la clandestinidad en Kirguistán desde que habían huido de Andizhan. El 23 de agosto, el Servicio de Migración de Kirguistán anunció que otros tres refugiados que habían permanecido de forma clandestina en Kirguistán habían solicitado asilo. Dada la dinámica política de la situación, garantizar la seguridad de los refugiados uzbekos en Kirguistán sigue siendo una alta prioridad que debe ser resuelta. Los funcionarios del ACNUR en Osh dijeron a Amnistía Internacional que la protección que podían ofrecer se limitaba a registrar las solicitudes de asilo y disponer atención médica limitada. Las autoridades de Kirguistán no están de hecho en disposición de proporcionar a los refugiados protección física frente a las fuerzas oficiales uzbekas de las que huyen, ni siquiera de evitar que sean devueltos a Uzbekistán. Ésta era también la impresión más extendida entre los refugiados clandestinos con los que habló Amnistía Internacional. El 29 de julio, 439 de los refugiados que ocupaban el campo de Besh-Kana fueron trasladados en avión de Kirguistán a un centro provisional de Rumania. Durante los próximos seis meses serán reasentados en países que les han ofrecido protección permanente. El 26 de agosto, la fiscalía general de Uzbekistán hizo una declaración de prensa acusando al ACNUR de proteger a “criminales y terroristas”, alegando que entre los refugiados enviados a Rumania había terroristas que habían recurrido a la fuerza y que el traslado en avión vulneraba la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Quince refugiados uzbekos continúan detenidos en Kirguistán tras emitir las autoridades uzbekas órdenes de extradición solicitando su detención y devolución a Uzbekistán por delitos que presuntamente han cometido en este país. Las autoridades kirguises se han negado a que pasen a ser responsabilidad del ACNUR y los refugiados continúan en peligro de ser devueltos a Uzbekistán, donde correrían peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos, como torturas. El Servicio de Migración de Kirguistán y el ACNUR han reconocido la condición de refugiados de 11 de los 15, que ya han sido aceptados para ser reasentados por tres países europeos. La condición de los cuatro restantes continúa siendo polémica: el ACNUR ha reconocido la condición de refugiado de uno de ellos, pero el Servicio de Migración de Kirguistán ha impugnado la decisión. El ACNUR está determinando la condición de los otros tres, a quienes considera solicitantes de asilo. El Servicio de Migración de Kirguistán inicialmente los excluyó de esta categoría, pero el 18 de agosto un tribunal kirguis anuló su decisión y estimó los recursos presentados por los tres, lo cual les permite volver a solicitar asilo. El tribunal dio al Servicio de Migración de Kirguistán cuatro semanas para apelar. El ACNUR ha subrayado que los 11 refugiados no deben ser reasentados hasta que se resuelva la suerte de los otros cuatro. A Amnistía Internacional también le preocupa mucho la seguridad de cuatro refugiados uzbekos devueltos a Uzbekistán el 9 de junio. Inicialmente hubo informes de que estaban en régimen de incomunicación en la cárcel de Andizhan. El 27 de junio, el alto comisionado adjunto para los refugiados, Kamel Morjane, afirmó que ninguna entidad internacional había podido acceder a ellos. A finales de julio, una fuente bien informada de Andizhan dijo a Amnistía Internacional que, tras presuntas torturas, uno de los cuatro había sido trasladado de la cárcel a un hospital de Andizhan para recibir cuidados intensivos. Informes no confirmados señalaron que uno de los cuatros había muerto a consecuencia del trato recibido en la cárcel, acusación que la Fiscalía General de Uzbekistán calificó de “invento” en una declaración de prensa del 23 de agosto. El 12 de agosto, Jennifer Pagonis, portavoz del ACNUR, afirmó que ni este organismo ni ninguna otra organización o particular habían podido acceder a los hombres tras su devolución a Uzbekistán. Las autoridades uzbekas habían rechazado las afirmaciones de que los cuatro eran refugiados y dijeron al ACNUR en una carta, recibida la semana del 8 de agosto, que los cuatro eran “delincuentes confesos” que habían regresado voluntariamente y ahora permanecían en un centro de detención de la capital, Tashkent. Al ACNUR sigue preocupándole mucho su bienestar. Amnistía Internacional insta al gobierno de Kirguistán a que se asegure de que, como exigen las obligaciones de Kirguistán en virtud del derecho internacional de derechos humanos y del derecho de refugiados,  nadie, ni los ciudadanos kirguises ni los refugiados y solicitantes de asilo urzbekos, es extraditado o devuelto a Uzbekistán, donde correría peligro de ser torturado y sufrir otras graves violaciones de derechos humanos. La organización pide también a las autoridades de Kirguistán que regularicen la situación de todos los solicitantes de asilo y refugiados que actualmente están en la clandestinidad, y se aseguren de que todos los refugiados tienen acceso a un nivel de vida adecuado, con atención médica y vivienda apropiada.