Londres.- Amnistía Internacional ha condenado hoy la imposición de la pena de muerte a un joven de 17 años por un tribunal militar de El Cairo, y ha advertido que los juicios militares sin garantías están erosionando el sistema de justicia penal de Egipto.
Ahmed Marous Ibrahim fue una de las cuatro personas condenadas a muerte por ahorcamiento por el Tribunal Supremo Militar de El Cairo por secuestrar y violar a una joven de 17 años.
“Los militares no pueden ser jueces, fiscales y verdugos en el Egipto posterior a los levantamientos”, ha afirmado Amnistía Internacional.
“Si de verdad se quiere hacer justicia por este terrible crimen, los acusados deben tener en primer lugar una vista justa y pública ante un tribunal penal, y se debe conceder a la víctima el derecho a ver cara a cara a los sospechosos”, ha afirmado la organización.
“Condenar a muerte a un menor es manifiestamente abominable y va en contra de la clara prohibición en este sentido que se contempla en el derecho internacional.”
Los otros tres hombres declarados culpables en el caso son Mohamed Tarek Ragheb, de 33 años, Karim Dahrouj Ahmed el-Sawy, de 28, y Mahmoud Ramadan Abdul Hussein, de 21.
Amnistía Internacional insta a que Ahmed Marous Ibrahim y los otros tres encausados sean juzgados de nuevo ante un tribunal civil. La organización ha exhortado también a las autoridades egipcias a que garanticen que a la joven que sufrió la agresión sexual se le ofrece apoyo, incluida asistencia psicológica, y que ve que se hace justicia en un juicio abierto y con las debidas garantías.
Cientos de civiles han sido juzgados ante tribunales militares desde que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, órgano militar que gobierna Egipto, tomó el poder en febrero de 2011. El Consejo se ha comprometido a entregar el poder a los civiles antes de que termine este año.
Amnistía Internacional se opone a los juicios de civiles ante tribunales militares cuyos jueces son miembros en activo de las fuerzas armadas.
“Estos tribunales incumplen abiertamente las normas internacionales relativas a juicios con garantías, y son extremadamente injustos. La fe de muchos egipcios en el sistema de justicia penal está siendo sometida a una dura prueba por los tribunales militares.”
“No se puede restablecer el orden público con los juicios sumarios y las condenas de cientos de civiles.”
Las personas declaradas culpables se enfrentan a un futuro incierto. En los juicios militares, el derecho a apelar ante un tribunal superior está limitado a vistas ante el Tribunal Supremo de Apelaciones Militares, que está compuesto exclusivamente por oficiales militares.
El Tribunal Supremo de Apelaciones Militares sólo examina la ley y su interpretación, pero no las pruebas ni los fundamentos de hecho de los cargos. El derecho a un recurso efectivo es una garantía judicial fundamental.
El 1 de abril, el Tribunal Supremo de Apelaciones Militares anunció que permitiría la pena de muerte para los violadores convictos si la víctima tenía menos de 18 años. La ley se aplicaría también a los menores de 18 años. La legislación egipcia y el derecho internacional prohíben la pena de muerte para menores de edad.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en toda circunstancia por ser la forma más extrema de pena inhumana y degradante.
