Las fuertes penas de prisión dictadas contra Rached Ghannouchi y otros cuatro líderes del partido Ennahda constituyen el golpe más reciente en la campaña de las autoridades tunecinas para aplastar al partido de oposición derrocado del poder por el presidente Kais Said en 2021 como parte de su represión más amplia de la disidencia. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
El 2 de febrero, un tribunal de apelación tunecino declaró culpables al menos a 20 personas, entre ellas figuras de la oposición, y las condenó a penas de entre tres y 35 años de prisión en la causa conocida como “Conspiración contra la Seguridad del Estado 2”.
La pena de prisión de Rached Ghannouchi, exlíder de Ennahda de 84 años detenido por diversos cargos desde abril de 2023, se incrementó de 14 a 20 años, con lo que el total de las penas de prisión dictadas contra él en múltiples causas ascendió a 56 años. El tribunal también confirmó las condenas de 35 años dictadas in absentia contra el exdirector de los servicios de inteligencia, Kamel Guizani, el ex ministro de Asuntos Exteriores, Rafik Abdessalem, Lotfi Zitoun y Mouadh Ghannouchi, hijo de Rached Ghannouchi.
“Las autoridades de Túnez deben anular de inmediato las injustas sentencias condenatorias y las penas de todos los acusados. Además, deben respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas y defender el Estado de derecho en el país.”
“Las múltiples persecuciones de los miembros de Ennahda muestran la manera en que las autoridades están instrumentalizando el sistema de justicia tunecino para reprimir todas las formas de oposición política y silenciar la disidencia pacífica. En Túnez, hoy día, la mayoría de los líderes de oposición de distintos entornos/grupos/afiliaciones políticos ya están entre rejas. La reciente sentencia de la causa Conspiración 2 transmite un mensaje disuasorio: la oposición pacífica a las autoridades ahora se castiga con condenas a decenios de años de prisión”, ha manifestado Sara Hashash, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“En los últimos años, la situación de los derechos humanos en Túnez se ha deteriorado drásticamente, mientras las autoridades han intensificado su represión contra la oposición política y llevan a cabo una purga sistemática del partido Ennahda. Esta parodia de justicia y estos ataques al Estado de derecho deben cesar”.
Desde la disolución en marzo de 2022 del Parlamento tunecino, en el que Ennahda tenía amplia mayoría, los líderes, exparlamentarios, personal y miembros de ese partido han sido blanco de ataques sistemáticos. Sus líderes, voluntarios y miembros de base han sufrido acoso judicial, detención, reclusión y enjuiciamientos en relación con acusaciones de terrorismo o de presuntas conspiraciones contra la seguridad del Estado, a menudo sin pruebas creíbles. Al menos 26 líderes, empleados y miembros del partido se encuentran actualmente detenidos o son objeto de investigación o procesamiento. Otros muchos han abandonado el país.
El juicio en primera instancia de la causa Conspiración 2 había concluido el 8 de julio de 2025 con la declaración de culpabilidad colectiva de 21 de los 24 acusados, entre ellos altos cargos políticos de Ennahda como Habib Ellouz o Lotfi Zitoun, exparlamentarios, antiguos miembros del gobierno y funcionarios de seguridad. Las penas impuestas oscilaron entre 12 y 35 años. El juicio se vio enturbiado por las violaciones del derecho a un juicio justo, en las que los acusados recluidos en prisión preventiva se veían obligados a participar en audiencias telemáticas mediante vídeo desde la prisión, una medida que, según sus abogados, obstaculizó la capacidad de los acusados de comunicarse con su asistencia letrada y relacionarse de forma efectiva con el tribunal.
Los líderes de Ennahda siguen acusados de gestionar una red encubierta liderada por Ghannouchi cuya finalidad es “modificar la estructura del Estado” con la ayuda del exfuncionario del Ministerio del Interior Kamel Ben El Bedoui. Los cargos se basaban en denuncias de “conspiración contra la seguridad del Estado”, respaldadas en gran medida por testimonios anónimos, comunicaciones interceptadas y documentos incautados en redadas policiales.
Gran parte del material consistía en críticas políticas y comunicaciones privadas contrarias al presidente Saied, que se remontaban al periodo comprendido entre 2011 y 2022, sin que hubiera pruebas concretas de que se hubiera cometido un delito reconocible en virtud del derecho internacional. La afirmación central de las autoridades, según la cual ciertos políticos de la oposición operaban un “aparato de seguridad” clandestino, sigue sin estar respaldada por pruebas que puedan verificarse de forma independiente.
Ataques sistemáticos contra Ennahda
En los últimos años, las autoridades tunecinas han recurrido cada vez más al uso de leyes antiterroristas y cargos relativos a la seguridad del Estado para detener y procesar arbitrariamente a figuras de la oposición, incluidas figuras destacadas del liderazgo de Ennahda. Los tribunales han celebrado juicios colectivos basados en pruebas insuficientes o acusaciones infundadas, que han dado lugar a violaciones reiteradas de las garantías procesales.
Además de esta última sentencia en la causa Conspiración 2, Rached Ghannouchi ya había sido condenado en muchas otras causas. Desde su detención en abril de 2023 ha sido investigado o procesado en al menos 11 causas diferentes. En mayo de 2023, el tribunal antiterrorista de Túnez lo condenó a un año de prisión y a una multa en relación con unos comentarios públicos que hizo en un funeral, en los que alabó al fallecido calificándolo como un “hombre valiente” que no temía “a un gobernante o un tirano”.
En abril de 2023, poco después de la detención de Rached Ghannouchi, las fuerzas de seguridad cerraron todas las oficinas de Ennahda en el país.
Mondher Ouinissi, que sustituyó a Rached Ghannouchi como cabeza del partido, también fue detenido y recluido unos meses después, el 7 de septiembre de 2023, y está siendo procesado en una causa diferente por cargos de conspiración. Ajmi Ouirimi, que ocupó su lugar como secretario general del partido, también fue detenido y permanece recluido desde julio de 2024.
Incluso los miembros y simpatizantes de Ennahda han sido blanco de ataques. En septiembre de 2024, las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a 97 personas por su activismo en grupos de Ennahda en diferentes regiones, como parte de una represión preelectoral llevada a cabo en las vísperas de las elecciones presidenciales. La mayoría quedaron en libertad a lo largo de las semanas siguientes.
