Tendencias preocupantes en el uso de la pena de muerte

Londres.- Amnistía Internacional ha expresado hoy su profunda preocupación por el índice de ejecuciones documentadas en Irán así como su temor por la vida de varios presos políticos, algunos de los cuales llevan, según informes, varios años en espera de ejecución. La organización ha expresado también su indignación por el hecho de que Irán siga condenando a muerte a personas que eran menores de edad en el momento de cometerse el delito, en contravención de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.  Las ejecuciones continúan en Irán a un ritmo alarmante. Amnistía Internacional documentó 94 ejecuciones en 2005, aunque la cifra real probablemente fuera muy superior. En 2006 ha documentado hasta la fecha no menos de 28 ejecuciones. La mayoría de las víctimas habían sido condenadas por delitos como el de asesinato; sin embargo, un individuo ejecutado recientemente era preso político: Hojjat Zamani, miembro de Organización Muyahidín del Pueblo de Irán, fue devuelto a Irán desde Turquía en 2003 y condenado a muerte en 2004 tras ser declarado culpable de participar en un atentado con bomba en Teherán en 1988 que causó la muerte a tres personas (véanse las Acciones Urgentes EUR 44/025/2003, del 5 de noviembre de 2003, y MDE 13/032/2004). El 7 de febrero de 2006 se lo llevaron de su celda de la prisión de Gohar-Dasht y lo ejecutaron, aunque las autoridades iraníes no confirmaron oficialmente su ejecución hasta el 21 de ese mes. En vista de la ejecución de Hojjat Zamani, se teme que otros presos políticos estén en peligro de ejecución inminente. Según informes sin confirmar que circulan desde principios de febrero, las autoridades penitenciarias han comunicado a varios presos políticos y de otra índole condenados a muerte que serán ejecutados si Irán es remitido al Consejo de Seguridad de la ONU con motivo de la reanudación de su programa nuclear (que, según alega, sólo persigue la producción de energía nuclear con fines pacíficos). Parece ser que entre los que han recibido esta comunicación se incluyen otros miembros de la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán, organización ilegal en Irán. El Consejo Nacional de Resistencia de Irán, al que pertenece dicha organización, fue en 2002 la fuente testimonial que reveló el programa nuclear de Irán al exterior. Algunas de las personas por cuya vida se teme son: Sa'id Masouri (véase la Acción Urgente MDE 13/018/2002), miembro de la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán que permanece recluido en régimen de aislamiento en la Sección 209 de la prisión de Evin desde finales de 2004; Khaled Hardani, Farhang Pour Mansouri y Shahram Pour Mansouri (véase la Acción Urgente MDE 13/003/2005), implicados en el secuestro de un avión en 2001, cuando Shahram Pour Mansouri sólo tenía 17 años; Gholamhossein Kalbi y Valiollah Feyz Mahdavi, ambos pertenecientes a la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán, y Alireza Karami Khairabadi. Por otra parte, Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales al menos dos árabes iraníes podrían estar en peligro de ejecución inminente. La provincia de Khuzestan ha sido el centro de disturbios generalizados desde el 15 de abril de 2005 (encontrarán más información al respecto en Iran: New Government fails to address dire human rights situation (Índice AI MDE 13/010/2006). Según la información recibida, Mohammad Ali Sawari y Mehdi Nawaseri, quienes al parecer rondan los 20 años, han sido condenados a muerte. Mohammad Ali Sawari fue detenido, según los informes, tras las manifestaciones celebradas en la ciudad de Ahwaz el 4 de noviembre de 2005; a Mehdi Nawaseri, que ya había sido detenido en abril de 2005 y puesto en libertad posteriormente, volvieron a detenerlo en octubre de 2005. El 14 de febrero de 2006, Jamal Karimi-Rad, ministro de Justicia y portavoz del Poder Judicial, contó a la agencia de noticias IRNA que 7 de las 45 personas detenidas en relación con los atentados con bombas perpetrados en septiembre y octubre de 2005 habían sido declaradas culpables de “animadversión hacia Dios, corrupción en la Tierra y asesinato” entre otros cargos, y que en breve se anunciarían las condenas impuestas. La pena por animadversión hacia Dios y corrupción en la Tierra puede ser la ejecución, la amputación de extremidades alternas, la crucifixión durante tres días o el destierro. Según informes, el 20 de febrero de 2006, Ghorban-Ali Dori-Najafabadi, fiscal general del Estado, afirmó que “algunas de las personas declaradas culpables en esta causa han merecido una sentencia de ejecución, entre ellas los dos culpables principales, cuya presencia en los recientes sucesos de Ahvaz ha sido demostrada, y la sentencia de ejecución es definitiva”. El 21 de febrero, en declaraciones a la agencia IRNA con motivo de esta afirmación, el ministro Jamal Karimi-Rad manifestó que sólo se habían dictado sentencias de muerte contra dos personas, y que sus casos estaban siendo examinados por el Tribunal Supremo. El ministro señaló que “los delitos cometidos por las otras siete personas declaradas culpables no comportan la pena capital”. Amnistía Internacional teme que Mohammad Ali Sawari y Mehdi Nawaseri sean las dos personas aludidas y que por tanto estén en peligro de ejecución inminente. Amnistía Internacional considera asimismo indignante que Irán haya vuelto a condenar a muerte a un menor de edad. Según informaciones transmitidas por dos agencias de noticias iraníes, Fars e ISCA (asociación de corresponsales estudiantiles de Irán), un joven de 18 años –solamente identificado como Mohammad– fue condenado a muerte por la Sección 71 del Tribunal Penal de Teherán por un asesinato que cometió en agosto de 2003, cuando sólo tenía 16 años. Según estos informes, inicialmente había sido juzgado por el Tribunal de Menores y condenado a cinco años de cárcel y al pago de  “dinero de sangre” (para que la familia de la víctima renuncie a su derecho de ver ejecutado al condenado). Sin embargo, los informes recibidos indican que los familiares de la víctima se quejaron de que la sentencia no era lo bastante dura y el Tribunal Supremo decidió que, como Mohammad ya había cumplido 18 años, podía ser juzgado ante un tribunal penal ordinario, y el juicio dio lugar a su condena a muerte. Ahora la sentencia está pendiente de ratificación por el Tribunal Supremo para ejecutarse.   Como Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención sobre los Derechos del Niño, Irán ha contraído el compromiso de no ejecutar a ninguna persona por un delito cometido cuando era menor de 18 años. No obstante, Amnistía Internacional ha documentado 18 ejecuciones de menores en Irán desde 1990. Sólo en 2005 se documentaron al menos 8 ejecuciones de esta índole. Si bien Amnistía Internacional reconoce que los gobiernos tienen el derecho y la obligación de llevar ante la justicia a los presuntos autores de delitos comunes reconocibles, la organización se opone de manera incondicional a la aplicación de la pena de muerte como violación máxima del derecho a la vida. Por tanto, ha pedido a las autoridades iraníes que suspendan de inmediato la aplicación de esta pena y se atengan a la obligación internacional contraída por Irán de no ejecutar a nadie por un delito cometido cuando era menor de edad.