Ante la noticia de que Tailandia ha ejecutado a un hombre de 26 años por asesinato con agravantes el 18 de junio, y siendo ésta la primera ejecución realizada en el país desde agosto de 2009, Katherine Gerson, responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre Tailandia, ha declarado:
“Es una violación deplorable del derecho a la vida. Tailandia reniega de su compromiso con el avance hacia la abolición de la pena de muerte y se aparta de la tendencia global actual a alejarse de ella.
“No está demostrado que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio especial; las autoridades tailandesas se equivocan por completo al confiar en que esta medida sirva para reducir la delincuencia. La pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante y no sirve como solución rápida a los problemas que afrontan las autoridades. “Después de casi diez años sin una ejecución, esto supone un grave retroceso en el camino hacia la abolición emprendido por el país. El gobierno tailandés debe renunciar de inmediato a sus planes de llevar a cabo más ejecuciones y declarar una suspensión sobre la aplicación de la pena capital.”“Las autoridades tailandesas se equivocan por completo al confiar en que la pena de muerte sirva para reducir la delincuencia”Katherine Gerson, Amnistía Internacional
Información complementaria
Es la primera ejecución realizada en Tailandia desde que dos hombres fueron ejecutados por inyección letal en agosto de 2009, tras un periodo sin ejecuciones desde 2003. Los datos facilitados por el Ministerio de Justicia en marzo de 2018 indican que había 510 personas condenadas a muerte, de las que 94 eran mujeres, y que 193 habían agotado todos los recursos. Más de la mitad, al parecer, están condenadas por delitos relacionados con drogas.
A pesar de que el derecho internacional prohíbe la imposición preceptiva de la pena capital, en Tailandia sigue siendo preceptiva para diversos delitos, entre ellos el asesinato con agravantes. Muchos de los delitos que pueden castigarse con la pena de muerte no alcanzan el umbral de “los más graves delitos” a los que el derecho internacional restringe la imposición de la pena capital en los países donde aún no ha sido abolida.
Hasta hoy, 106 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y 142 son abolicionistas en la ley o en la práctica.
