Las autoridades de la región semiautónoma somalí de Puntlandia deben suspender inmediatamente los planes de ejecutar a dos jóvenes condenados a muerte por un tribunal militar en febrero por su presunto papel en el homicidio por el grupo armado Al Shabaab de tres altos cargos de la administración, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
La organización ha tenido conocimiento de que Muhamed Yasin Abdi, de 17 años, y Daud Saied Sahal, de 15, podrían ser ejecutados en cualquier momento tras la ejecución el 8 de abril de otros cinco jóvenes, todos ellos de entre 14 y 17 años, por los homicidios.
“Estos cinco muchachos fueron ejecutados tras un proceso gravemente viciado en el que se los torturó para que confesaran, se les negó el acceso a un abogado y a las protecciones adicionales a las que tenían derecho como menores de edad y fueron juzgados por un tribunal militar. Es preciso salvar la vida de los dos jóvenes restantes”, ha señalado Michelle Kagari, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.
“Deben suspenderse la ejecuciones y someter a los jóvenes a otro juicio ante un tribunal civil”Michelle Kagari, Amnistía Internacional
“No se debe permitir que las autoridades de Puntlandia sigan manchándose las manos de sangre. Deben suspender las ejecuciones y someter a los jóvenes a otro juicio en unas actuaciones imparciales y ante un tribunal civil para menores sin recurso a la pena de muerte. Las personas responsables del homicidio de los funcionarios de la administración deben ser identificadas y responder ante la justicia; torturar a menores de edad para que confiesen, someterlos a un juicio injusto y ejecutarlos después no garantiza esto.”
Familiares de los muchachos dijeron a Amnistía Internacional que éstos, que niegan pertenecer al grupo radical Al Shabaab, fueron sometidos a descargas eléctricas, quemados con cigarrillos en los genitales, golpeados y violados para que confesaran los asesinatos.
“Estas terribles denuncias de tortura deben ser investigadas de manera exhaustiva e independiente, y los responsables deben rendir cuentas de sus actos. Además, Puntlandia debe abandonar la práctica de juzgar a civiles ante tribunales militares”, ha añadido Michelle Kagari.
Amnistía Internacional cree que la pena de muerte es cruel, inhumana y degradante, y se opone a ella en todos los casos, independientemente de quién sea la persona acusada, de su culpabilidad o inocencia, del delito cometido y del método de ejecución.
