Las autoridades ugandesas deben poner en libertad al activista de derechos humanos keniano que está recluido por cargos de terrorismo o facilitar información sobre los cargos, han afirmado hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch en una carta conjunta al gobierno ugandés.
Al Amin Kimathi fue detenido, junto con el abogado keniano Mbugua Mureithi, el 15 de septiembre después de que los dos viajaran de Kenia a Uganda para asistir, en calidad de observadores, a una vista judicial contra seis kenianos acusados de terrorismo en relación con los atentados con explosivos de julio en Kampala, que causaron la muerte de más de 76 personas que estaban viendo el partido final de la Copa Mundial. Mureithi fue puesto en libertad a los tres días y expulsado a Kenia. Kimathi, que preside el Foro Musulmán de Derechos Humanos en Kenia, permaneció seis días en régimen de incomunicación y el martes 21 de septiembre fue acusado de terrorismo y asesinato.
"Al Amin Kimathi parece haber sufrido detención arbitraria por el desempeño de su legítima labor de derechos humanos, ofreciendo apoyo legal a los sospechosos acusados en relación con el atentado con bomba”, ha dicho Erwin van der Borght, director del Programa Regional de Amnistía Internacional para África.
El pliego de acusación no contiene más datos ni acusaciones sobre la conducta de Kimathi que pudieran hacerlo responsable de los crímenes descritos.
En los últimos meses se ha acusado de terrorismo a 38 personas de diversa nacionalidad, incluidos ugandeses, kenianos y somalíes, en relación con los atentados de julio.
El Foro Musulmán de Derechos Humanos ha desafiado y criticado públicamente la transferencia de varios sospechosos kenianos de Kenia a Uganda sobre la base de que dicha transferencia no respetó los procedimientos de extradición que exigen garantías recíprocas de las detenciones practicadas en ambos países y las vistas judiciales. Las autoridades kenianas tampoco han respetado el derecho a interponer una solicitud de hábeas corpus (impugnar la detención de una persona ante un tribunal) sobre los sospechosos que fueron transferidos a Uganda.
“Todo Estado debe garantizar el respeto absoluto de los derechos humanos y el Estado de derecho, también durante las operaciones antiterroristas –afirmó Rona Peligal, directora de África para Human Rights Watch–. La detención de Al Amin Kimathi no silenciará las dudas suscitadas por la transferencia aparentemente ilegítima de sus ciudadanos por parte de Kenia en contravención de sus derechos.”
Amnistía Internacional y Human Rights Watch reconocen que Uganda debe investigar, procesar y llevar ante la justicia a los responsables de los atentados perpetrados en julio de 2010 en Kampala, pero también instan a las autoridades kenianas y ugandesas a acatar íntegramente las leyes y normas internacionales de derechos humanos así como las Constituciones de Kenia y Uganda.
En la carta enviada al gobierno ugandés, así como en otra carta al Ministerio de Asuntos Exteriores keniano, ambas organizaciones han pedido también a ambos gobiernos que apoyen una investigación independiente e imparcial sobre las violaciones de derechos humanos asociadas a la detención y el traslado a Uganda de 13 sospechosos kenianos, que aparentemente no se atuvieron a los procedimientos legalmente establecidos. Notas para periodistas
- Durante su detención, tanto Mureithi como Kimathi fueron interrogados a fondo por agentes de policía sobre la presunta financiación de actividades terroristas. El ordenador personal portátil de Kimathi fue confiscado, registrado en su ausencia y su contenido copiado.
- El Foro Musulmán de Derechos Humanos ha documentado detención arbitraria, expulsión secreta y entrega ilegal de decenas de hombres, mujeres y niños que huyeron de Somalia a Kenia en 2006 y principios de 2007.
