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Se reprime a los profesionales del periodismo a pesar de las clamorosas protestas internacionales

Irán.

Las autoridades iraníes deben dejar en libertad a los profesionales del periodismo detenidos en los últimos tres días y acusados de colaborar con organizaciones mediáticas en lengua persa “antirrevolucionarias” con sede en otros países, ha declarado Amnistía Internacional.

La organización cree que las autoridades planean llevar a cabo nuevas detenciones. Este temor se sustenta en la detención en el día de hoy de Ali Dehghan, director de la sección de economía del diario Bahar.

En una declaración atribuida al Ministerio iraní de Información, este manifiesta: “La investigación continuará hasta que la última persona vinculada a esta red sea detenida y la propaganda de los medios de comunicación extranjeros y las denominadas organizaciones de derechos humanos y las declaraciones… ya no tengan influencia sobre la voluntad firme de los soldados de  Emam e-Zaman [funcionarios del Ministerio de Información]”.

“La declaración de hoy del Ministerio iraní de Información pretende intimidar a los periodistas iraníes que tienen contacto con fuentes no gubernamentales”, ha señalado Drewery Dyke, investigador de Amnistía Internacional sobre Irán.

“A la vista de las grabaciones realizadas por funcionarios del Estado en el domicilio de al menos una de las personas detenidas y el historial de Irán por lo que se refiere a hacer desfilar a las personas detenidas ante las cámaras para hacerles ‘confesar’ delitos que es evidente que no han cometido, tememos que las autoridades se proponen grabar y emitir ‘confesiones’ de las personas detenidas a fin de garantizar que en el futuro son declaradas culpables. Se lo deben pensar dos veces antes de volver a ofrecer un espectáculo tan grotesco”.

Amnistía Internacional pide con urgencia a las agencias de seguridad y la magistratura iraníes que se comprometan a garantizar que las personas en Irán pueden ejercer de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión y asociación, como en el periodo previo a las elecciones presidenciales previstas para junio, y llevar a cabo procesos justos en la administración de justicia.

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