Amnistía Internacional ha pedido hoy a las autoridades mexicanas que abran una investigación completa e independiente de la muerte de dos estudiantes en el contexto de enfrentamientos con la policía durante una protesta que tuvo lugar ayer en el estado meridional de Guerrero. El homicidio de Gabriel Echevarría y José Alexis Herrera Pino ocurrió cuando la policía intentaba dispersar una protesta de estudiantes normalistas a las afueras de la capital del estado, Chilpancingo, en la que bloquearon la carretera principal que une la capital mexicana y la ciudad costera de Acapulco. Al menos otras 14 personas resultaron heridas y se practicaron 24 detenciones. “Las autoridades mexicanas deben averiguar qué se hizo mal al responder la policía a las personas que se manifestaban para que se produjera la muerte de esos dos estudiantes”, ha manifestado Rupert Knox, experto de Amnistía Internacional sobre México. “También es fundamental que se respeten los derechos de los manifestantes detenidos y que no sean sometidos a tortura u otros malos tratos.” Los manifestates habían bloqueado la carretera y exigían una reunión con el gobernador del estado cuando la protesta adquirió un cariz violento. La policía federal, así como la policía del estado y la policía de investigación de Guerrero respondieron in situ y, al parecer, los manifestantes prendieron fuego a una gasolinera. Según informes, la policía efectuó disparos al aire en señal de advertencia, pero los indicios gráficos muestran también a agentes de policía con rifles automáticos apuntando a los manifestantes. En una declaración oficial, el gobierno del estado de Guerrero lamentó los actos violentos y la pérdida de vidas, y prometió llevar a cabo una investigación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también ha iniciado una investigación. Cuatro agentes de policía y un empleado de una gasolinera también resultaron al parecer heridos en el incidente. Los indicios que hasta el momento han salido a la luz suscitan serios motivos de preocupación con respecto a la actuación policial en el contexto de desórdenes públicos, que se traduciría en graves violaciones de derechos humanos. Las autoridades mexicanas deben garantizar que se lleva a cabo una investigación completa e imparcial que determine los hechos y haga comparecer ante la justicia a las personas responsables de violaciones de derechos humanos, ha dicho Amnistía Internacional, al tiempo que señalaba que una respuesta así no había tenido lugar cuando se habían producido incidentes similares en el pasado. “La policía mexicana tiene el deber de mantener el orden y proteger a la población civil frente a la violencia, por lo que todo uso excesivo de la fuerza más allá de lo permitido por ley debe abordarse con decisión y los responsables deben comparecer ante la justicia”, ha dicho Rupert Knox.
