Bruselas/Madrid.- Se necesita urgentemente una política de derechos humanos con visión a largo plazo para abordar la crisis de la inmigración irregular en Europa, ha manifestado Amnistía Internacional ante la Conferencia sobre Migración y Desarrollo que tendrá lugar los días 10 y 11 de julio en Rabat promovida por los gobiernos de España, Francia y Maruecos.
En una rueda de prensa celebrada hoy en Madrid, la organización de derechos humanos ha presentado un conjunto de preocupaciones y recomendaciones a los gobiernos participantes en esta Conferencia, además de los resultados de una misión de investigación en las Islas Canarias que tuvo lugar a mediados de junio.
La organización está muy preocupada por la falta de respeto a los derechos elementales de los inmigrantes en Europa y en el Norte de África, así como los obstáculos que se encuentran los refugiados que buscan protección. El “cierre de las fronteras” o la intercepción en el mar no elimina la obligación de cumplir con la legislación internacional de derechos humanos y refugiados.
Amnistía Internacional cree que para que se cumplan satisfactoriamente los objetivos con los que se celebra esta Conferencia -pasar de las palabras a los hechos y poner las bases para una verdadera cooperación- es necesario que se analicen las causas que hacen que miles de personas huyan de sus países, y que no sólo se estudie la manera de evitar que entren en Europa.
“Las declaraciones políticamente correctas que salen de este tipo de encuentros no pueden ocultar por más tiempo las divisiones que existen entre la agenda anti-inmigración de Europa y el interés de África por incrementar la ayuda al desarrollo y ampliar los canales de inmigración legales. Y esta situación de desencuentro inevitablemente tiene consecuencias sobre los derechos humanos”, asegura Dick Oosting, Director de la Oficina de Amnistía Internacional ante la UE.
“Instamos a los participantes en esta Conferencia a salir del callejón sin salida. La Unión Europea y sus estados miembros deben abandonar ya la idea de que es posible frenar la llegada de personas con controles más duros, y deben desarrollar estrategias de inmigración que ofrezcan una perspectiva de soluciones reales, siempre teniendo como base el respeto de los derechos de los inmigrantes y la protección de los refugiados”, ha añadido Oosting.
Misión de Investigación a Canarias Amnistía Internacional también ha dado a conocer hoy los resultados de una misión de investigación realizada del 14 al 16 de junio a Tenerife, en el contexto de las llegadas de inmigrantes a las Islas Canarias. La organización ha visitado los centros de internamiento, ha recogido testimonios de varias personas internadas, y se ha entrevistado con las autoridades gubernativas, policiales y judiciales, así como con ONG, abogados y otros agentes implicados.
La organización ha constatado que las autoridades españolas han realizado esfuerzos considerables para dar respuesta a la llegada de miles de personas de origen subsahariano a las Islas Canarias en los últimos meses, en especial en relación con el rescate y asistencia a pie de playa y las condiciones de acogida en los centros de internamiento, que en el caso de Tenerife reúnen en general buenas condiciones de acogida, especialmente el de “Hoya Fría”. Sin embargo, aunque Amnistía Internacional entiende que, dada la llegada de miles de personas en pocos meses, es necesario habilitar instalaciones provisionales, constató que las condiciones del campamento de “Las Raíces” son deficientes y que no deben contemplarse como una solución permanente ni utilizarse como centro de internamiento pasado el verano. Igualmente no debe mantenerse más allá del verano el campamento habilitado por Cruz Roja para los menores extranjeros no acompañados en la localidad de Garachico.
Amnistía Internacional mantiene otros motivos de preocupación respecto a la protección de los derechos humanos de los inmigrantes y refugiados que alcanzan territorio español.
Las autoridades españolas asumen que todas las personas que llegan son inmigrantes económicos invisibilizando así a los refugiados. Amnistía Internacional recuerda que parte de los extranjeros que llegan en cayucos o pateras provienen de países donde se cometen graves abusos de derechos humanos. En el transcurso de su visita a Tenerife, la organización ha podido comprobar que no existen mecanismos suficientes para identificar de forma adecuada a las personas que huyen de violaciones de derechos humanos.
“Los extranjeros no reciben información adecuada y suficiente en un idioma que puedan entender sobre sus derechos, su situación legal y sobre los procesos de devolución en los que se encuentran. Aunque la organización se congratula de que se esté entregando por escrito información sobre sus derechos o sobre los supuestos en los que una persona tiene derecho a pedir protección internacional, considera que los inmigrantes no tienen en la práctica acceso efectivo a algunos de los derechos esenciales recogidos en la legislación de extranjería y de asilo española, como el derecho a asistencia efectiva de abogado e intérprete y el derecho a acceder a servicios de asistencia social o de ONG especializadas. Todos estos elementos hacen que resulte especialmente difícil identificar a los refugiados entre las personas que llegan a Tenerife”, asegura Itzíar Ruiz-Giménez, experta en Inmigración y Refugio de la Sección Española de Amnistía Internacional.
“Especialmente grave es que se vulnere un derecho fundamental de los extranjeros como es la asistencia letrada en los procesos de devolución. Hemos verificado que esta asistencia es una mera presencia legal, que no se celebraban entrevistas entre el abogado y su cliente previas a la audiencia ante el juez y que los extranjeros no disponían de ningún número de teléfono para poder contactar posteriormente a su abogado” afirma Itziar Ruiz-Giménez.
Como resultado de esta misión, Amnistía Internacional pide al gobierno español que: · Garantice que en las intercepciones en alta mar o en las costas de Marruecos, Mauritania y Senegal se asegura que las personas que huyen de violaciones de derechos humanos pueden pedir asilo y obtener protección y se ponen en marcha los medios adecuados para rescatar a las personas que estén en riesgo de naufragio.
· Habilite mecanismos adecuados para identificar a las personas que huyen de violaciones de derechos humanos y permitirles el acceso a un proceso de asilo justo y satisfactorio, de conformidad con la legislación internacional de refugiados.
· Asegure que todos los inmigrantes interceptados reciben información adecuada sobre sus derechos, su situación legal y los procesos en los que se encuentran, así como las consecuencias legales de los mismos. La información debe proporcionarse en el idioma que las personas puedan comprender.
· Garantice que todas las expulsiones a terceros países (de origen o tránsito) respetan el principio de no devolución de forma que no se envíe a nadie a un país donde pueda estar en riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos. Todo acuerdo de readmisión que firme España con países africanos debe contener garantías plenas de que la persona devuelta no va a sufrir violaciones de derechos humanos en ese país o en un tercer país donde pueda ser enviado, tiene acceso a un procedimiento de asilo justo y satisfactorio y a medios de subsistencia necesarios para mantener un adecuado estándar de vida digno.
· Se firme y ratifique la Convención de Naciones Unidas sobre la Protección de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias
Muertes en Melilla La organización de derechos humanos deplora la violencia a la que se enfrentan los inmigrantes en su intento de acceder a España. Las últimas muertes de tres personas en Melilla demuestran que detrás de las declaraciones políticas de buena fe y de preocupación humanitaria de los gobiernos implicados, aún prevalece el objetivo de mantener a los inmigrantes fuera de Europa a toda costa.
Tanto Marruecos como España deben poner en marcha investigaciones independientes y exhaustivas sobre estos hechos y asegurar que se toman las salvaguardas adecuadas para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad a cargo de combatir la inmigración ilegal. Hasta ahora, cuando el control migratorio ha supuesto efectivamente un uso excesivo de la fuerza y pérdida de vidas humanas, como ocurrió entre agosto y octubre de 2005 en las vallas de Ceuta y Melilla, estas investigaciones no se han producido. La organización denunció entonces el uso desproporcionado de fuerza y malos tratos (con el resultado de al menos 13 muertos y decenas de heridos) por parte de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes. También denunció cómo los funcionarios españoles encargados de cumplir la ley expulsaban sin formalidad alguna y de forma ilegal a inmigrantes y solicitantes de asilo, incluso a personas gravemente heridas que requerían asistencia médica.
