Londres.- Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades egipcias que garanticen que las familias de las personas que han sido víctimas de homicidio en las recientes manifestaciones contra el gobierno están protegidas de las intimidaciones y las represalias.
La organización ha hecho esta petición tras haber recibido informes según los cuales algunos miembros de las fuerzas de seguridad egipcias han intimidado a víctimas y a sus familias tras el derrocamiento del presidente Mubarak para impedir que pidan justicia y presenten denuncias por las acciones de las fuerzas de seguridad durante las protestas.
Amnistía Internacional documentó numerosos informes sobre comportamientos similares durante el gobierno del presidente Mubarak, cuando las autoridades egipcias apenas hacían nada para impedirlos.
“Las autoridades egipcias deben hacer ahora cuanto esté en su mano para proteger a las personas expuestas a sufrir represalias de las fuerzas de seguridad, así como a sus familias", ha manifestado Philip Luther, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Los egipcios han de saber que se van a investigar los informes sobre intimidaciones y se va a poner a disposición judicial a los responsables de la reciente violencia."
“Por consiguiente, Amnistía Internacional ha instado también a las autoridades egipcias a que tomen medidas especiales para ayudar a quienes busquen información con que determinar lo que ha sucedido y a quiénes se debe responsabilidad de ello.”
Unos familiares de Mohamed Mostafa Abdou El Sayed, universitario de 19 años muerto por disparos de las fuerzas de seguridad el 28 de enero, han contado a Amnistía Internacional que hace poco los abordaron a la puerta de su casa, en El Gomrok, barrio obrero de Alejandría, un agente de policía y varios matones.
El agente los presionó para que desistieran de pedir justicia y aceptaran, a cambio, una indemnización. Luego les dijo que volvería para seguir "negociando".
La familia había presentado una denuncia en la comisaría de policía de El Anfoushi y en la Fiscalía de Alejandría, acusando a los agentes de la comisaría de El Gomrok de haber matado a su hijo.
Quiere ver que se lleva ante la justicia a quienes dispararon contra Mohamed Mostafa, así como a quienes ordenaron a las fuerzas de seguridad utilizar munición real contra los manifestantes.
A pesar de las intimidaciones, la familia no ha cejado en su determinación de pedir justicia. Ha presentado una denuncia en la Fiscalía General, en El Cairo.
“La familia de Mohamed Mostafa Abdou El Sayed debe recibir justicia, no intimidaciones –ha afirmado Philip Luther–. Los egipcios están buscando una señal clara de las autoridades de El Cairo de que no deben temer ya las amenazas de las fuerzas de seguridad.”
Como Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Egipto está obligado a proporcionar a las víctimas de violaciones de derechos humanos acceso a la verdad, a la justicia y a una reparación adecuada, que incluya indemnización y garantías de no repetición.
“Si las autoridades egipcias son serias en sus promesas de reforma en materia de derechos humanos, deben poner fin de inmediato al régimen de temor de las fuerzas de seguridad –ha señalado Philip Luther–. Deben cumplirse las promesas de cambio y respetarse los derechos humanos para todos los egipcios.”
Información complementaria
El 28 de enero de 2011 se celebraron manifestaciones pacíficas multitudinarias en toda Alejandría, incluidas la zona de Caid Ibrahim y la plaza de El Mansheya, en el centro de la ciudad; la plaza de El Sa’ah, en la parte este, y El Agamy, en el oeste. En algunos casos, las manifestaciones degeneraron en enfrentamientos violentos entre los participantes y las fuerzas de seguridad, en general tras hacer éstas uso de la fuerza contra los manifestantes.
Una delegación de Amnistía Internacional que estuvo en Alejandría del 20 al 22 de febrero de 2011 realizando labores de investigación llegó a la conclusión de que las fuerzas de seguridad habían hecho uso excesivo de la fuerza y empleado a veces medios letales contra los manifestantes, incluso en situaciones en que éstos no representaban una amenaza inminente para la vida de los agentes ni de otras personas.
Las fuerzas de seguridad utilizaron cañones de agua, gas lacrimógeno, perdigones, balas de goma y munición real contra los manifestantes. Algunos de éstos recurrieron a la violencia y atacaron con piedras y, en contados casos, con cócteles molotov bienes públicos y privados asociados a la represión y la corrupción, como comisarías de policía y edificios de autoridades locales, así como a miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, las fuerzas de seguridad hicieron un uso desproporcionado de la fuerza y emplearon armas de fuego sin que fuera absolutamente necesario. Entre las personas muertas y heridas hubo también simples viandantes, gente que se encontraba en las inmediaciones de las manifestaciones y personas que estaban ayudando a los heridos. La gran mayoría de los muertos y heridos eran habitantes de barrios obreros.
Según fuentes médicas oficiales del mayor hospital de Alejandría y del depósito de cadáveres de la ciudad, al menos 54 personas murieron durante las manifestaciones celebradas allí. Amnistía Internacional cree que la cifra es superior a 80.
