Londres.- Las autoridades bahreiníes deben informar urgentemente sobre la situación jurídica y el paradero de más de 400 manifestantes detenidos en las últimas semanas, en su mayoría activistas chiíes de la oposición, ha dicho hoy Amnistía Internacional expresando su preocupación por la seguridad de los detenidos tras haberse denunciado la muerte de, al menos, tres personas bajo custodia.
Las fuerzas de seguridad detuvieron al destacado defensor de derechos humanos Abdulhadi Alkhawaja y a sus dos yernos durante un registro que tuvo lugar el pasado sábado en la casa de su hija, donde se encontraban. Abdulhadi fue agredido y se lo llevaron descalzo. Se le negó acceso a su medicación. Desde entonces no se han tenido noticias sobre su paraderoni el de sus yernos. Una de sus hijas ha iniciado una huelga de hambre para pedir que sus familiares sean puestos en libertad.
“Estas nuevas detenciones son muestra del creciente número de activistas de la oposición que están siendo encarcelados por su participación en las protestas que han conmocionado al país desde que la gente salió a las calles en febrero para exigir reformas”, ha declarado Malcolm Smart, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Nos preocupa cada vez más la seguridad de los detenidos, especialmente tras las denuncias de dos nuevas muertes bajo custodia el pasado sábado. Las autoridades de Bahréin deben informar inmediatamente sobre el paradero de las personas detenidas, permitirles acceso a sus abogados y familiares, y protegerlas frente a torturas u otros abusos.”
Si sumamos las dos muertes del sábado, ya son, al menos, tres las personas detenidas que, según informes, han muerto bajo custodia en extrañas circunstancias desde principios de mes.
De acuerdo con el ministro del Interior de Bahréin, el detenido Ali Isa Saqer, de 31 años, falleció en el hospital el 9 de abril después de que las fuerzas de seguridad intervinieran para evitar que el detenido provocase el “caos” en la cárcel.
Según informes, otros dos detenidos, Hassan Jassim Mohammed Makki, de 39, y Zakaria Rashid Al-Ashiri, de 40, murieron bajo custodia el 3 y el 9 de abril respectivamente. Las autoridades han atribuido ambas muertes a una enfermedad sanguínea hereditaria, la anemia drepanocítica.
“Las autoridades bahreiníes deben garantizar que se llevará a cabo una investigación independiente, inmediata, completa y exhaustiva de estas tres muertes”, ha manifestado Malcolm Smart.
“Resulta alarmante que se produzcan tantas muertes en un periodo de tiempo tan breve, cuando la gran mayoría de los detenidos están recluidos en dependencias secretas y no se puede tener acceso independiente a ellos.”
“Son las condiciones propicias para que se cometan torturas y otros graves abusos.”
Desde mediados de febrero y hasta mediados de marzo de 2011, Bahréin se vio sacudido por protestas populares inspiradas en las de Túnez y Egipto.
Los manifestantes, en su mayoría miembros de la comunidad musulmana mayoritaria chií, protestan porque afirman estar discriminados y marginados por la minoría musulmana suní, que gobierna el país.
Algunos de los manifestantes piden una nueva constitución, un gobierno elegido democráticamente y más libertades y oportunidades. Otros, incluidas muchas de las personas que se encuentran detenidas, abogan por instaurar una república que sustituya a la monarquía actual.
Los cuerpos de seguridad de Bahréin emplearon una fuerza brutal para sofocar las protestas de mediados de febrero, durante las que murieron siete manifestantes y cientos de personas resultaron heridas.
Tras una breve tregua, y después de que los manifestantes comenzasen a realizar marchas y sentadas en la plaza de la Perla y en el Financial Harbour, las fuerzas de seguridad lanzaron una brutal ofensiva a mediados de marzo en Manama, provocando enfrentamientos, nuevas muertes y heridos.
Poco antes de la nueva ofensiva, el rey había declarado el estado de excepción en el país y Arabia Saudí había enviado un millar de soldados a Bahréin para apoyar al gobierno.
Según informes, el lunes, el ministro del Interior anunció que 86 de las personas detenidas por las manifestaciones habían sido puestas en libertad tras realizarse los procedimientos judiciales correspondientes a cada una de ellas.
