Londres.- Dos mujeres permanecen bajo custodia tras su detención en Riad el domingo durante una protesta para reclamar que se someta a sus familiares a juicios justos, según contaron las fuentes a Amnistía Internacional.
Ayer se detuvo a unas 15 mujeres y 5 niños ante la sede del Ministerio del Interior. Estaban pidiendo juicios con las debidas garantías para sus familiares varones, que permanecen recluidos sin cargos, algunos desde hace 10 años.
Todas las mujeres menos dos quedaron en libertad, al parecer después de haber firmado declaraciones en las que se comprometían a no manifestarse de nuevo.
“Si se ha detenido a estas mujeres solamente por manifestarse en público, consideraremos que son presas de conciencia y pediremos su liberación inmediata e incondicional” aseguró Philip Luther, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“Las autoridades saudíes deben garantizar su protección frente a la tortura y otros malos tratos mientras permanecen bajo custodia, y permitir que tengan acceso regular a familiares y abogados así como a la asistencia médica que puedan necesitar.”
Las dos mujeres que continúan recluidas son Rima bint Abdul Rahman al Jareesh, que pertenece a la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos (ACPRA, por sus siglas en inglés), y Sharifa al Saqaabi. Ambas habían firmado peticiones de reforma en el país con anterioridad. Parece ser que Rima bint Abdul Rahman al Jareesh se ha negado a firmar la declaración de compromiso y a que su tutor varón (mahram) actúe como su fiador para conseguir su libertad.
Rima bint Abdul Rahman al Jareesh ya había sufrido reclusión por participar en una protesta parecida en julio de 2007 y había quedado en libertad a los tres días. Mohammed Salih al Bajadi, cofundador de ACPRA, estaba entre las decenas de personas detenidas tras otra protesta celebrada el 20 de marzo de 2011 para reclamar la liberación de presos políticos. Desde entonces permanece bajo custodia.
Desde el 11 de septiembre de 2001, las autoridades saudíes han detenido arbitrariamente a miles de personas, incluidas personas que habían criticado al gobierno por medios pacíficos y activistas de derechos humanos. Muchas continúan privadas de libertad sin cargos ni juicio.
La investigación de Amnistía Internacional ha demostrado que quienes critican al gobierno saudí se exponen a sufrir graves violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad, como reclusión sin cargos en régimen de incomunicación, privación de acceso a representación letrada o a los tribunales para impugnar la legalidad de la detención, y tortura y otros malos tratos dirigidos a obtener confesiones u obligarlos a “arrepentirse”.
“Arabia Saudí, como Estado Parte en la Convención contra la Tortura, debe poner fin al trato brutal infligido a las personas detenidas por atreverse a hablar en voz alta” manifestó Philip Luther.
“Deben dar a conocer los cargos contra todos los detenidos y éstos deben ser juzgados en procesos que se ajusten a las normas internacionales.”
